Читать книгу Balance y perspectivas de la Constitución española de 1978 - Группа авторов - Страница 30

No cabe hacer aquí un relato detallado de lo que ocurrió a partir de entonces. La posguerra fue, salvando las distancias, tan difícil en España como lo fue en los países que habían protagonizado el conflicto. Conservadores y liberales podían seguir sumando mayorías, pero estaban profundamente divididos en distintas facciones con sus respectivos líderes al frente, y la elaboración del «encasillado» resultaba cada vez más complicada, con más participantes en el reparto de escaños: republicanos y reformistas; regionalistas catalanes y nacionalistas vascos, que se incorporaron en 1918; socialistas que consiguieron superar su único escaño para colocar seis o siete diputados en las elecciones que siguieron. No sumaban más de una cuarta parte de la cámara, pero el funcionamiento del turno se dislocó y se repitieron elecciones en 1919, 1920 y 1923.

Los gobiernos no duraban: el «nacional» de Maura, al que se había incorporado Cambó como ministro de Fomento junto con todos los jefes de las facciones dinásticas, cayó al intentar aprobar unos presupuestos que venían prorrogándose desde hacía cuatro años. Cambó y la Lliga reemprendieron la batalla de un proyecto de estatuto de autonomía, que provocó la caída del Gobierno del liberal García Prieto y su sustitución por otro liberal, presidido esta vez por el conde de Romanones, que trató de encauzar el problema mientras se sucedían las reacciones anticatalanas en tierras castellanas. La intervención de Maura en el debate parlamentario provocó la retirada de los representantes catalanes en el Congreso, anunciada por Cambó en una carta al rey. Fue entonces cuando Cambó dijo aquello de «¿Monarquía? ¿República? ¡Catalunya!». A pesar de ello, Romanones formó una comisión extraparlamentaria que elaboró otro proyecto de estatuto, redactado por Maura e inaceptable para Cambó, que pidió la celebración de un plebiscito.

Aquel conflicto solo se disolvió como consecuencia de la radicalización del conflicto social en Cataluña, con el estallido de la violencia del pistolerismo sindical y patronal, que llevó a la Lliga a renunciar de momento a sus reclamaciones autonómicas. La guerra social en Cataluña, a la que se sumó el «trienio bolchevique» en Andalucía, se llevó por delante al Gobierno de Romanones y, tras aquellos gobiernos liberales, se produjo un giro hacia la opción conservadora, que, sin embargo, tampoco fue capaz de afianzar un Gobierno. Primero le tocó a Antonio Maura, que recibió el decreto de disolución de las Cortes, pero no consiguió en las elecciones la mayoría suficiente para mantenerse. Se sucedieron otros breves gobiernos conservadores, presididos por Joaquín Sánchez de Toca y Manuel Allendesalazar, para terminar en un tercero presidido por Eduardo Dato, que volvió a disolver las Cortes y a convocar elecciones. El líder conservador fue asesinado por tres pistoleros anarquistas el 8 de marzo de 1921.

El nuevo Gobierno conservador, presidido otra vez por Manuel Allendesalazar, tuvo que hacer frente al discurso del rey en el Casino de la Amistad de Córdoba el 23 de mayo, en el que, tras criticar las «maquinaciones y mezquindades políticas» y la sucesión de crisis que hacían imposible sacar adelante ningún proyecto, apeló a las «provincias» para un movimiento de apoyo a su rey, y afirmó: «Algunos dirán que me estoy saliendo de mis deberes constitucionales, pero llevo diecinueve años de rey constitucional y me he jugado la vida muchas veces para que me vengan ahora a coger en una falta constitucional». ¹³⁷

Cuatro días más tarde, en el Congreso, los socialistas Julián Besteiro e Indalecio Prieto criticaron el «desprecio» hacia el Parlamento en boca del rey. Pocas semanas más tarde llegaba la noticia del desastre militar en Annual, que llevó a la formación de un nuevo Gobierno de concentración, presidido con Maura, y se abrió el llamado expediente Picasso para dirimir las responsabilidades por lo sucedido. Las noticias que se desprendían de la posible exigencia de dichas responsabilidades terminaron con el Gobierno en ocho meses, siendo sustituido por un nuevo Gobierno conservador, presidido esta vez por José Sánchez Guerra.

Alfonso XIII volvió a hablar en público, esta vez en Barcelona, aunque ahora lo hizo en respuesta al desafío de las Juntas de Defensa, convertidas en «comisiones informativas». El rey las llamó a la disciplina militar, recordándoles el juramento que habían hecho ante su rey, al igual que él había jurado ante las Cortes el cumplimiento de las leyes y de la Constitución. A su vuelta a Madrid, fue recibido multitudinariamente con gritos de «¡Viva el rey valiente!», lo que no impidió un nuevo debate en el Congreso, donde diputados independientes, como Augusto Barcia o el propio Melquiades Álvarez, criticaron la intervención del rey que, en su opinión, excedía de sus atribuciones constitucionales, invadiendo competencias del Gobierno. El republicano Alejandro Lerroux aprovechó para señalar que la intromisión del poder moderador abundaba en el descrédito de los políticos. Sin embargo, el presidente del Gobierno, el conservador Sánchez Guerra, zanjó la discusión afirmando que el Gobierno coincidía con el rey, y que también lo había demostrado la opinión pública; de no haber sido así, él habría dimitido. Lo cierto es que Sánchez Guerra, además de conseguir un reagrupamiento de las distintas facciones conservadoras, había puesto todo su empeño en la afirmación del poder civil frente a las juntas militares, que, finalmente, consiguió disolver. Fueron sus dos grandes empeños.¹³⁸

El desastre de Annual y el debate sobre el llamado expediente Picasso tensaron las relaciones entre las distintas fuerzas políticas, y entre el poder militar y el poder civil. El 5 de diciembre de 1922 tuvo lugar una de las escenas más escandalosas de la historia parlamentaria, con diputados de uno y otro signo puestos en pie, amenazantes. El fondo de la discusión giraba en torno a las atribuciones del Congreso y del Senado en la exigencia de unas responsabilidades que apuntaban a algunos militares, pero también a ministros y Gobiernos en aquella fecha y, tal y como se traslucía en intervenciones del diputado socialista, Indalecio Prieto, al propio rey. Hubo que apagar la luz para desalojar el hemiciclo, y provocó la dimisión de Sánchez Guerra, que aconsejó a Alfonso XIII el nombramiento de un Gobierno liberal, que resultó ser de concentración, presidido por García Prieto y con la incorporación del partido reformista, que desde 1918 había incorporado la reforma de la Constitución a su programa. También en el lado liberal se adivinaba un reagrupamiento de facciones, a las que se sumaban ahora los reformistas.

Aquel parlamento era otra cosa desde el final de la Gran Guerra. Aunque los graves conflictos y la fragmentación del sistema de partidos parecían haberlo sumido en el caos y la ineficiencia, lo cierto es que también debe señalarse su protagonismo creciente. En 1918 se había llevado a cabo una reforma del reglamento que, en respuesta a la nueva realidad política y a la creciente complejidad de los asuntos públicos, reguló la formación de las comisiones permanentes, amén de introducir la «guillotina» para evitar las obstrucciones. Quizás una reforma de ese tipo sonaba a poco, frente a la «autentificación» de la soberanía nacional de la que se había hablado en la Asamblea de Parlamentarios, pero no dejaba de tener su relevancia. También hubo propuestas de reforma electoral. La fiebre de la proporcionalidad en las nuevas leyes electorales de posguerra en distintos países tuvo su eco en España en 1919 con una proposición de liberales, reformistas, radicales y socialistas, acogida favorablemente por el ministro de Gobernación, el conservador Burgos y Mazo, paralizada por la crisis de aquel Gobierno. Volvió a ocurrir lo mismo cuando volvió a plantearse en 1921.