Читать книгу Derecho fundamental a la salud: ¿Nuevos escenarios? - Hernando Torres Corredor - Страница 14

Como se afirmó, el alto número de tutelas que interponen los colombianos es una muestra de muchos obstáculos que sigue afrontando la prestación rutinaria del servicio público de salud.

Solo para citar un ejemplo, hoy el sistema se enfrenta a uno de sus más difíciles escenarios. Los hospitales, es decir aquellos que soportan una parte trascendental de la prestación de los servicios, han denunciado que no cuentan con los recursos necesarios para cumplir con su misión, en la medida en que diferentes agentes públicos y privados les deben más de cinco billones de pesos.

Sumado a las quejas acerca de las maniobras que han adoptado algunas de las entidades para evitar el pago de estas deudas, los representantes de las clínicas se quejan de un trato desigual por parte de las entidades de control, que las vienen obligando a ser intervenidas, fusionarse o liquidarse, sin que asuman posturas decisivas y acertadas sobre las causas de la falta de recursos.

A pesar de ello, no se puede desconocer la existencia de acciones legales y sustantivas para intentar mejorar el funcionamiento del sistema. Por ejemplo, para establecer canales que mejoren el flujo de recursos hacia los hospitales, la Sala Especial de Seguimiento efectuó una sesión técnica con el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y dos asociaciones representantes de los hospitales y clínicas del país, el pasado 20 y 27 de agosto de 2015.

Para enfrentar la crisis de flujo de recursos, el gobierno informó entre otras medidas, que en los últimos tres años se han invertido $1,2 billones en la compra de cartera y desde 2011, 26 billones de pesos se han ejecutado en virtud del giro directo establecido en el artículo 29 de la Ley 1438 de 20116.

Asimismo, relacionó varios esfuerzos que se están adelantando para definir la cartera real, mejorar los procesos de facturación y ejecutar las conciliaciones ante la Superintendencia. Por último, llamó la atención sobre la expedición de varias normas que establezcan y sancionen las malas prácticas de los operadores, de manera que se mejoren los parámetros de gerencia o gobernanza en el sistema.

Esas actuaciones no podrán apreciarse en su dimensión real si no logran impactar las dinámicas básicas del servicio público, y si no tienen la capacidad de beneficiar a todas las personas. Sería funesto que los hospitales y las clínicas que se encuentran en crisis tuvieran que cerrar sus puertas. Sin duda, problemáticas como esta, las que soportan los chocoanos y chocoanas, así como las que afrontan los miles de ciudadanos que interponen la acción de tutela cada año, afectan negativamente todos los elementos del derecho fundamental, o en otras palabras, tienen el poder de desvirtuar los patrones normativos creados por el legislativo.

Los problemas estructurales del servicio, que en muchos aspectos exceden la competencia de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, la existencia de mecanismos administrativos, así como de vigilancia y control ineficientes, la corrupción y la existencia de una normatividad excesiva e inoperante, han llevado a que el sistema de salud sea ineficaz en varias situaciones en detrimento del goce efectivo del derecho a la salud, lo que ha generado su alta judicialización. Como lo han mostrado algunas actuaciones del seguimiento, las soluciones solo serán viables si parten de la acción coordinada y decidida de todas las autoridades públicas, y si se definen con claridad y se acatan con diligencia las obligaciones de cada eslabón de la prestación del servicio.