Читать книгу La perestroika de Felipe VI - Jaime Miquel - Страница 8

Faltaba un año para que la guerra terminase cuando Franco promulgó la Ley de la Administración Central del Estado. Esa fue la primera pieza de su nueva España. También eligió gobierno el 30 de enero de 1938 que se ocupó de implantar el Fuero del Trabajo, la primera de las leyes fundamentales del reino. Su preámbulo sería la carta fundacional del régimen.

Renovando la Tradición Católica, de justicia social y alto sentido humano que informó la legislación del Imperio, el Estado, Nacional en cuanto es instrumento totalitario al servicio de la integridad patria, y Sindicalista en cuanto representa una reacción contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista, emprende la tarea de realizar —con aire militar, constructivo y gravemente religioso— la Revolución que España tiene pendiente y que ha de devolver a los españoles, de una vez para siempre, la Patria, el Pan y la Justicia.

Este preámbulo del Fuero del Trabajo estableció un poder militar y católico que estaría destinado a restituir en la historia y en las personas el orgullo de una España uninacional, imperial y autosuficiente, con la pureza de unos valores patrios singulares o distintos del marxismo y del capitalismo. Esos valores han perdurado como idea central de la identidad española hasta el final del siglo XX y aún subsisten en las personas de mayor edad de nuestra sociedad, pero también en la forma en que ejerce el poder representativo la clase política convencional de nuestros días.

Franco no había inventado nada. En realidad, el ideólogo o el inspirador de aquella revolución era el falangista José Antonio Primo de Rivera, que expresaba así su esencia en el cine Madrid el 19 de mayo de 1935:

La propiedad feudal era mucho mejor que la propiedad capitalista y que los obreros están peor que los esclavos. La propiedad feudal imponía al señor —al tiempo que le daba derechos—una serie de cargas; tenía que atender la defensa y aun la manutención de sus súbditos.

Ese pensamiento es, al mismo tiempo y objetivamente, predemocrático y precapitalista. Casi un año más tarde, el 2 de febrero de 1936 decía lo siguiente en el cine Europa de Madrid:

¿Es que España y la civilización occidental son cosas tan frágiles que necesiten cada dos años el parche sucio de la papeleta del sufragio? Es ya mucha broma esta. Para salvar la continuidad de esta España melancólica, alicorta, triste, que cada dos años necesita un remedio de urgencia, que no cuenten con nosotros. Por eso estamos solos, porque vemos que hay que hacer otra España, una España que se escape de la tenaza entre el rencor y el miedo por la única escapada alta y decente, por arriba, y de ahí por dónde nuestro grito de «¡Arriba España!» resulta ahora más profético que nunca. Por arriba queremos que se escape una España que dé enteras, otra vez, a su pueblo las tres cosas que pregonamos en nuestro grito: la Patria, el Pan y la Justicia.

José Antonio se estaba quejando de la convocatoria electoral del 16 de febrero de 1936 que ganó el Frente Popular. No tardaría en venirse arriba con sus quejas y terminar llamando a la rebelión. En ese éxtasis, pronunció las tres necesidades que cierran la carta fundacional del régimen y preámbulo del Fuero del Trabajo del 9 de marzo de 1938: «la Patria, el Pan y la Justicia». La propuesta de Franco fue volver a la España imperial, autosuficiente, obligatoriamente castellana y unidad de destino en lo universal. En aquellos años, las ideas del Caudillo coincidían con las de Benito Mussolini y Adolf Hitler, con la diferencia de que el fascismo y el nacionalsocialismo lideraron a las masas en Italia y en Alemania (ellos sabrán cómo encaja eso en su historia), mientras que el nacionalcatolicismo se había instalado en España a cañonazos. Era una diferencia sustancial que se reflejaba en la Ley de Responsabilidades Políticas, promulgada el 9 de febrero de 1939 que formalizó el sometimiento de la sociedad civil al nuevo orden castrense y gravemente religioso.

Artículo 1.º Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, que desde primero de octubre de mil novecientos treinta y cuatro y antes de dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España y de aquellas otras que, a partir de la segunda de dichas fechas, se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave.

El siguiente artículo de esta ley perseguía expresamente a las organizaciones políticas del Frente Popular y otras que concurrieron en las elecciones generales del año 1936.

Artículo 2.º Como consecuencia de la anterior declaración y ratificándose lo dispuesto en el artículo 1.º del Decreto número ciento ocho, de fecha trece de septiembre de mil novecientos treinta y seis, quedan fuera de la Ley todos los partidos y agrupaciones políticas y sociales que, desde la convocatoria de las elecciones celebradas en dieciséis de febrero de mil novecientos treinta y seis, han integrado el llamado Frente Popular, así como los partidos y agrupaciones aliados y adheridos a este por el solo hecho de serlo, las organizaciones separatistas y todas aquellas que se hayan opuesto al triunfo del Movimiento Nacional.

Aquello significaba la persecución hasta la eliminación total de cualquier oposición a la dictadura y de cualquier pensamiento distinto del nuevo Movimiento Nacional. España era uninacional y los nacionalistas vascos y catalanes habían dejado de existir. Entre 1937 y el día 1 de abril de 1939, había emigrado de España una cifra incierta de personas que podría rondar el medio millón. Los menos se tiraron al monte y otros se escondieron.

Al terminar la guerra en 1939, los recursos demográficos eran escasos, la natalidad se había interrumpido y los muertos de la contienda junto a los emigrados en edad de procrear habían dejado un vacío demográfico indirecto insalvable: el de los nacimientos imposibles por no existir padres. Eran 26 millones de personas cuando la dictadura establecida en España inició un camino autárquico y ajeno a la legalidad internacional, con políticas poblacionales estrictas que obstaculizaron la emigración al exterior hasta 1946.

Durante los primeros años de la dictadura fueron encarceladas y fusiladas miles de personas en España. Entre ellos, estaba el presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys, que fue capturado por los nazis en Francia, entregado a la policía española y fusilado el 15 de octubre de 1940. En el mes de diciembre de 1946 la Asamblea General de la ONU se pronunció en contra de la admisión de España por su alineación profascista durante la guerra. Alemania había perdido la suya y Franco se había quedado aislado del mundo con su nacionalcatolicismo. Un nacionalcatolicismo, por cierto, que no debía ser muy católico porque tuvieron que pasar catorce años para que el Vaticano reconociera la España de Franco. Lo hizo con poco entusiasmo y por razones geopolíticas en 1953 junto al acuerdo que permitiría la presencia militar de Estados Unidos en territorio español y algunos créditos estadounidenses; el régimen franquista estaba consolidado y, como tal, era un aliado frente a la URSS.

La autosuficiencia económica pretendida por Franco había fracasado con anterioridad al ingreso de España en la ONU en el año 1955. Por entonces, España y Portugal eran los países más pobres de Europa, por lo que el objetivo de la autarquía y la organización de la sociedad bajo la dirección del Estado y de la Iglesia habían fracasado. El régimen se resistía a cambiar una legislación donde la nacionalidad española tenía que ser mayoritaria en la propiedad y el control de las empresas y los capitales para declararse finalmente la bancarrota de las cuentas públicas en 1958. La población, menos de 32 millones de personas, sufría la miseria en un país que no podía progresar, aislado del mundo por mucho palmarés imperial que exhibiera.

Estos ciudadanos más viejos evolucionaron en unas condiciones de precariedad extrema, vivieron la persecución y el aislamiento internacional para forjar hábitos y valores distintos y propios de la austeridad o muy materialistas. La España uninacional, católica y precapitalista de Franco seguía sin pintar nada en el concierto internacional, pero su dictadura había creado una sociedad temerosa, alejada del poder, sumisa y clientelar, características que han perdurado en el tiempo hasta nuestros días.

El plan de estabilización de 1959 significó la entrada de capital y el know-how extranjeros iniciándose lo que conocemos como el desarrollismo de los sesenta. En paralelo, la sociedad tomaba contacto con el exterior mediante la emigración y la llegada de turistas a España. El éxito de la economía española durante la década de 1960 consolidó la aceptación del régimen por parte de la mayoría social, ya que las personas pudieron satisfacer sus necesidades materiales más básicas. El desarrollismo de los sesenta no fue más que la normalización o internacionalización de la economía española que siguió al cambio de la legislación. No se produjo más milagro que la claudicación de los planteamientos autárquicos del régimen o, dicho de otro modo, el final del anticapitalismo de Franco. De todos modos, el dictador había vendido lo principal de su ideología.

Aquella convención mediante la cual las potencias occidentales reconocieron la dictadura de Franco demostró a las personas lo que era la legalidad internacional. Las potencias occidentales dejaron España en manos de un dictador por razones geopolíticas, lo cual decepcionó profundamente a muchos de los contrarios más veteranos. La aceptación internacional de esta realidad española generó el vocablo dictablanda, que se empleaba para justificar esta segunda etapa del franquismo y diferenciarla de la primera, a pesar de que todo el mundo sabe que hasta el rabo todo es toro. Sin embargo, la gente corriente necesita un mundo en el que poder vivir, desarrollarse, sonreír, creer, querer, en el que poder ser. En eso se convirtió la vida cotidiana; en eso consistió la aceptación de lo que había y lo que tenía que venir.

Durante esa década se produjo el baby boom —la cohorte más numerosa de la historia de la demografía española—, la economía creció y con ella el tamaño de las familias. La emigración del campo a la ciudad creó nuevas clases urbanas de origen rural que ocuparon espacios segregados en las ciudades, barrios obreros que había que construir para los nuevos trabajadores industriales y de servicios. En la sociedad se buscaba la normalidad como meta, una normalidad que marcaban los alemanes o los franceses que nos visitaban: queríamos ser europeos.

Los cambios se sucedían rápidamente. En 1970 la población era de 34 millones de personas de las que el 63% no habían cumplido aún los cuarenta y dos años y en España no había extranjeros. Un poco antes, en 1968, apareció ETA, que mató y avivó el recuerdo de la guerra. Ese mismo año Adolfo Suárez González fue nombrado gobernador civil de Segovia. El 22 de julio de 1969 Franco formalizó su sucesión en quien fue el rey Juan Carlos. Un día antes, el hombre había pisado la Luna, algo que no parece casual y en ese caso fue excéntrico. Al día siguiente estalló el caso Matesa, el primer gran escándalo de corrupción política en España con tres ministros implicados e indultados por Franco. Esta cultura política del amo y su favor, de origen feudal, la mantuvo viva Franco y perdura hasta nuestros días. La trama del caso Matesa se urdió con fondos del Banco de Crédito Industrial para la instalación de maquinaria textil que se exportaba pero no se vendía, por lo que no se instalaba. El empresario Juan Vilá Reyes fue condenado a más de doscientos años de cárcel y casi 10.000 millones de pesetas en indemnizaciones. Fue indultado por el rey Juan Carlos en el año 1975.

En 1970 se celebró el llamado Proceso de Burgos, un juicio sumarísimo contra dieciséis miembros de ETA, con varias condenas a muerte que no terminaron en fusilamientos por una protesta interna que incluía a la Iglesia y por la presión internacional. Casi cuatro mil personas fueron detenidas por aquella policía de Franco en el País Vasco durante los dos años anteriores para conseguir detener a los dieciséis encausados: vivíamos en una dictadura.

El 20 de diciembre de 1973 ETA mató al presidente del gobierno Luis Carrero Blanco. Al año siguiente, se produjo la Revolución de los Claveles en Portugal, que vivimos en España como algo imposible por la naturaleza de nuestro ejército. Ese mismo año estalló el caso Sofico, una estafa inmobiliaria de envergadura que fue uno de los mayores escándalos económicos de la dictadura. En 1975 la justicia castrense condenó a muerte y ejecutó a cinco personas. Franco, anciano, murió pocos meses después. Llegaba el final del período de la historia que conocemos como franquismo, cuarenta años que determinaron las vivencias de tres de nuestras cuatro generaciones actuales.