Читать книгу Estructura formal y no formal de la interacción transfronteriza de población, bienes y recursos naturales en la frontera México-Guatemala - Jorge Enrique Horbath Corredor - Страница 24

El sector público está conformado por todas las instancias administrativas, por medio de las cuales, el gobierno hace cumplir sus leyes y disposiciones. De acuerdo con Thompson (2006), la oferta de servicios inherentes al sector público está integrada por las instituciones del Estado que brindan diversos servicios mediante el parlamento, las agencias públicas de empleo, servicios militares, policías y bomberos, correos, escuelas, universidades, hospitales públicos, instituciones reguladoras, defensorías públicas, entre otras. Por ello, la demanda de estos servicios está conformada, principalmente, por la población.

Dentro del mercado, el gobierno juega un papel muy importante en la interacción con los demás agentes de la economía. En primer lugar, es el encargado de regular las actividades comerciales, determinar las actividades licitas y cumplir con las demandas de la población. Asimismo, es el responsable de captar impuestos para redistribuirlos, en forma de bienes, transferencias y subvenciones, tales como la salud, seguridad, infraestructuras, carreteras, educación, vivienda, electricidad, agua potable, entre muchos otros.

El sector público presente en la zona fronteriza se relaciona per sé con los flujos migratorios. Sobre todo en aquellos casos en los que el país A es un país más desarrollado que el país B, los usuarios del sector público aumentan en función a la demanda de mejores servicios que en sus países de origen no disponen. Ante esto, es indispensable la presencia del gobierno en sus tres niveles para proporcionar bienes, transferencias y subvenciones en favor de la población.

La manera en que el gobierno interactúa en el mercado está descrita por la relación de los agentes en dicho mercado. El gobierno se relaciona con las familias, en la medida que éstos le ofrecen factores productivos, tales como mano de obra y se relaciona, al mismo tiempo, con las empresas a través de la adquisición de bienes y servicios necesarios para su funcionamiento. Los flujos de bienes y servicios de la economía real se mueven en sentido contrario al flujo de valores. Esto posibilita que el gobierno absorba los impuestos y distribuya beneficios a la población.

A nivel local, tratándose de los municipios, la Constitución establece en su artículo 115 que “tendrán a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos: agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamientos y disposición de sus aguas residuales; alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados, centrales de abasto; panteones; rastro; calles, parques, jardines y su equipamiento; seguridad pública”. Asimismo, de acuerdo al artículo 21, entre sus funciones y servicios se contempla la policía preventiva municipal y policía de tránsito. Los demás servicios serán determinados por las legislaturas locales, según las condiciones territoriales y socio-económicas de los municipios mediante su capacidad administrativa y financiera (Cámara de Diputados, 2017).

De acuerdo con lo anterior, son los municipios quienes se encargan de los servicios públicos de limpieza general de la ciudad, y son quienes articulan los mercados y definen (a través del Plan de Desarrollo Urbano –PDU–) las actividades económicas que pueden ser llevadas a cabo en todo el municipio.

Sin embargo, en lo que respecta a la seguridad, responsabilidad del sector público, las personas migrantes se enfrentan a numerosos peligros, especialmente cuando el país es utilizado únicamente como tránsito. Claro ejemplo es el caso del tren conocido como “la Bestia” en el cual las personas sufren accidentes, extorsiones, asaltos, secuestros y, algunas veces, muertes (Carrasco, 2013, p. 176-177). Estos abusos son realizados por parte de grupos delictivos y –muchas veces– por los funcionarios públicos quienes, aprovechándose de las necesidades económicas de los migrantes indocumentados, han cometido ciertos abusos (Ibídem, p. 182).

Lo mismo sucede en el caso de la sanidad. La legislación establece que los puestos de salud deben contar con los insumos básicos de medicamentos y equipos para la atención hospitalaria, sin embargo, la falta de recursos e inversiones convierten a esto en una utopía.