Читать книгу Estructura formal y no formal de la interacción transfronteriza de población, bienes y recursos naturales en la frontera México-Guatemala - Jorge Enrique Horbath Corredor - Страница 29

El concepto “informalidad” aparece en la literatura en 1971 creado por Keith Hart a partir de un estudio en Ghana sobre la ocupación urbana, donde se utiliza la definición de oportunidades informales de ingreso (INEGI, 2004; STPS, 1993 y STPS, 1994), se señala a lo que es “formal” con lo que se conoce como “empleo asalariado” y se expresa como a lo “informal” con las actividades desempeñadas como empleo por cuenta propia (Hart, 1972). En esas circunstancias, Hart estaba delimitando más al Sector Informal, conocido actualmente como un subconjunto de la Economía Informal. Por lo cual, dicho concepto pretende integrar aquellos modos de producción y empleo cuya lógica de funcionamiento provenía de los hogares como base original (INEGI, 2014, p. 3).

Años más tarde las revisiones desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los aportes de la comunidad internacional permitieron diferenciar conceptos más finos como diferenciar el empleo informal del propio sector informal (Hussmanns, 2004), por lo que la informalización laboral define al trabajo cuyas relaciones no son convencionales, asociadas a precariedad e irregularidad que no permite ser fácilmente identificadas desde un enfoque de establecimientos productivos. Sin embargo, pese a que el empleo informal contiene una amplia diversidad de condiciones de empleo, se caracterizan en relaciones contractuales informales con alta vulnerabilidad para los trabajadores (OIT, 2013; Portes, 1995). Desde ese aspecto la teoría económica ha realizado contribuciones substanciales para comprender los orígenes y las dinámicas que se dan sobre la informalidad (Azuma y Grossman, 2002; Portes y Haller, 2004; Cervantes, et al., 2008; Loayza y Sugawara 2009).

La absorción de mano de obra migrante desde Guatemala a los municipios de la frontera sur de México, acompaña un proceso similar al de migración rural-urbana, así como el lento crecimiento del sector industrial durante el proceso de modernización (Tokman, 1995), siendo una transición de lo rural a lo urbano, ya señalado en la teoría dualista de la economía. La llegada a los espacios principalmente urbanos establece la integración al empleo informal constituido por ingresos no vinculados a lo que significa un trabajo formal, aportaciones a los recursos de la familia o una forma de mantenerse activo y no desempleado (Rodarte, 2003). De allí que en la RTMG las estructuras productivas quedan compuestas por unidades informales y fuerza de trabajo vinculados a una dinámica informal que, como refieren Cota y Navarro (2015) para unos puede ser por elección o no, mientras que para otros por elección inducida.

De esta manera, muchos estudios dan cuenta de la importancia y vinculación de la informalidad con la estructura productiva y las características del mercado de trabajo (Tokman, 2001, Galli y Kucera, 2004; Fields, 2008; Brandt, 2011; Di Giannatale et al., 2016; Dougherty y Escobar, 2013; Farazi, 2014; La Porta y Shleifer, 2014; Samaniego, 2014).

En este sector informal se vinculan jóvenes, trabajadores sin experiencia y mujeres (Freije, 2001; Jacinto, 2006; Van Ham y Büchel, 2006), y los establecimientos informales se clasificaban en dos tipos, las empresas informales de personas que trabajan por cuenta propia y aquellas con empleadores informales (Trejo, 2003; Rodarte, 2003). Esto muestra a la franja de informalidad como un fenómeno urbano con características de flexibilidad de ingreso tanto para organizarse, capacidades y capital, basada generalmente en vínculos familiares de pequeña escala, con intensificación de la fuerza de trabajo, bajo uso y acceso a la parte tecnológica, con baja regulación local (Portes y Haller, 2004). De esta manera estos establecimientos de la estructura informal realmente son los individuos en sí como base del capitalismo, más allá de ser percibidos como entes sociales, son factores productivos (Horowitz, 1990; Tokman, 1994), que le dan dinamismo a la estructura productiva de la RTMG.

En efecto, la ausencia de inversión de capital en fronteras precarias como la frontera sur de México con Guatemala y el flujo migratorio con procesos de llegada y radicación de población migrante en las localidades mexicanas de la RTMG, no se acompaña con gran capital que estimule a la instalación de empresas formales de manera masiva y por el contrario la masificación es la conformación de unidades productivas de pequeño tamaño y cuya especialidad se basa en las carencia de la frontera que son principalmente en el acceso de suministros pero con alta flexibilidad, como base de lo que se conoce como “especialización flexible” (González, 2005; OIT, 2005), cuyo objetivo es la supresión de normatividad proteccionista a la fuerza de trabajo para disminuir las prestaciones sociales y demás costos laborales pero que aviva y reproduce los márgenes de pobreza y estimula la marginación (Horbath, 2003).

Esta incorporación a los establecimientos productivos informales no es homogéneo en toda la RTMG, debido a la segmentación no solamente laboral sino espacial que hay en el discurrir de la línea fronteriza, así como también desde lo regional que hace de la franja sur del país una zona polarizada en desarrollo respecto a otras zonas del país como la región central, el bajío y la frontera norte, producto de una globalización que genera desigualdad regional (Ochoa, 2004; Huesca, 2005) y que favorece aquellos canales de las franjas migratorias que apuntan y conectan los flujos de personas, bienes y recursos naturales, dirigidos al paso del norte, del otro lado del río Bravo.

Pese a que Maloney (2004), negara la existencia de segmentación laboral en México como condición necesaria para que lleguen al sector informal y referir que los propios trabajadores se desplazan a él por ser más seductor, lo que ocurre en la RTMG es que la estructura productiva no ofrece mayores y mejores nichos de vinculación para esta fuerza de trabajo. Esta segmentación favorece la incorporación a mercados precarios, pero mejor estructurados en la informalidad dentro de ámbitos urbanos, que se encuentran en la región cercana a localidades del Pacífico mexicano, mucho más que aquellas localidades de la franja cercana a la Península de Yucatán y del Caribe.

Guillermo & Angulo (2016) nos muestran los muchos sinónimos que se usan en la literatura especializada sobre el término de informalidad, entre los que sobresalen economía escondida, economía sombra, economía paralela, sector no estructurado, economía subterránea, economía ilegal y hasta mercado negro. Por lo que habilitan una nueva definición sobre economía informal como “toda actividad en la cual se utiliza al menos un insumo al que no se le retribuye o bien se le retribuye menos de lo que, dada sus cualidades, ofrece el mercado” (Guillermo & Angulo, 2016). En ese sentido, el INEGI señala como los hogares participan ampliamente en la prestación de servicios con baja o nula inversión de capital y beneficios inmediatos, como el caso del comercio al por menor, venta ambulante, transporte de carga y pasajeros por taxis y otros medios, servicios de reparaciones, servicio doméstico, sexo servicio y otros (INEGI, 2005 pág.5), mostrando su evolución en cuanto a la medición de la informalidad con mejores conceptos y mayor refinamiento en instrumentos (INEGI, 2011; Negrete, 2010). De esta forma, los estudios y mediciones toman desde la perspectiva laboral la inscripción de los trabajadores en los sistemas de seguridad social, mientras que desde la perspectiva de las unidades productivas se identifican por el registro en el sistema fiscal y hacendario.

Para tener una noción, y poder tejer las relaciones entre las instituciones de gobierno y las estructuras informales, es importante conocer el concepto de éstas últimas.

Navarrete (2016) hace mención a que, desde el enfoque de la sociología y los estudios sobre la gobernanza, el capital social y la gestión, las instituciones informales son vistas como las redes sociales y las comunidades establecidas en la confianza. High (2005) habla sobre las expresiones positivas de lo informal, las cuales pueden abordarse desde un panorama conceptual formado por las comunidades y las redes, es decir, los patrones sociales comunes en las organizaciones. (p. 293)

Se conocen como instituciones informales a distintos aspectos, como bromear, según Peltier (2007); la corrupción, clientelismo y patrimonialismo, Erdmann y Engel (2006); el caciquismo, Knight y Pansters (2005), Middlebrook (2009); los acuerdos políticos y pactos de caballeros entre caciques, Barrer (2014); o el capital social y la cultura política, Helmke y Levitsky (2004), Stacey (2007) (Navarrete, 2016, p. 296).

En lo que respecta a la actividad económica informal, ésta se presenta en diferentes connotaciones: irregular o cuasi-legal (ilegal por evadir impuestos y otras leyes), más que criminal; oculta, que es la representación criminal de la informalidad, como el robo, malversación, venta de bienes robados, etc.; no oficial, que funciona dentro de lo oficial legítimo a cambio de favores y privilegios como medio de intercambio; y social, que su rama está fuera de lo formal y recurre al trueque como medio de intercambio (Henry y Sills, 2006) (Navarrete, 2016, p. 295).

El mismo autor analiza el comercio informal dentro de la economía informal, definiéndolo como procesos de adaptación a lo social, más que a necesidades económicas. Por ello, en relación a lo formal e informal, con sus aspectos alentadores y destructores, se deriva el desempeño económico (2016, p. 295). Portes y Haller (2004), por su parte, definen al sector informal como “las acciones de los agentes económicos que no adhieren a las normas institucionales establecidas o a los que se niega su protección” (Feige, 1990, pág. 990) o que bien incluyen “todas las actividades generadoras de ingresos no reguladas por el Estado en entornos sociales en que sí están reguladas actividades similares” (Castells y Portes, 1989, pág. 12). (p. 10)

Aunado al estudio de las estructuras informales, se ligan los conceptos de delincuencia y corrupción, situados en un estadio de nación transfronteriza, con sus crisis y contextos propios. Heredia y Durand (2018) del Centro Geo, en uno de los estudios más recientes en el que han documentado la movilidad en la región transfronteriza México-Guatemala, señalan cuatro etapas en los últimos cuarenta años: exilio político de los oponentes a la dictadura en la década de 1970, refugiados del conflicto armado en la de 1980, migración económica en los noventa, refugiados ambientales después del huracán Mitch al final del siglo XX y actualmente, dicen estos expertos:

La primera década del siglo XXI se caracteriza por la consolidación de la democracia formal en Centroamérica, incluso por la alternancia. A los avatares de la política con gobiernos democráticos pero acotados y vulnerables, le corresponde un tipo de violencia sistémica que penetra en todos los sectores de la sociedad y que se sustenta en la impunidad y en la debilidad institucional. (Heredia y Durand 2018, p. 6-7)

La debilidad institucional está directamente asociada al orden negociado y puede generar inercias políticas basadas en acuerdos de fuerzas locales y regionales que den estabilidad y cierta certidumbre o, por el contrario, generar condiciones para que distintas expresiones de delincuencia organizada dominen a la sociedad, lo que desafortunadamente ya está pasando. Retomando a Rojas:

Argumentar la existencia de un orden negociado para que circulen las mercancías por la frontera implica descartar, desde un principio, la idea de que el sistema de estado es una entidad racional, cuyos lineamientos políticos y acciones produce empíricamente el orden deseado. Lo que se manifiesta en el contexto fronterizo mirándolo desde su dinámica mercantil sugiere que el orden con mayor relevancia se construye como un producto de una negociación política, cuyos acuerdos se basan en establecer el grado de tolerancia. (Rojas, 2014, p. 167-168)

En la estructura informal, el papel del Estado es de suma transcendencia para lograr un mayor equilibrio entre lo formal y lo informal, visualizándolo como el parteaguas de lo que está bien y lo que está mal, estableciendo que las actividades que se realicen se desenvuelvan conforme a la ley y los principios que le exigen.

Esto se ve reflejado a la región transfronteriza en donde el Estado, y las autoridades, son las encargadas de vigilar y hacer cumplir con los lineamientos y mandatos que les exigen su administración y sus cargos, teniendo un mayor control en el cruce de personas, bienes y servicios dentro del territorio de la frontera y obstaculizando su entrada y salida. El Estado, a través de diversas restricciones busca evitar que estas actividades se ejerzan de manera informal, acompañando su desarrollo de una manera formal. Sin embargo, en la realidad, en la frontera continúa realizándose la compra de bienes y servicios de manera informal, sin que exista una limitación por parte de las autoridades.