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II. TEORÍA INSTITUCIONAL Y DIMENSIÓN REGULADORA

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Para evaluar la influencia del entorno institucional en la creación de empresas y partiendo de la premisa de que ésta tiene su origen en agentes muy diferentes tales como autoridades públicas, agentes de negocio o la propia comunidad (NORTH, 1990), autores como SCOTT (1995) o BUSENITZ (2000), clasifican en tres las dimensiones del entorno institucional. La dimensión cognitiva, relacionada con el conocimiento y las habilidades que poseen los habitantes de un país, la dimensión normativa, que representa el grado en el que los residentes de un país tienen opiniones positivas hacia la creación de empresas y la dimensión reguladora, compuesta por factores como leyes, regulaciones, políticas y programas gubernamentales en un determinado territorio (BUSENITZ et al., 2000).

Centrándonos en esta última dimensión, los procesos reguladores establecen normas e inspeccionan su cumplimiento. Asimismo, a través de estos se puede sancionar, recompensar y castigar, con el fin de influir en el futuro comportamiento de la población (VECIANA y URBANO, 2008). En este grupo se incluyen tanto las políticas gubernamentales como los programas de gobierno, acciones con un papel clave en el crecimiento y desarrollo del emprendimiento al ser el motor fundamental de la innovación y el emprendimiento innovador (MAZZUCATO, 2014).

Las primeras de ellas son definidas como las políticas que el gobierno establece en materia de impuestos, normas o reglamentos. Estas influyen directamente en la creación de empresas, pues reflejan el nivel de procedimientos administrativos, las tasas o los diferentes impuestos que tienen que pagar los emprendedores a la hora de constituir sus empresas (BOSMA y LEVIE, 2010).

Así, se presume que los individuos estarán motivados para iniciar una empresa si los responsables políticos muestran atención y están interesados en elaborar políticas que favorezcan la creación de nuevas empresas (LEVIE y AUTIO, 2008), como un menor coste y una mayor rapidez en los tramites (MEYER y PENG, 2005) o por el contrario las políticas gubernamentales pueden producir también el efecto contario y ralentizar la creación de empresas si hay una ausencia de instituciones eficaces que logren proteger los derechos de propiedad, la libre competencia y la disciplina financiera (MANOLOVA et al., 2008).

En segundo lugar, los programas de gobierno, acciones directas que realiza el gobierno para ayudar a crear nuevas empresas, con el objetivo de lograr el crecimiento a nivel nacional, regional o municipal (BOSMA y LEVIE, 2010). Conscientes de su importancia, las instituciones llevan años ofreciendo iniciativas que fomentan el emprendimiento desde el ámbito estatal, autonómico, regional y local. En los últimos años, se han creado instrumentos de asesoramiento, plataformas digitales que reducen y centralizan los trámites administrativos, se ha fomentado la creación de espacios del sostenimiento de experiencias emprendedoras como los viveros y semilleros de empresas o espacios coworking, incluso se han introducido programas curriculares en todos los niveles educativos. Actuaciones todas ellas orientadas a promover el emprendimiento que sin duda crean empleo, incrementan la innovación y el desarrollo tecnológico.

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