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La cuestión

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La firma definitiva del acuerdo que tuvo lugar el 24 de noviembre del 2017 y clausuró medio siglo de conflicto entre el Gobierno nacional y la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) daba apertura al posacuerdo. A partir de entonces, su consolidación requiere la gestión efectiva de políticas públicas por parte del Estado. Esta situación es mucho más compleja que la resuelta con la firma, por las condiciones de incertidumbre interna y externa en que se debate el sistema político colombiano —manifiesta en la crisis de los Estados nacionales y organismos internacionales, en el renacimiento de los chovinismos exacerbados, en la encrucijada de las organizaciones políticas partidistas y en el evidente calentamiento global, entre otros—.

La incertidumbre se correlaciona internamente con la recesión econó-mica, el desempleo, la deuda y la crítica situación fiscal –no propiamente de índole coyuntural–, el desmadre de la corrupción de orden institucional y empresarial, el asesinato de líderes sociales y defensores de los derechos humanos y ambientales, el mantenimiento en crescendo de las economías y organizaciones ilegales y, lo más complicado, la proliferación de empresas electorales que, sin creencias, valores ni metas básicas claras (Sabatier y Weible, 2007), se disputan el consenso de los colombianos. Estas empresas son más corporativistas que políticas y con sus propuestas difusas no son garantía para consolidar el posacuerdo y, menos aún, para crear las condiciones que eviten el renacimiento de peores conflictos.

La situación descrita se convierte en un reto para los firmantes del llamado Acuerdo Final, que parte por el respeto a lo firmado. Para el Estado colombiano, el reto es crear las condiciones que lo hagan viable; para el nuevo sujeto democrático, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), es mantener la vigencia y logro de sus creencias y valores al margen del conflicto armado como forma de lucha para alcanzarlos, renunciando, en su argot a la crítica de las armas, y propiciando el arma teórica y práctica de la crítica sociopolítica democrática y ciudadana desde la institucionalidad.

La situación, como es característica de estas condiciones, requiere de lo más selecto de la inteligencia, tanto de los actores del Estado y de los reincorporados a la vida civil como de la sociedad, depositada en buena medida en la academia. Esto es necesario, con mayor razón, en una época en la cual el conocimiento se ha constituido en el factor fundamental de las actividades humanas y de su porvenir por la vía de la ciencia, la tecnología, la cultura y las humanidades. En ese sentido, nos parece insinuante el hecho de que las universidades y diversos intelectuales del país hayan tomado la iniciativa de hacer presencia en las zonas o regiones que habían sido objeto de muerte y hoy se constituyen en esperanza para el porvenir de la vida. Estas zonas de posconflicto fueron ayer marginadas y son hoy amparadas por el Decreto 893 del 28 de mayo del 2017, que las erige en lugares para el despliegue de los llamados Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y referentes de esperanza para su buen vivir.

Es en el marco de esas consideraciones que apostamos nuestra contribución a los habitantes que bullen con sus vidas en el Catatumbo. Nuestro abordaje implica una mirada teórica, sistémica e histórica, renovada y actual de las tensiones, conflictos y del lenguajear propio de los asuntos humanos relacionados con el biopoder, e identificados en la dimensión temporoespacial territorial en una prospectiva por escenarios.

El Catatumbo: Tensiones, territorio y prospectiva - Una apuesta desde la biopolítica

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