Читать книгу Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales - Maristella Svampa - Страница 10

Proyecto	Mineral	Ubicación
Farallón Negro Forma de explotación: subterránea	Oro	Catamarca (en explotación)
Bajo La Alumbrera Forma de explotación: cielo abierto	Cobre-oro	Catamarca (en explotación)
Mina Aguilar Forma de explotación: subterránea	Plomo, plata y cinc	Jujuy (en explotación)
Andacollo Forma de explotación: subterránea	Oro	Neuquén (en explotación)
Sierra Grande Forma de explotación: subterránea	Hierro	Río Negro (en explotación)
Veladero Forma de explotación: cielo abierto	Oro y plata	San Juan (en explotación)
San José-Huevos Verdes Forma de explotación: subterránea y cielo abierto	Oro y plata	Santa Cruz (en explotación)
Cerro Vanguardia Forma de explotación: cielo abierto	Oro y plata	Santa Cruz (en explotación)
Agua Rica Forma de explotación: cielo abierto	Cobre y oro	Catamarca (en construcción)
Lama Pascua Forma de explotación: cielo abierto	Oro y plata	San Juan (proyecto binacional, en construcción)
Manantial Espejo Forma de explotación: cielo abierto	Oro y plata	Santa Cruz (en explotación)
Pirquitas Forma de explotación: fue una explotación	Estaño y plata	Jujuy (en explotación) subterránea; se evalúa la posibilidad de explotar a cielo abierto
Pachón Forma de explotación: cielo abierto	Cobre	San Juan (en construcción)
Potasio Río Colorado Forma de explotación: perforación y disolución	Potasio	Mendoza (en construcción)
Gualcamayo Forma de explotación: cielo abierto	Oro	San Juan (en explotación)
Total de proyectos en explotación: 16

Fuente: Elaboración propia.

A fines de 2007, la flamante presidenta Cristina Fernández de Kirchner aumentó las retenciones de las exportaciones a los hidrocarburos y los productos agrícolas. En ese marco, también se introdujeron retenciones móviles a las exportaciones mineras, de 3 a 5%.⁷ Las medidas sacudieron al sector minero: “Los accionistas de aquellas empresas que tenían sus mayores esfuerzos económicos apuntados a la Argentina decidieron retirar sus inversiones y la mayoría de las juniors vieron cómo en un solo día se diluían sus acciones en un 40%”⁸ (Mining Press, 5, 27, 2008). Los empresarios se manifestaron preocupados por la violación de la Ley de Inversiones Mineras y, por ende, de la “seguridad jurídica”, garantizada por el generoso marco normativo argentino. Asimismo, una de las cuestiones que más preocupaba era el régimen tributario que se aplicaría para el caso de Pascua-Lama, el proyecto compartido con Chile. Poco tiempo después, el embajador de la Argentina en Chile afirmó que la Procuraduría General de nuestro país eximía al proyecto Pascua-Lama del régimen de las retenciones mineras, uno de los temas que estaban pendientes para la aprobación de la iniciativa (Panorama Minero, 347, septiembre de 2008). Sin embargo, es necesario señalar que la preocupación por la seguridad jurídica de los capitales está tanto ligada al aumento de las retenciones como sobre todo a la reciente sanción en diferentes provincias de leyes que prohíben este tipo de minería, tal como explicaremos en el capítulo 4. Así, en ese mismo número, Panorama Minero afirmaba:

En un análisis realizado en la provincia de San Juan, se llegó a la conclusión de que las diecisiete provincias que tienen potencial minero sólo nueve pueden desarrollar la actividad, pero entre ellas hay cinco con leyes provinciales prohibitivas. Esta situación cambia el mapa minero. Unas entran, otras salen, y el mapa minero del país se va reconfigurando con cada vez menos jurisdicciones como jugadoras en esa actividad […] Pero la alegría de la recuperación [por la derogación de la ley en la provincia de La Rioja] se ve empañada porque hay cuatro provincias más que quieren introducir en sus legislaciones prohibiciones similares o con algunas restricciones.

Desde entonces, tanto Córdoba como San Luis (septiembre y octubre de 2008, respectivamente) han sumado leyes que establecen la prohibición de este tipo de minería. Ahora bien, la sanción de “las leyes del no” lejos está de significar que la megaminería a cielo abierto haya dejado de ser una política de Estado. Antes bien, el reciente veto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a la ley de protección de los glaciares (ley 24.618), votada por una amplia mayoría del Congreso Nacional, es una muestra cabal de la importancia que el gobierno actual le asigna a la minería. Recordemos que la norma vetada impulsaba la creación del Inventario Nacional de Glaciares, que representan 75% de la reserva hídrica de la Argentina. También impedía que en los hielos y en su entorno se realizaran actividades que pudieran “afectar su condición natural, o que implicaran su destrucción o traslado, o interfirieran en su avance, como por ejemplo la exploración y explotación minera o petrolífera. […] Nuestra presidenta reveló que su decisión obedecía a que la prohibición de actividades descriptas en la ley podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucadas y que «resultaba excesivo prohibir la actividad de minería o perforación petrolera en los glaciares y en las llamadas áreas periglaciares que bordean los glaciares»” (La Nación, 21 de noviembre de 2008).⁹

Al veto presidencial –en apoyo a los intereses de la minería transnacional, en este caso de la compañía Barrick Gold, que a través del proyecto binacional Pacua-Lama, compartido con Chile, se encamina a desarrollar una explotación de oro y plata sobre los glaciares de altura en la región cordillerana– se suma el decreto 2.019, publicado en el Boletín Oficial en diciembre de 2008, que declara de “interés nacional” al proyecto Potasio Río Colorado, que beneficia a otra de las empresas transnacionales, Rio Tinto.¹⁰