Читать книгу Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales - Maristella Svampa - Страница 7

Más de uno debe preguntarse por qué existe cada vez más gente que se opone a la explotación de la minería a cielo abierto en nuestro país. ¿Será que los gobiernos y las grandes transnacionales mineras no transmiten correctamente las “ventajas” y las “oportunidades” del nuevo modelo? ¿Será que las poblaciones involucradas no están en condiciones de comprender el impacto que en términos de trabajo, progreso y desarrollo tendría la industria metalífera a gran escala, sobre todo en aquellas provincias pobres y relegadas de nuestra geografía? Éstos parecen ser los principales argumentos que repiten algunos funcionarios, técnicos nacionales y provinciales y, por supuesto, las grandes compañías mineras, que hoy buscan legitimar el modelo.

Como hemos visto en la Introducción, para entender la oposición cada vez mayor de las poblaciones a los emprendimientos mineros, hay que aclarar que la minería a cielo abierto es bastante diferente de la minería subterránea tradicional. Como explica el periodista y ambientalista Javier Rodríguez Pardo (2008a): “En 1900, Estados Unidos extraía minerales de cobre con una ley promedio del 5%, que en la actualidad es inferior al 0,4%; diferencia abismal que indica la escasez del «recurso». Este ejemplo se repite en casi todas las geografías y tipos de minerales. Los minerales remanentes se encuentran en estado de diseminación en la naturaleza y en partículas ínfimas dispersas en las rocas montañosas, razón por la cual es imposible extraerlos por los métodos y tecnologías de la minería tradicional. En su reemplazo, la industria minera ideó un método extractivo acorde a las nuevas condiciones: detecta por satélite aquellos sitios o yacimientos donde existe mayor concentración relativa de minerales, generalmente polimetálicos y diseminados en extensiones kilométricas”. Una vez localizado el mineral, se realizan mapeos topográficos y geológicos (trabajos geofísicos, investigaciones hidrogeológicas, aperturas de zanjas y pozos de reconocimiento). Se toman muestras para identificar la forma en la que se encuentra diseminado el mineral y mediante el cateo se define el área donde se localizará la explotación. Más tarde, se prepara el terreno, se abren caminos de acceso y se montan los campamentos para los empleados de la empresa.

Durante la explotación, “para apropiarse de los minerales y concentrarlos, la minera debe primero producir la voladura de extraordinarias cantidades de suelo, montañas enteras que son convertidas en rocas y luego trituradas hasta alcanzar medidas ínfimas, para posteriormente aplicárseles una sopa de sustancias químicas licuadas con gigantescas cantidades de agua, que logran separar y capturar los metales del resto de la roca (proceso de lixiviación). Las sustancias químicas empleadas son cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas, acumulativas y persistentes, de alto impacto en la salud de las personas y el medio ambiente” (Rodríguez Pardo, 2008a).

Asimismo, la minería a cielo abierto no requiere únicamente la utilización de sustancias tóxicas que implican altos niveles de afectación del medio ambiente y deja cuantiosos pasivos ambientales sino también un uso desmesurado de recursos, entre ellos el agua y la energía. En efecto, a causa de la escasez y su estado de diseminación, cuanto más baja es la ley del mineral (la concentración de oro, plata, cobre, etc., presente en las rocas y en el material mineralizado de un yacimiento), mayor es la cantidad de explosivos y volúmenes de agua que se requiere. Esto explica la utilización de miles de litros de agua dulce por minuto, generalmente extraída de los ríos cercanos, los glaciares y los acuíferos. Como explica Horacio Machado en este libro, Minera Alumbrera obtuvo del gobierno de Catamarca un permiso de extracción de 1.200 litros de agua por segundo (alrededor de 100 millones de litros por día) que obtiene de una reserva natural de agua fósil cercana. Lo mismo sucede con otro insumo básico de la minería actual, la energía. Así, en 2003, para La Alumbrera el consumo de energía fue de 764,44 GW, lo cual equivale al 170% del total del consumo de la provincia de Catamarca y al 87% de la de Tucumán. Por supuesto, todos estos datos, que no son incluidos en el costo final de la producción y son subsidiados por el Estado, presagian nuevos problemas: desde la escasez de agua a la demanda de construcción de nuevas represas hidroeléctricas, enteramente al servicio de las compañías mineras, algo ya previsto para los futuros emprendimientos.

Bien cabe preguntarse cuáles son las razones que explican el carácter tan vertiginoso del nuevo modelo minero, en un país donde tradicionalmente la minería ha sido una actividad secundaria. Como hemos indicado en la introducción, la implementación del actual modelo forma parte de un movimiento mayor, que involucra al conjunto de la región latinoamericana. En efecto, recordemos que el impulso del capitalismo neoliberal posdictaduras ha conocido diferentes fases en América Latina: un primer momento, en los 90, estuvo marcado por la desregulación económica, el ajuste fiscal, la política de privatizaciones (de los servicios públicos y de los hidrocarburos), así como por la introducción del modelo de agronegocios. Esta primera fase, en la cual se sentaron las bases del Estado metarregulador,¹ implicó la generación de nuevas normas jurídicas, que favorecieron no sólo la implantación de capitales extranjeros sino que garantizaron la institucionalización de los derechos de las grandes corporaciones, así como la aceptación de la normativa creada en los espacios transnacionales. Al mismo tiempo, estas orientaciones contribuyeron a consolidar un modelo económico basado en la reprimarización de la economía, altamente dependiente de los mercados externos, al tiempo que profundizaron las bases del Estado patrimonialista (Svampa, 2005), de cara a la fuerte imbricación entre los gobiernos, en sus diferentes niveles, con los grupos económicos privados.

En continuidad con el momento anterior, en la actualidad asistimos a una segunda fase, caracterizada por la generalización del modelo extractivo-exportador, basado en la explotación de recursos naturales no renovables, necesarios para alimentar el nivel de consumo sostenido y el modelo de acumulación vigente. En otros términos, la actual etapa expresa una demanda cada vez mayor de los países desarrollados hacia los países dependientes, en términos de materias primas o de bienes de consumo, lo cual aparece reflejado en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como “improductivos”: la frontera agrícola, del petróleo, de la minería, de la energía, de las plantaciones celulósicas (Martínez Allier: 2004). Tal expansión genera transformaciones mayores, en la medida en que reorienta completamente la economía de pueblos enteros y sus estilos de vida, y amenaza en el mediano plazo la sustentabilidad ecológica. La minería a cielo abierto, el modelo de agronegocios, la construcción de grandes represas, los proyectos previstos por Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y prontamente los llamados “agrocombustibles” ilustran cabalmente esta nueva división territorial y global del trabajo en el contexto del capitalismo actual.

Esta desigual división del trabajo, que repercute en la distribución de los conflictos ambientales, perjudica sobre todo a las poblaciones pobres, que presentan una mayor vulnerabilidad. Esta situación es ejemplificada por los pueblos indígenas y campesinos, que pujan por la defensa de sus derechos territoriales, reconocidos formalmente por gran parte de las constituciones latinoamericanas, ante el avance de la frontera forestal, las grandes represas, la privatización de las tierras o el boom de la soja transgénica. En términos de David Harvey (2004), la actual etapa de expansión del capital puede ser caracterizada como de “acumulación por desposesión”,² proceso que ha producido nuevos giros y desplazamientos, colocando en el centro de disputa la cuestión acerca del territorio y el medio ambiente. Asimismo, la nueva etapa también aparece asociada a nuevos mecanismos de desposesión, como la biopiratería o la apropiación de formas culturales y cultivos tradicionales pertenecientes a los pueblos indígenas y campesinos.

En este contexto, uno de los hechos más notorios del período ha sido el surgimiento y la expansión de movimientos socioambientales, entre los cuales se destacan los movimientos en contra de la minería a gran escala y a cielo abierto. En efecto, desde 1999, sobre todo en la larga franja que ocupa la cordillera de los Andes, desde Guatemala y Ecuador, pasando por Perú, hasta Chile y Argentina, se han originado una multiplicidad de resistencias, movilizaciones campesinas y asambleas de autoconvocados frente a la expansión de grandes proyectos mineros que amenazan con afectar severamente las condiciones y la calidad de vida de las poblaciones.

Estos movimientos se nutren de otros preexistentes, al tiempo que comparten aquellos rasgos y dimensiones que hoy atraviesan a gran parte de los movimientos sociales latinoamericanos, entre ellos, la territorialidad, la combinación de la acción directa con la acción institucional, la democracia asamblearia y la tendencia a la autonomía.³ Una dimensión central que atraviesa a los movimientos contra la minería a cielo abierto es la multiescalaridad⁴ del conflicto, que tiene lugar en el marco de un entramado complejo en el cual se encuentran involucrados actores sociales, económicos y políticos (actores locales, regionales y/o provinciales, estatales y globales). En la dinámica multiescalar, “lo global” y “lo local” se presentan como un proceso en el que se cristalizan, por un lado, alianzas entre empresas transnacionales y Estados que promueven un determinado modelo de desarrollo y, por otro lado, resistencias de las comunidades locales que no comparten tal modelo ni los estilos de vida que éste impone.