Читать книгу Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales - Maristella Svampa - Страница 12

Frente a la aberrante acusación de que la minería lleva pobreza, que lleva problemas ambientales y que, consecuentemente, las provincias donde la minería lleva a cabo sus actividades no han mejorado sus estándares de vida, yo me permito decir qué falacia mayor representa esta acusación, cuando en realidad la minería en su integridad, no solamente da trabajo, sino que da trabajo formal, y no solamente da trabajo formal, sino que también es la que paga los mejores salarios de todo el sector económico argentino, pero además, construye caminos, lleva energía, mejora las comunicaciones. Es decir, ¿la minería no es una fuente de progreso y civilización? Entonces, qué es lo que pasa. Pasa que este mensaje no debe quedar solamente entre nosotros. Tenemos que tratar de llegar de la mejor forma más clara posible a todas las comunidades.

Martín Dedeu, presidente de CAEM, Argentina Oro 2006

En la esfera pública, el proceso de reconfiguración de los territorios se apoya sobre otros conceptos que forman parte del discurso global, entre los cuales se destacan –además de aquel sobre el “desarrollo sustentable”– el de “responsabilidad social empresarial” y “gobernanza”. Veamos brevemente el uso de cada uno de ellos.

La noción de responsabilidad social empresarial (RSE) es un concepto reciente, de resonancias globales, que apunta a combinar la filantropía empresarial con una idea más general acerca de la responsabilidad de las empresas respecto del impacto social y ambiental que generan sus actividades. La importancia de tal concepto debe ser entendida en el marco de la nueva matriz neoliberal, en la que se consolida el rol metarregulador del Estado y las empresas pasan a ser consideradas el actor central y dinámico por excelencia. Este nuevo modelo de acción empresarial, que surgió del Foro Económico de Davos en 1999, ha sido propuesto por y para las grandes empresas, que operan en contextos de gran diversidad, de fuerte competencia internacional y, sobre todo, de creciente exposición ante la opinión pública. No es casual que muchas de las grandes empresas que lideran internacionalmente el movimiento de RSE, con fuertes campañas mediáticas y enormes presupuestos, sean responsables de daños ambientales, de explotación de trabajo infantil y subcontratación de trabajo esclavo, sobre todo en las regiones periféricas, donde los marcos regulatorios son siempre más permisivos que en los países industrializados del centro. La RSE adquirió rango institucional a través del Pacto Global, en 2000, el cual es definido como “un Programa Interagencial, liderado por el PNUD, la CEPAL y la OIT, tendiente a aumentar la responsabilidad social empresaria en los campos de los derechos humanos, los estándares laborales y el medio ambiente” (www.rseonline.com.ar).

En la Argentina, se instaló en la agenda luego de la crisis de 2001 y encontró un gran dinamismo en el campo de la actividad minera. Como analiza Mirta Antonelli en este libro, en 2002 en este país se presenta el informe final del programa Mining Minerals & Sustainable Development (MMSD), que tendría por objetivo “cargar de contenidos la responsabilidad empresarial”. Así, el concepto aparecía como una de las claves tendientes a producir “un cambio cultural respecto de la minería a gran escala, para ser concebida como factor de desarrollo sustentable”.

Ciertamente, la RSE forma parte de un dispositivo más amplio, que apunta a instalar y legitimar el nuevo modelo extractivista. Hacia afuera, las empresas se orientan a desarrollar vínculos estrechos con instituciones, universidades privadas y públicas, a partir de convenios y subsidios, al tiempo que desarrollan una intensa publicidad en los más diversos medios de comunicación, en el marco de un discurso que subraya la opción por una “minería responsable”. Hacia adentro, en relación con las comunidades en las que se desarrolla la actividad extractiva, sus efectos son aun mayores, en la medida en que sus intervenciones focalizadas, y el entramado que generan, introducen cambios sustantivos en el plano de la ciudadanía. Así, puede establecerse que en aquellos contextos en los que se implanta habitualmente la actividad minera (matrices sociopolíticas jerárquicas, pequeñas localidades, escasa diversificación económica, debilidad institucional), las grandes empresas tienden a convertirse en un actor social total. En efecto, en primer lugar, tienden a reconfigurar bruscamente las economías locales preexistentes, reorientando la actividad económica de la comunidad en función de la minería y creando nuevos enclaves de exportación; en segundo lugar, producen un impacto negativo en términos ambientales y sanitarios, que repercute sobre las condiciones de vida de la población. En tercer y último lugar, a través de la llamada RSE, las empresas tienden a ampliar su esfera de acción, convirtiéndose en agentes de socialización directa, mediante una batería múltiple de acciones sociales, educativas y comunitarias. En la Argentina, el caso de la Minera Alumbrera, en Catamarca-Tucumán, constituye uno de los ejemplos más ambiciosos, en los cuales las empresas asumen su condición de agente socializador, apuntando así a un control general de la producción y reproducción de la vida de las poblaciones. Un informe especial de Foco sobre las Empresas Transnacionales en la Argentina, firmado por Ricardo Ortiz (2007) consigna: “Las organizaciones sociales han constatado que las grandes mineras en Catamarca, Tucumán, San Juan y Chubut efectúan donaciones a escuelas y hospitales de esas provincias tratando de provocar la captación indirecta de voluntades y la limitación del ejercicio de la opinión de las comunidades. Esto ha sido corroborado por el defensor del pueblo de la Nación, quien manifestó su preocupación porque estas donaciones están acompañadas por una contrapartida publicitaria a favor del trabajo desarrollado por las empresas mineras, pudiendo este simple hecho llegar a inhibir toda posible crítica y, aun más, restringir la participación y el ejercicio de la población en la defensa de los derechos ambientales que consideren afectados” (nuestro subrayado).

Otro de los conceptos clave de esta reformulación y aggiornamento del paradigma neoliberal, que hoy recorre el lenguaje de organizaciones internacionales y de las ciencias sociales, es el de “gobernanza”, que puede ser definido como “una forma de gobierno que no pasa por la acción aislada de una elite político-administrativa relativamente homogénea y centralizada sino por la adopción de formas de coordinación a distintos niveles, y multiactoral, en cuanto incluye el sector público y el sector privado, los actores de la sociedad civil y el mercado” (Ruano de la Fuente, 2002).¹³ Como sostiene Boaventura de Sousa Santos (2007), la gobernanza opera como una síntesis entre legitimidad y gobernabilidad:

La gobernanza busca, de hecho, armonizar las reivindicaciones a favor de la participación y la inclusión, resultado de la interpretación de la crisis social que parte del concepto de legitimidad, con las exigencias de una mayor autonomía y autorregulación producto de la interpretación guiada por la idea de gobernabilidad. Sin embargo, es una falsa síntesis, puesto que opera totalmente dentro del marco de la gobernabilidad. (36)

De manera paradigmática, en la actualidad el modelo de la gobernanza está siendo aplicado hoy en América Latina en el marco de la extensión de un modelo extractivo-exportador. La concepción que subyace en este modelo es que, más allá de la opacidad de los sistemas de representación y de las nuevas incertidumbres, los antagonismos y las contradicciones pueden resolverse en una esfera de mediación y de entendimientos recíprocos, en los que el objetivo es tanto la consolidación de la gobernabilidad como la materialización del llamado “capital social” en términos de redes sociales y políticas. En este sentido, esa visión apunta a diluir la idea de que los antagonismos pueden ser, en un punto, irreconciliables, que están insertos en relaciones de poder asimétricas y que en definitiva enfrentan –o pueden enfrentar– proyectos de sociedad diferentes y, en muchos casos, opuestos.

En fin, dados el actual escenario latinoamericano y la cartografía de resistencias existentes, se trata de un modelo que intenta una recomposición de la dinámica del capitalismo neoliberal, a través de ciertos dispositivos de intervención públicos y privados, que colocan el acento, por un lado, en la RSE y, por el otro, en la necesaria autolimitación de las demandas y los reclamos de las poblaciones afectadas, frente a una realidad de “hechos consumados”, esto es, la expansión “inevitable” del capitalismo extractivo transnacional en nuestras latitudes.

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Hasta bien entrado el siglo XX, no existía lugar político e ideológico desde el cual oponerse al irresistible credo del progreso, ya que se desconocían –o bien, se desestimaban– las consecuencias destructivas que podía generar una modernización sin freno. En rigor, había un único paradigma de la modernización, al cual adherían incluso las diferentes corrientes del marxismo, cuya visión productivista y homogeneizante del progreso fue puesta a prueba en varias oportunidades y contextos históricos. En este sentido, nuestro país –y, en general, América Latina– no fue una excepción, pues la modernización y el credo productivista supieron ser la bandera que enarbolaron tanto los Estados desarrollistas como las experiencias nacional-populistas. Asimismo, quizá mucho más que en otras latitudes, las izquierdas –tanto en su matriz anticapitalista como nacional popular– se mostraron sumamente refractarias a las nuevas corrientes (ambientalistas y ecologistas) que se iban desplegando a la luz de las diferentes críticas del paradigma productivista.

Sin embargo, en las últimas décadas el escenario cambió ostensiblemente. Por un lado, la crisis de la idea de modernización (y, por ende, de desarrollo), en su versión hegemónica y monocultural, abrió un nuevo espacio en el cual se fue cristalizando el rechazo y la revisión del paradigma del progreso. A esto se sumó, en varios países de América Latina, la crítica de los pueblos originarios y los movimientos campesinos hacia las tentativas asimilacionistas o etnicidas reflejados por los modelos de desarrollo instalados por los Estados nacionales en sus diferentes fases (Estado conservador, Estado nacional-desarrollista, Estado neoliberal). Por otro lado, en la actualidad, los modelos de desarrollo impulsados en esta nueva fase de acumulación del capital colisionan de lleno con los modos de vida de diferentes poblaciones y pueblos originarios, y amenazan en su conjunto la preservación de los recursos básicos para la vida (tierra y territorio). Estos hechos, sumados a los anteriores, abrieron el espacio para la emergencia de nuevos movimientos socioambientales, en clave de justicia ambiental o de ecología popular, así como a la revalorización de las cosmovisiones y las culturas indígenas, tan invisibilizadas en nuestro país.

Lo dicho sirve para poner de relieve uno de los grandes dilemas que atraviesan no sólo la Argentina sino otros países latinoamericanos; asistimos al retorno de dos ideas, de dos “conceptos límite” (la expresión es de Manuel Garretón) del pensamiento social latinoamericano: emancipación y desarrollo. Ninguno de esos conceptos límite ha retornado intacto o simplemente como fantasma del pasado; antes bien, sobre ellos se van operando trastocamientos y resignificaciones mayores, ligados tanto a la nueva dinámica del poder como a la acción contestataria de los movimientos sociales contemporáneos. En rigor, en América Latina, el marco en el cual retorna la cuestión acerca del “desarrollo” y se perfilan los debates sobre la “emancipación” va diseñando una trama muy compleja y conflictiva, atravesada por no pocos dilemas y posicionamientos irreconciliables. Así, todo parecería indicar que, tal como están planteadas las cosas, las vías del desarrollo y las vías de la emancipación amenazan con ser claramente antagónicas.

* Esta investigación es financiada por la Universidad Nacional de General Sarmiento y la Agencia de Promoción de Ciencia y Tecnología.

1. El Estado “metarregulador” es el responsable de crear el espacio para la legitimidad de los reguladores no estatales tal como lo define Boaventura de Sousa Santos (2007): “La metarregulación es un tipo muy distinto de intervención estatal comparada con aquella que presidió el contrato social democrático”. El autor sostiene que “emerge así una nueva forma de gobierno indirecto, en el cual los actores económicos poderosos detentan un enorme poder de control sobre los recursos vitales esenciales para las personas, sin estar sometidos a ningún tipo de responsabilidad ante la sociedad, y sin importarles si esos recursos son el agua, la energía, las semillas, la seguridad o la salud” (41).

2. Para David Harvey (2004), el actual modelo de acumulación implica cada vez más la mercantilización y la depredación, entre otras cosas, de los bienes ambientales. La acumulación por desposesión o despojo (lo que Marx denominaba la “acumulación originaria”) ha desplazado en centralidad la dinámica ligada a la “reproducción ampliada del capital”.

3. Para una caracterización, véase Maristella Svampa (2008a).

4. Saskia Sassen (2007) propone el concepto de “multiescalaridad” para hacer referencia a la reformulación de escalas en los diversos procesos de globalización.

5. Con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación: desarrollo de programas de minería social y asistencia social a productores de ladrillos. Con el Ministerio de Educación de la Nación: acciones conjuntas para fomentar el conocimiento de la minería, elaboración de material sobre minería para entidades educativas, encuentros nacionales con universidades y escuelas técnicas. Con el Ministerio de Relaciones Exteriores: acciones conjuntas en el marco del tratado minero argentino-chileno. Con el Ministerio de Trabajo: normativas conjuntas, capacitación laboral. Con la Secretaría de Transporte de la Nación: análisis para la ejecución de obras con lógica productiva. Con la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación: programa BID, gestión ambiental para una producción sustentable en el sector productivo, programas de capacitación en producción y medio ambiente, colaboración a las provincias en temas de pasivos ambientales y calidad del recurso hídrico, capacitación en el uso de explosivos. Con el INTA: plan de remediación de suelos (“Informe de Gestión. Minería 2003-2007”, Secretaría de Minería, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; https://web.archive.org/web/20080911180217/http://www.mineria.gov.ar/pdf/informe-de-gestion.pdf).

6. Los proyectos se dividen en diferentes etapas: prospección o exploración, factibilidad y construcción, y explotación, a las que se les suma el traslado del mineral extraído.

7. Las retenciones a las exportaciones son un instrumento del Estado nacional que existe desde los años 50, y sólo fueron suspendidas bajo el gobierno de Carlos Menem, para ser reestablecidas por Eduardo Duhalde, en 2002, en medio de la crisis argentina y en un contexto de gran rentabilidad para los sectores exportadores.

8. El artículo continúa afirmando que “los empresarios se quejaron no sólo de las medidas, sino también de la forma de comunicación entablada con las empresas a partir de la irrupción en la cuestión minera del secretario de Comercio, Guillermo Moreno”.

9. El veto presidencial de la ley ocasionó no sólo la condena del conjunto de las organizaciones políticas, ambientalistas y académicas sino fisuras aun dentro del propio sector del oficialismo. Así, según expertos del Conicet, el veto “parece estar hecho a medida de las mineras, en especial las que extraen oro de los glaciares de alta montaña, como Barrick Gold. Estas explotaciones traen contaminación de las aguas por el cianuro que se usa para separar el mineral, indispensable para los agricultores en zonas donde el riesgo es primordial, como Mendoza, La Rioja y San Juan”. La ex diputada Marta Maffei, autora del proyecto de ley, expresó: “El gobierno tiene una actitud perversa y creó un modelo productivo depredador. Por un lado, firma los tratados internacionales sobre ecología, pero en lo concreto no protege los recursos naturales del país” (wwwl.igoohy.com/notas/la-presidenta-kirchner-veto-la-ley-de-proteccion-de-los-glaciares). El propio diputado oficialista Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), titular de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara Baja, declaró: “Este veto es contradictorio y débil de argumentos. Se privilegia el derecho a la propiedad por sobre el derecho ambiental” (La Nación, 19 de noviembre de 2008). Por último, Enrique Martínez, presidente del INTI, en un artículo publicado en el boletín de ese organismo lo caracterizó como “el veto Barrick Gold” (Carta del presidente del INTI a la Presidenta, a propósito del veto a la ley de protección de los glaciares, Crítica, 2 de diciembre de 2008).

10. En enero de 2009, Río Tinto vendió los activos de Potasio que comprenden el proyecto PRC (Potasio Río Colorado) a la compañía minera brasileña Vale.

11. En la Argentina, la política de apertura económica de los 90 significó el desmantelamiento de la red de regulaciones que garantizaban un lugar a las economías regionales en la economía nacional. La política implementada mantuvo las asimetrías regionales preexistentes, al tiempo que conllevó la crisis y la desaparición de actores asociados al anterior modelo (economías regionales ligadas a empresas estatales, pymes, minifundios) y en muchos casos condujo a la reprimarización de la economía, a través de la expansión de enclaves de exportación. Esto aparece reflejado de manera paradigmática en el caso de YPF, que desde su creación en 1922 hasta su privatización y reestructuración setenta años más tarde fue el motor de desarrollo de varias economías regionales. No por casualidad, los enclaves petroleros, luego de las desastrosas consecuencias de la privatización, fueron la cuna de los movimientos de desocupados (Svampa y Pereyra, 2003).

12. Retomamos argumentos ya desarrollados en Svampa (2008a).

13. Asimismo, véase Boaventura de Sousa Santos (2007) y Mirta Antonelli (2007b).