Читать книгу Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales - Maristella Svampa - Страница 5

Los artículos presentados aquí buscan abordar los aspectos reseñados. Así, los primero cuatro capítulos tienen un carácter general, en la medida en que se proponen realizar una primera aproximación a la problemática, dar cuenta de los diferentes procesos de construcción de consenso, la evolución de los proyectos mineros y su relación con el IIRSA, y por último, los avatares de las resistencias sociales.

Así, el primero de los artículos, de Maristella Svampa, Lorena Bottaro y Marian Sola Álvarez, “La problemática de la minería metalífera a cielo abierto: modelo de desarrollo, territorio y discursos dominantes”, es un texto introductorio que da cuenta de las características generales del modelo minero, la legislación que lo ampara, al tiempo que presenta una serie de conceptos que atraviesan el lenguaje de los movimientos socioambientales (la valoración del territorio) y de las empresas transnacionales en alianza con el Estado (desarrollo sustentable, responsabilidad social empresarial, gobernanza).

El segundo artículo, “Minería transnacional y dispositivos de intervención en la cultura. La gestión del paradigma hegemónico de la «minería responsable y el desarrollo sustentable»”, de Mirta Antonelli, analiza el discurso transnacional sobre la megaminería como poder semiótico del capital, con eficacia simbólica global, tal como se viene consolidando luego de la sanción de la nueva legislación minera, y las condiciones de asimetría en las que, desde hace poco más de un lustro, se establecen campos de tensiones y se ejercen las disputas y conflictos en torno a los sentidos del desarrollo y el modelo de sociedad deseable. Como parte de las estrategias centrales, se abordan conceptos como el de “desarrollo sustentable”, “minería socialmente responsable”, “responsabilidad social empresarial” y “gobernanza”, que aparecen como condensadores de sentido en torno a pobreza, género, inclusión, biodiversidad, integración, entre otros. En el marco nacional, también analiza estratégicas voces universitarias y de agencias científico-tecnológicas públicas para que autoricen el modelo extractivo, coimplicando en ello la legitimidad de instituciones del Estado en un proceso de oposición y réplicas a los movimientos socioambientales y de descalificación de la sanción de leyes de prohibición de la minería a cielo abierto y con sustancias tóxicas en numerosas provincias argentinas.

El tercero, de María Eugenia Arias Toledo, “IIRSA: lógica de la interconexión, lógicas interconectadas”, analiza cómo los proyectos de IIRSA se enmarcan en planes de infraestructura destinados a facilitar el tránsito transfronterizo y a asegurar la circulación de ciertos bienes (como la energía) indispensables para esta industria minera. En este sentido, da cuenta del paralelismo existente entre la narrativa del desarrollo de IIRSA y la narrativa del desarrollo del Estado argentino con relación a la industria minera.

El cuarto artículo, de Maristella Svampa, Marian Sola Álvarez y Lorena Bottaro, “Los movimientos contra la minería metalífera a cielo abierto: escenarios y conflictos. Entre el «efecto Esquel» y el «efecto La Alumbrera»”, aborda la compleja y nunca acabada reconstrucción de los diferentes territorios de la resistencia, su evolución, sus estrategias, sus luchas, en las diferentes regiones y provincias argentinas. Un verdadero descenso a la geografía más profunda de nuestro país y la gramática de sus luchas, que da cuenta del carácter ineludible de estas resistencias que hoy convocan a mujeres y hombres de las comunidades amenazadas y, en algunos casos, ya afectadas, sin distinción de clase social, etnia o experiencia política, unidos por la experiencia vital de defender un estilo de vida y un territorio, en nombre del principio de autodeterminación de los pueblos. Basta recordar que a fines de 2008 existían aproximadamente setenta asambleas de base, en más de quince provincias argentinas, agrupadas en torno a la UAC, para dar cuenta de la envergadura de este nuevo fenómeno.

Los últimos cuatro capítulos abordan de manera específica los casos más resonantes que hasta ahora han signado la nueva cartografía minera del país, tanto en lo que se refiere a las resistencias como a los discursos y las prácticas de las empresas transnacionales y los estados provinciales. Así, el artículo de María Cecilia Marín, “El «no a la mina» de Esquel como acontecimiento: otro mundo posible”, aborda uno de los casos emblemáticos, suerte de referente o faro de los movimientos contra la megaminería a cielo abierto en nuestro país. Si bien el de Esquel es uno de los pocos casos hasta ahora tematizado por la bibliografía académica y reconocidos por la liturgia mediática, Marín recorre una vía poco explorada al realizar, desde una perspectiva sociodiscursiva, un análisis de las diferentes estrategias llevadas a cabo, de un lado, por el gobierno, a través de la propuesta avanzada de “zonificación”, y de otro, por la empresa Meridian Gold, para explicar el fracaso del referéndum de 2003 en términos de fallas en la “estrategia comunicacional”.

Por su parte, Horacio Machado Aráoz aborda el caso testigo por antonomasia, el de la mina Bajo La Alumbrera. En efecto, en su artículo “Minería transnacional, conflictos socioterritoriales y nuevas dinámicas expropiatorias. El caso de Minera Alumbrera (Catamarca)”, realiza un estudio detallado de las transformaciones socioterritoriales de esa provincia, a partir de la instalación de La Alumbrera, la primera explotación a cielo abierto en el país. Ésta se constituye en un caso ejemplar, en la medida en que, a diez años de su establecimiento, es posible realizar un balance acerca del impacto que en diferentes registros –económico, social, territorial– ha producido. Esto permite avanzar, como lo hace Machado Aráoz, en una serie de hipótesis explicativas más generales acerca de las diferentes dimensiones del proceso expropiatorio al que se ven sometidas las poblaciones.

El séptimo artículo, de Norma Giarracca y Gisela Hadad, “Disputas manifiestas y latentes en La Rioja minera. Política de vida y agua en el centro de la escena”, presenta los principales acontecimientos desde la formación de la asamblea de Chilecito-Famatina hasta finales de 2008. Como sostienen las autoras, la hipótesis central afirma que existen dos tipos de conflicto: por un lado, el conflicto explícito entre los pobladores con el emprendimiento minero y los funcionarios políticos que lo impulsan; por el otro, la disputa implícita y latente (en el sentido de “potencial”) entre esta actividad extractiva y la agroindustrial, imbricada con las ciudades y poblados. Esta disputa potencial, en torno del agua, como bien escaso en una zona semiárida, da cuenta de las características propias del modelo extractivo, que lo torna incompatible con el desarrollo de economías regionales, entre ellas las actividades agrícolas. Es importante destacar que el artículo da cuenta también de cómo el informe de impacto ambiental realizado por la empresa Barrick Gold oculta la importancia de la economía regional, verdadero nodo de la vida de las poblaciones, a fin de minimizar los efectos socioeconómicos y territoriales del emprendimiento.

El último artículo, “La construcción de San Juan como capital nacional de la minería: el concierto de voces entre el Estado y los medios de comunicación”, un trabajo de Mauro Orellana, Silvina Giovannini, Angélica Vega y Dolores Rocchietti, se centra nada menos que en el núcleo duro del modelo minero, la provincia de San Juan. Así, el texto analiza la reubicación de San Juan en el espacio hegemónico, cuyo gobernador José Luis Gioja ha sido uno de los impulsores de la ley minera durante los 90. Discurso productivista, conceptos de resonancia global, redes estratégicas, apelación a la historia en clave no sólo argentina sino también latinoamericana alternan en el centro de una narrativa estatal, que tiende a instituir un discurso único (el monolingüismo) al servicio de la difusión y defensa acérrima del nuevo modelo minero.

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Antes de cerrar esta introducción, quisiéramos señalar ciertas preocupaciones y posicionamientos que recorren al conjunto de los autores y autoras de este libro. En primer lugar, nos interesa dejar en claro que ésta no es una compilación azarosa en torno de un tema específico. Los autores, si bien provienen de disciplinas diferentes –que van desde la sociología política, la sociológica rural hasta el análisis sociodiscursivo–, se proponen dar cuenta de un proceso complejo, cargado de hondas resonancias sociales, con una serie de categorías compartidas –como las de territorio, territorialidad, discurso global, modelo extractivo-exportador, narrativa del desarrollo, movimientos socioambientales–. Estas categorías abarcan y recorren el conjunto de los temas que dan el título a este libro, Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales.

Esta perspectiva compartida forma parte de un diálogo sostenido por los cuatro grupos de investigadores intervinientes, a lo largo de casi dos años, y cuya labor se desarrolla en diferentes universidades públicas: Universidad Nacional de General Sarmiento, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Catamarca y Universidad de Buenos Aires. Nuestras respectivas investigaciones han sido financiadas exclusivamente por el sistema público de investigación (universidad nacional, Fondo Nacional de Investigación Nacional de Ciencia y Técnica –FONCYT– y Conicet). Asimismo, este libro ha contado para su publicación con el financiamiento parcial del proyecto “Actores sociales, demanda de derechos y espacios de ciudadanía en la Argentina contemporánea”, Área de Ciencias Sociales, Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento, financiado por el FONCYT (2006-2009) y dirigido por Maristella Svampa.

Gran parte de nosotros nos hemos conocido en el marco de nuestra participación como investigadores/as en los encuentros de la UAC, llevados a cabo entre 2007 y 2008: así, San Rafael de Mendoza, Chilecito y Famatina, Catamarca capital, Concepción del Uruguay, Capilla del Monte y Tunuyán fueron las ciudades convocantes, en las cuales, a la par que nos sumergíamos en las abigarradas problemáticas de las asambleas ciudadanas, empezamos a compartir e intercambiar hipótesis de trabajo, preocupaciones intelectuales y posicionamientos públicos. A lo largo de ese período y muy especialmente en los últimos tiempos hemos organizado y participado en diferentes jornadas de discusión académica, tanto en la Universidad Nacional de Catamarca (octubre 2007 y 2008), en la Universidad Nacional de Córdoba (septiembre de 2008) en la Universidad Nacional de General Sarmiento (octubre de 2008), así como dos encuentros de discusión y divulgación de la problemática en la Universidad de Buenos Aires (octubre y noviembre de 2008), lugares todos ellos en los cuales confrontamos nuestras hipótesis de investigación con diferentes actores académicos y sociales, entre ellos miembros de las propias asambleas ciudadanas, en el marco de un diálogo complementario y constructivo. Asimismo, algunos de los participantes hemos desarrollado otras actividades de divulgación (especialmente periodística) sobre estas temáticas.⁴

En segundo lugar, respecto del lugar de enunciación, cabe aclarar que ninguno de los trabajos aquí presentados está escrito desde una supuesta neutralidad valorativa o del distanciamiento propio de los “expertos”. Parafraseando a Boaventura de Sousa Santos, estos textos se proponen una objetividad propia del trabajo académico, pero de ninguna manera abogan por un lugar de supuesta neutralidad, discurso detrás del cual por lo general se esconden intereses de los más variados espacios de poder (económico, político, religioso, entre otros). Nuestra propuesta se inscribe así en el campo de la tradición de las ciencias sociales críticas. En una época en la cual muchos no dudan en convertir las universidades –tanto públicas como privadas– en verdaderas unidades de negocios, la nuestra es así una apuesta que busca retomar y afirmar el rol crítico que, creemos, debe jugar la universidad pública en la producción social de saber, así como en la discusión de los temas que recorren nuestra sociedad, en este caso, acerca de los modelos de desarrollo hoy vigentes.

Por último, creemos que, a esta altura de los tiempos, cualquier propuesta que se plantee como alternativa o modelo de desarrollo en una sociedad debe ser informado y sometido a la discusión pública. Éste no parece ser, sin embargo, el caso en nuestro país, donde tanto la ciudadanía como los intelectuales y la comunidad universitaria solemos llegar tarde a los debates, cuando la implementación de los modelos de desarrollo se presentan como hechos consumados. Así sucedió con el modelo sojero, más allá de las solitarias voces de advertencia incansablemente machacadas durante una década por Jorge Rulli y Adolfo Boy con su Grupo de Reflexión Rural (GRR) y algunos contadísimos académicos como el agrónomo Walter Pengue, o Norma Giarracca y Miguel Teubal, animadores, junto a alumnos y activistas, del Foro de la Tierra y la Alimentación. En realidad, la apertura de una discusión pública sobre ese modelo (el alcance de sus transformaciones, su relación con el Estado, sus consecuencias sociales, económicas y ambientales) fue más bien tardía y parcial, tal como hemos podido ver entre marzo y julio de 2008 (y sus reediciones posteriores), a causa del conflicto entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los diferentes sectores agrarios, como producto del aumento de las retenciones al sector, entre otros factores emergentes.

Hoy, el riesgo es que por indiferencia, desconocimiento, omisión o complicidad activa dejemos pasar por delante de nuestras narices la discusión del modelo minero, cuya puesta en marcha se viene realizando de manera vertiginosa, sin consulta a las poblaciones involucradas. De este modo, la emergencia y la multiplicación de territorios de resistencia –tanto el de las “comunidades del no” como el de los movimientos socioambientales– se han ido cristalizando en un contexto de obscena asimetría y frente al ocultamiento –político, mediático, empresarial– de las consecuencias socioambientales.

En suma, este libro sobre la megaminería en la Argentina –que sin duda constituye una primera exploración de un proceso todavía abierto– se propone aportar un análisis crítico de las formas que adopta el discurso hegemónico y los nuevos mecanismos de expropiación y dominio, así como traer a la palestra una verdadera discusión –pública y académica– sobre las complejas dimensiones, los múltiples niveles y sentidos que hoy recubren el término “desarrollo”. Con ello esperamos poder contribuir, aunque sea modestamente, a abrir el necesario debate público que exigen estas problemáticas.

Buenos Aires-Córdoba, enero de 2009

1. Uno de los pocos países en los cuales se ha intentado llevar a cabo una discusión sobre el modelo extractivista exportador (respecto del petróleo y de la minería a gran escala) es Ecuador, lo cual se vio reflejado inicialmente a través de la composición del gabinete, dividido entre “extractivistas” y “ecologistas”. Dentro del gobierno de Rafael Correa, las posiciones ecologistas eran reflejadas por el influyente Alberto Acosta, quien fuera primero ministro de Energía y luego presidente del la Asamblea Constituyente. La propia Asamblea planteó, en un momento determinado, declarar a Ecuador “libre de minería contaminante”. Los resultados, sin embargo, fueron otros: efectivamente la Asamblea Constituyente declaró el 18 de abril de 2008 la caducidad de miles de concesiones mineras presuntamente ilegales y puso en vilo millonarios proyectos extractivos, mientras se aprobaba un nuevo marco legal para ampliar el control estatal en la industria. En este sentido, como plantea Mario Unda (2008), “la reversión de las concesiones mineras debe entenderse como un mecanismo para obligar a las empresas mineras a renegociar bajo nuevas condiciones, dejando más recursos en el país, acogiendo reglamentaciones más claras y posiblemente un asocio con el Estado (para lo cual se plantea la creación de la Empresa Nacional de Minería)”. Finalmente, la nueva ley minera, aprobada en enero de 2009, perpetúa el modelo extractivista, desconociendo la oposición y el derecho a consulta de las poblaciones afectadas por la extracción de recursos naturales. Así, contrariando la expectativa de numerosas organizaciones sociales, el gobierno de Correa optó por un modelo neodesarrollista, subalternizando en la lucha política el debate acerca de los graves efectos sociales y ambientales de las actividades extractivas.

2. El caso más dramático en América Latina lo constituye Perú, donde las protestas de los comuneros, agrupados en la Conacami, contra los megaproyectos de minería, ya han dejado un saldo de varios muertos, heridos y centenares de comuneros judicializados (Palacio Paéz, Pinto y Hoetmer, 2008).

3. Un ejemplo de ello es dado por el diputado Eduardo Pastoriza, quien en otros tiempos integró el directorio de YMAD y en su reciente libro Catamarca, el gran despojo (2008), realiza numerosas denuncias y documenta esos pedidos parlamentarios sobre la Minera Alumbrera.

4. Véanse en la bibliografía los artículos de Norma Giarracca y Maristella Svampa.