Читать книгу Empresas en el Conflicto Armado : Aportes a la Construcción de la paz en Colombia - Mary Martin Beth - Страница 17

El rol de las empresas transnacionales como gestoras de paz¹⁰⁷ se ha convertido en el más importante para implementar los Principios Ruggie, principalmente como un instrumento para la construcción de la paz y la protección de los derechos humanos. La actual cultura empresarial colombiana está en el camino de olvidar la vieja idea altruista de construir paz a través de “acciones minimalistas”, es decir, con sus donaciones o con la creación de fundaciones para trabajar con comunidades de población vulnerable, o en el marco del proceso de reparar los daños de la guerra, o simplemente atender a las víctimas y reconstruir la infraestructura.

Hoy por hoy, las empresas tienen un enfoque de “acciones maximalistas” que utilizan diferentes estrategias que comprenden desde acciones de empleabilidad (estrategias de empleo o subcontratación y trabajo comunitario) hasta acciones de generación de capacidades o emprendimientos¹⁰⁸ (que incorporan aspectos de transferencia de tecnología, formalización económica, financiación, aumento de productividad y formación técnica) bajo una idea de economía solidaria que contribuye a resolver los problemas sociales estructurales que dan origen al conflicto armado¹⁰⁹. Precisamente, en el Acuerdo Final de Paz se establece que sus obligaciones se desarrollarán en el contexto de la globalización, lo cual permite que las empresas privadas sean aquellas que, en colaboración con el Gobierno, apoyen el sector agropecuario nacional a través de procesos que beneficien la cadena de producción. Además, se busca generar espacios de concertación y diálogo social en el que participen empresas del sector privado, que adelanten su actividad económica en los territorios rurales, con el fin de generar interlocución entre actores con diversos intereses¹¹⁰.

No cabe duda de que el Acuerdo Final de Paz incorpora obligaciones de cooperación público-privadas que convierten a la empresa en un gestor de paz, como: (1) la formalización laboral rural y la protección social; (2) la asociatividad: que exige al Gobierno el fomento de la asociación, encadenamientos y alianzas productivas entre pequeños, medianos y grandes productores; (3) los estímulos a la economía solidaria y cooperativa: que tienen el propósito de estimular diferentes formas asociativas de trabajo de o entre pequeños y medianos productores y productoras, basadas en la solidaridad y la cooperación¹¹¹. En términos de Ford, estas obligaciones responden a tres preguntas fundamentales del conflicto armado: cómo financiar la paz; cómo producir para la paz y cómo trabajar por la paz¹¹².

Aquí cobra valor la empresa como gestor de paz, quien actúa en las zonas que han sido afectadas por el conflicto armado de manera directa o a través de sus cadenas de suministro incorporando pequeñas o medianas empresas con la generación de ingresos o créditos. En este contexto, las empresas responsables con la construcción de paz priorizan diferentes enfoques, tales como: (a) De género: empleabilidad para que superen las barreras del acceso al financiamiento de emprendimiento de la mujer rural atendiendo las condiciones sociales e institucionales que han impedido, en especial, el acceso a activos productivos y bienes públicos y sociales; (b) De comercio justo: la comercialización de sus productos debe prestar especial atención a las áreas priorizadas, para que progresivamente disminuya la intermediación, se reduzca el precio final en el consumidor y se garanticen ingresos para los productores de la economía campesina, familiar y comunitaria; (c) De minorías étnicas: que priorice la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural para que contribuya al conocimiento, a la organización de la vida, a la economía, a la producción y al relacionamiento con la naturaleza; (d) De desarrollo territorial: se debe mejorar la economía del territorio que sufrió afectaciones a causa del conflicto armado, por medio de la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad¹¹³.

El Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresa y los Principios Ruggie hacen parte de los instrumentos de la “caja de herramientas” para que la empresa se convierta en el principal socio que tiene la construcción de paz, bien sea cumpliendo la obligación de remediar o el deber de respetar los derechos humanos. Un ejemplo de este aserto se encuentra en aquellas empresas que hacen posible la reconciliación y reconstrucción de las relaciones entre las víctimas y actores del conflicto, como Agricapital, Palmiagro, La Cuchilla de San Juan y Mundo Maderas, quienes fueron reconocidas en el 2019 con los premios de “Emprender Paz” y se encuentran desde el 2008 acompañadas por la Fundación Social, la Embajada de Suecia y la Fundación Konrad Adenauer¹¹⁴.

El punto de partida para entender, desde los Principios Ruggie, el rol de la empresa como gestor de paz es proceder con debida diligencia¹¹⁵ en los llamados “entornos complejos” del conflicto armado donde realizan sus actividades económicas, que las obliga a diseñar e incorporar políticas, procedimientos y prácticas apropiadas, de acuerdo con su tamaño y circunstancia, con la presencia de uno o más de los siguientes factores: (a) presencia de actores armados al margen de la ley, (b) economías ilegales, (c) débil institucionalidad o (d) frágil gobernabilidad no se agota en el pilar de remediar¹¹⁶.

En otras palabras, la debida diligencia en derechos humanos en el marco de los Principios Ruggie exige que la empresa tenga en cuenta como gestor de paz: (a) Identificación de riesgos: las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que la empresa provoque (riesgos actuales) o contribuya a provocar a través de sus propias actividades (riesgos potenciales), o que guarden relación directa con sus operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales; (b) Gestión de riesgos: variará la complejidad en función del tamaño de la empresa; (c) Seguimiento o monitoreo: debe ser un proceso continuo, ya que los riesgos para los derechos humanos pueden cambiar con el tiempo, en función de la evolución de las operaciones y el contexto operacional de las empresas; y (d) Reparación: al provocar o contribuir a provocar consecuencias negativas en los derechos humanos deben repararlas o aportar a su reparación por medios legítimos¹¹⁷.

Otra pregunta por resolver es ¿cuáles son las “acciones maximalistas” que la empresa como gestor de paz puede implementar para crear estrategias de empleabilidad y de generación de capacidades o emprendimientos? El propio punto 1 del Acuerdo Final de Paz “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral” proporciona las respuestas, al establecer los criterios de la “economía solidaria”:

- El acompañamiento, apoyo técnico y financiero a las comunidades rurales –hombres y mujeres– en la creación y fortalecimiento de cooperativas, asociaciones y organizaciones solidarias y comunitarias, especialmente aquellas vinculadas con la producción y el abastecimiento alimentario, en particular la producción orgánica y agroecológica, y las organizaciones de mujeres;

- El fortalecimiento de las capacidades productivas y de las condiciones de acceso a los instrumentos de desarrollo rural (medios de producción, asistencia técnica, formación y capacitación, crédito y comercialización, entre otros);

- Estimular la economía solidaria y cooperativa como medio para canalizar recursos y servicios a la población rural;

- El apoyo con medidas diferenciales a las organizaciones comunitarias y asociaciones para contribuir a la gestión de proyectos de infraestructura y equipamiento.

Aquí resulta importante resaltar los efectos de la “economía solidaria” y del cooperativismo rural, cuyo vehículo son las asociaciones, cooperativas y organizaciones comunitarias de desmovilizados o víctimas, con pequeñas o medianas empresas que desarrollan proyectos productivos e impulsan el tejido empresarial local. Según las cifras del consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, para febrero de 2020 se han aprobado 49 proyectos productivos colectivos para los excombatientes en proceso de reincorporación, que vinculan a 2480 personas con una inversión total de 27.700 millones de pesos¹¹⁸.

A pesar de lo anterior, los recursos económicos, jurídicos y políticos del sector público resultan insuficientes para satisfacer todas las necesidades y obligaciones que trae consigo una paz estable y duradera. Por esto, es imperativo acudir a todos los instrumentos de la “caja de herramientas”, entre ellos los Principios Ruggie y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresa, para convertir al sector privado en un aliado estratégico del posconflicto o “postacuerdo”. La empresa como gestor de paz es el principal aliado económico en lugares donde las actividades económicas, principalmente rurales, han sufrido los efectos del conflicto armado. Así, por ejemplo, la empresa se convierte en un vehículo de bienestar al generar empleos, al estimular el emprendimiento de pequeñas y medianas asociaciones, cooperativas y organizaciones comunitarias, al producir bienes esenciales y prestar servicios básicos que permiten una mayor cobertura, en definitiva, al cumplir lo que texto constitucional ha denominado “motor de desarrollo” o lo que en tiempos de posconflicto se llamaría una empresa como gestor de paz.

En este punto, las acciones o estrategias de las políticas públicas del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresa se convierten en un camino para trasformar la cultura empresarial a partir de la generación de buenas prácticas dentro de la organización y una responsabilidad frente a las comunidades y sus consumidores o usuarios que no se limita proteger, respetar, remediar estos derechos; además, esta nueva cultura convierte a la empresa en constructor de paz en el posconflicto.