Читать книгу Empresas en el Conflicto Armado : Aportes a la Construcción de la paz en Colombia - Mary Martin Beth - Страница 18

La naturaleza “muldimensional” del conflicto armado colombiano muestra que para lograr implementar cualquier compromiso del Acuerdo Final de Paz no es suficiente con un marco jurídico, un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, unas concesiones económicas y políticas, un cese el fuego y de hostilidades entre el Gobierno y las FARC: se requiere mucho más que la dejación de las armas para silenciar los fusiles de la guerra. El ejemplo histórico de esta realidad se encuentra en las debilidades de protección de derechos humanos, que, pese a la proliferación de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, hoy por hoy es evidente que no han sido suficientes para garantizar su goce efectivo de estos derechos.

Dicho de otro modo, se debe tener especial cuidado en la implementación del Acuerdo Final de Paz, pues su fragilidad no se encuentra en un marco jurídico desprovisto de mecanismos para la protección, respeto y remediación de los derechos humanos, su mayor dificultad se encuentra en crear una cultura de la paz que forje un sentimiento o, mejor, una conciencia empresarial de la obligatoriedad de todos los derechos humanos, esta será la única forma de tener verdaderas empresas gestoras de paz.

El reto se encuentra en lograr esta conciencia en las empresas transnacionales, para que asuman su rol como gestor de paz en tiempos del posconflicto. Sin olvidar que los llamados “entornos complejos” del conflicto armado donde realizan sus actividades económicas no ha desaparecido en muchos lugares de territorio colombiano. Todavía la empresa tiene varias direcciones en el conflicto: como victimario o como víctima; sin resolver este contexto, siempre resultará difícil definir cuál será su aporte en la “construcción de una paz estable y duradera”.

Empero, ¿por qué les interesaría a las empresas transnacionales contribuir a una paz estable y duradera en Colombia? Existen ventajas directas de una cultura empresarial de paz o de derechos humanos que asegura la sostenibilidad empresarial, lo cual convierte a la debida diligencia en un activo o “know-how” que se hace visible en: (1) asegurar una operación estable y previsible de funcionamiento en su organización, esto es, para que los efectos de los “entornos complejos” del conflicto no conviertan a la empresa en víctima o victimaria; (2) contribuir a resolver los problemas sociales estructurales que dan origen al conflicto armado con diferentes estrategias que comprenden desde acciones de empleabilidad hasta acciones de generación de capacidades o emprendimientos; (3) consolidar la reputación de las empresas como gestoras de paz, mejorando su “good will” frente a los consumidores o usuarios, frente al Estado e incluso su imagen internacional, que cada día están más informados sobre el desempeño local y global de las empresas transnacionales; (4) oportunidades de negocio como contratista del Estado, ejecutor de ayuda de la cooperación internacional, destinatario de beneficios fiscales, participando en alianzas público-privadas en megaproyecto para desarrollo integral del campo o la transformación de los territorios del conflicto armado.

Por ello, se propone utilizar toda la “caja de herramientas” que se encuentre disponible (regulación nacional e internacional, políticas públicas, buenas prácticas empresariales, guías o estándares voluntarios, etc.) para implementar el Acuerdo Final de Paz, ya que alcanzar sus objetivos no parece una tarea fácil. Transformar la cultura de violencia a una cultura socioeconómica en que se prioricen: (a) la economía campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo integral del campo, (b) el bienestar y buen vivir como un objetivo de erradicación del hambre y la pobreza de las zonas rurales, (c) la generación de empleo e ingresos, la dignificación y formalización del trabajo, (d) la producción de alimentos y seguridad alimentaria, (e) el desarrollo con enfoque territorial, entre otros, exige una articulación trasversal de toda la sociedad y el Estado, y aquí cobran valor las políticas públicas del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresa.

Para lograr estos objetivos del Acuerdo Final de Paz, el Gobierno nacional es el primer obligado a crear un entorno “maximalista” de estrategias para la construcción de una paz estable y duradera. La primera estrategia se centra en sus políticas públicas, principalmente en el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresa, que debe priorizar el posconflicto a la luz del DIH y una cultura empresarial que asuma el rol de gestor de paz; como segunda estrategia, las empresas transnacionales deben identificar los “entornos complejos” del conflicto y sus actividades económicas, y reconocer cuándo actuaron como victimarios, para restituir, compensar, indemnizar, rehabilitar y no repetir violaciones de derechos humanos que pudo haber ocasionado en el contexto del conflicto armado, lo cual exige una debida diligencia de las empresas transnacionales en la identificación, gestión, seguimiento y sobre todo restitutio in integrum o “reparación integral” de todos los riesgos, impactos y posibles vulneraciones que su actividad implica para los derechos humanos, y que esos riesgos se reduzcan, se eviten o se mitiguen.

Este último aspecto permite transformar a la empresa transnacional en gestor de paz cuando, además de generar, dignificar y formalizar el trabajo de excombatientes, desmovilizados, víctimas, etc., también ayuda al crecimiento del pequeño empresario, basados en la solidaridad y la corresponsabilidad para lograr el desarrollo integral del campo. Aquí adquiere especial valor el papel de las empresas transnacionales y de la gran empresa al respetar al pequeño y mediano productor favoreciendo programas de comercio justo que permita que los pequeños productores entren en igualdad de condiciones al mercado apoyando la puesta en marcha de empresas creadas por las víctimas, lo cual traería una gran ventaja al sector empresarial.

Por ello, al seguir los lineamientos de los Principios Ruggie las empresas transnacionales deben contribuir en la creación de acciones afirmativas para los sujetos de especial protección del conflicto armado colombiano, es decir, población rural victimizada, incluyendo sus asociaciones de víctimas, las mujeres rurales, mujeres cabeza de familia y a la población desplazada, campesinos sin tierras o con tierras insuficientes, lo cual permitirá la creación de mecanismos de concertación y diálogo social en las zonas rurales con el gobierno nacional, regional y local. En este contexto, surge el primer deber de las empresas del sector privado de respetar la diversidad de intereses con el fin de generar espacios de comunicación donde el sector empresarial debe tratar de tener en cuenta cada opinión, garantizando así la participación y la consulta de un derecho humano.