Читать книгу Nuestro desafío ambiental - Nicolás Wild Botero - Страница 13

Pero al reconocer que lo ambiental tiene baja prioridad política, los entrevistados señalan diversos avances que se han hecho en los últimos cincuenta años, los que se detonaron con la creación de las primeras corporaciones autónomas regionales, en los años sesenta, la creación del INDERENA, en 1968, y la expedición del Código de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente, en 1974, siendo estos dos últimos unos claros hitos en la historia de la gestión ambiental de Colombia. Sobre estas reformas contamos en este libro con las visiones de Julio Carrizosa, bajo cuyo liderazgo se elaboró el código, y de Margarita Marino que también participó en el mismo.

La expedición de la Constitución de 1991 y la creación del Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental, en 1993, fueron dos nuevos hitos en la construcción de la institucionalidad para la protección ambiental y el desarrollo sostenible. Como lo subraya Manuel José Cepeda la Corte Constitucional, desde mediados de los años noventa, señaló que la Constitución Política de 1991 es una constitución ecológica.

¿Cómo se explican estos hechos cuando he afirmado que el tema tiene una baja prioridad política? Tanto los grandes avances como los grandes retrocesos de las políticas nacionales en Colombia y, en general en el mundo, han tenido en muchos casos una dependencia singular de la voluntad de los jefes de Estado. Ello se explica principalmente por la debilidad política de los grupos de interés ambiental, si se comparan con la relativa fortaleza de los grupos de interés económicos que, en balance y mirados en una retrospectiva de varias décadas, han sido contrarios al fortalecimiento de las políticas y de la institucionalidad ambiental.

En otras palabras, las políticas para la protección ambiental son más vulnerables a lo político que otras políticas públicas, un fenómeno común en los países desarrollados y en desarrollo, como lo han demostrado diversos estudios (Janicke et al., 1996; Mance, 2015). Así se ilustra en Estados Unidos en el período 2009-2021: sustantivos avances durante los dos períodos de Barack Obama (2009-2017), sustantivos retrocesos durante el gobierno de Donald Trump (2017-2021), y desde enero de 2021, con el gobierno de Joseph Biden, se habría iniciado un período de fortalecimiento de las políticas ambientales como, por ejemplo, se manifiesta a la fecha en los casos de cambio climático –que incluye el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París y el anuncio de ambiciosas metas de reducción de gases de efecto invernadero–, y la cancelación de las actividades de exploración petrolera en Alaska, que habían sido autorizadas por el gobierno de Trump. El regreso de Trump, o del trumpismo, dentro de cuatro años es un escenario posible, lo que expresaría las dificultades que pueden enfrentarse para establecer políticas de Estado en materia ambiental justamente en un campo en el que la implementación de las mismas y la producción de resultados requieren compromisos de largo plazo.

En Colombia las dos grandes reformas ambientales realizadas hasta la fecha –la primera durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Alfonso López Michelsen, y la segunda durante el gobierno de César Gaviria, se explican fundamentalmente por la decidida intervención de estos presidentes–; fueron reformas que encontraron una fuerte oposición en el sector privado (en los dos casos por parte de la ANDI), y un fuerte apoyo del movimiento ambiental, con mucha pasión, entusiasmo y poco poder, y que fueron beneficiadas por un clima internacional muy favorable para lo ambiental, determinado por las conferencias de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (1972) y la Conferencia de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992).

Esta vulnerabilidad se expresa también en procesos de debilitamiento o de congelamiento de la gestión ambiental de estado. Así ocurrió en Colombia con el paulatino debilitamiento del INDERENA y, por consiguiente de la implementación del Código, en los años ochenta. Y así ocurrió también con el Ministerio del Ambiente y el SINA, según lo evidencia Harry Mance (2009) que muestra cómo desde su creación en 1993, durante el gobierno del presidente Gaviria, y hasta 2002 estos tuvieron un período de relativo fortalecimiento, durante los gobiernos de Ernesto Samper y Andrés Pastrana, para entrar en un proceso de declive durante los gobiernos de Álvaro Uribe. Justamente, Mance adopta y expone con amplitud la concepción de la vulnerabilidad a lo político en relación con la política ambiental para explicar el caso de Colombia. El título del libro de Mance es muy expresivo: The Politics of Sustainability: The Rise and Decline of the Colombian Ministry of Environment.