Читать книгу Nuestro desafío ambiental - Nicolás Wild Botero - Страница 15

La creciente y efectiva participación de los jóvenes, representada en los impresionantes logros antes reseñados, confirma una vez más la visión de Margarita Marino para quien no es posible superar la crisis ambiental sin una activa participación ciudadana. Como lo recuerda, esa concepción fundamentó la creación de los Concejos Verdes como organismos mixtos municipales con participación de representantes del sector público y de la sociedad civil, que promovió con tanto éxito como directora del INDERENA a mediados de los años ochenta del siglo pasado. Su creación tan temprana llamó no sólo la atención nacional, sino también la internacional. Fue tan activo e intenso el papel que jugaron estos concejos en los años ochenta y noventa, que Belisario Betancourt, bajo cuya presidencia Margarita dirigió el INDERENA, llamaba con humor a este instituto como la ONG ambiental más grande de Colombia. Infortunadamente, los concejos fueron languideciendo, en parte como consecuencia de la poca importancia que les dio el nuevo Ministerio del Medio Ambiente. Se perdió una experiencia y un potencial único. No es la primera vez que ocurre en la historia de las instituciones públicas en Colombia tan afines a la discontinuidad y a la procrastinación.

Evidentemente, como cientos de analistas y activistas lo afirman hoy, la crisis ambiental solamente se podrá superar en la medida en que no sólo se incremente sustancialmente la acción de las organizaciones de la sociedad civil en proyectos concretos para proteger la naturaleza, sino también a través de la participación política que incluye, entre otras, las movilizaciones masivas para buscar una transformación del status quo político que, en Colombia, y en la mayor parte de los países del mundo, ha significado mantener lo ambiental en un lugar menor en la agenda pública. Parecería la única forma de derrotar a los Bolsonaros y Trumps de este mundo y los fatídicos grupos de interés que representan.

La Constitución de 1991 tiene a la democracia participativa como uno de sus fundamentos, y la legislación, incluyendo la que se refiere específicamente a lo ambiental, prevé diversos mecanismos para garantizar la participación ciudadana. Sin embargo, se necesita recorrer un largo trecho para realizar todo su potencial y también llenar vacíos. Infortunadamente, en la actualidad se atraviesa por un período no muy favorable en pro de la participación como lo evidencia el hecho de que Colombia no haya ratificado el Acuerdo de Escazú, un tratado visionario y sin precedentes negociado por los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe, a partir del Artículo 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que regula los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en los ámbitos del desarrollo sostenible y la protección ambiental. Entre otras, el Acuerdo de Escazú contempla normas que obligan a Colombia a implementar en mejor forma su normatividad y que, además, servirían para proteger mejor a los líderes ambientales. Esta sería una de las posibles salidas a una de las principales preocupaciones de Nicolás Wild, expresada a través de sus entrevistas: explorar cursos de acción para detener el asesinato de los líderes ambientales.

La efectiva oposición a su ratificación por parte de los gremios del sector privado y su débil defensa por parte del Gobierno son una nueva evidencia de lo lejos que se está de convertir a la protección ambiental en sujeto político de alta prioridad.