Читать книгу Nuestro desafío ambiental - Nicolás Wild Botero - Страница 17

En los párrafos anteriores se ha contrastado cómo, en una historia de más de cincuenta años, en Colombia se ha hecho un significativo avance en la normatividad ambiental pero que, al mismo tiempo, su implementación está lejos de ser satisfactoria, como lo evidencia la crisis ambiental, un fenómeno que se repite en todos los países del mundo. Como se ha dicho, hay suficientes normas y lo que falta es aplicarlas a cabalidad. Justamente, la distancia entre lo que establecen las normas y su aplicación se explica en mucho por la gran vulnerabilidad que tiene la gestión ambiental a los vaivenes políticos.

La situación de la proliferación de normas que no se cumplen o se cumplen muy poco tiene también su equivalente en el ámbito internacional. A inicios de este siglo, se estimó que existían más de mil instrumentos jurídicos ambientales internacionales diferentes, tanto jurídicamente vinculantes como de cumplimiento voluntario, y ciento treinta y nueve tratados ambientales internacionales de alcance global o regional (Anton, 2013). Pero, como lo ha subrayado John Vidal, reconocido periodista ambiental: «Nunca hemos tenido tantos acuerdos, objetivos y metas ambientales en el ámbito global, pero el deterioro de los ecosistemas sigue aumentando, el cambio climático se está acelerando, la degradación del suelo y los océanos continúa, la contaminación del aire y el agua está creciendo, la basura y los residuos están aumentando, y todavía estamos realizando un desarrollo sostenible desastrosamente fallido».

La principal razón de la falta de cumplimiento de estos tratados radica en el hecho de que cumplirlos implicaría para los grupos económicos más poderosos renunciar a parte del lucro económico de corto plazo. Es un fenómeno que se reproduce a nivel nacional. Así que la vulnerabilidad de la protección ambiental a lo político está, en últimas, explicada por su vulnerabilidad al modelo económico. La historia del fracaso de la Convención de Cambio Climático firmada en 1992 es la historia de la obstaculización de las multinacionales del petróleo, de la producción de automóviles, etcétera, a que se hiciera algo para cumplirla. Hoy estamos ante una crisis climática y sólo contamos con diez años para solucionarla. Así que son por lo menos treinta años dilapidados, pues no debe olvidarse que del problema se tenía muy buen conocimiento desde 1979, cuando la Academia de Ciencias de los Estados Unidos presentó el «Informe Charney» sobre cambio climático al presidente Carter (1977-1981), en el cual se diagnostica el fenómeno y su gravedad –diagnóstico muy semejante al que conocemos actualmente–.

Los problemas ambientales se aceleraron, en los últimos cuarenta años, con el lugar que adquirió la ganancia financiera como valor máximo a partir del modelo económico neoliberal adoptado a principios de los años ochenta bajo el liderazgo de la primera ministra de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, y del presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Es un modelo que, a su vez, ha generado una concentración de la riqueza sin precedentes en los últimos cien años, y una mayor desigualdad, como lo ha evidenciado Thomas Piketty en su libro El capital en el siglo XXI. Este modelo ha generado un comportamiento empresarial y ha reforzado unos patrones de consumo y producción disfuncionales con la protección ambiental que incluyen el despilfarro y mal uso de la energía y de los materiales bióticos y abióticos y el deterioro y destrucción de los ecosistemas. En adición al comportamiento de los productores de combustibles fósiles –que obstaculizaron la lucha contra el cambio climático lo que incluyó el práctico congelamiento de la innovación en materia de energías renovables no convencionales y de transporte– mencionemos otros tres ejemplos: el surgimiento de la moda rápida (usar y tirar) con formas de producción y consumo de alta insostenibilidad ambiental y una gran injusticia laboral; el incremento del consumo de comida insana (comida rápida y comida chatarra) que implica además el despilfarro de los productos agropecuarios (De Vogli, et al., 2014); el incremento de la masiva y trágica deforestación de la región Amazónica en marcha, con miras a abrir tierras para la agricultura, y la ganadería que está asociada, simultáneamente, con el incremento de la concentración de la propiedad de la tierra y con la lucha por la supervivencia de colonizadores en la pobreza, como se arguye en el capítulo primero de este libro. En otras palabras, el modelo neoliberal dominante en las últimas cuatro décadas ha generado, a un mismo tiempo, mayor inequidad y ha favorecido al no cumplimiento de tratados multilaterales como las convenciones de cambio climático y de biodiversidad, esenciales para resolver la crisis ambiental.