Читать книгу Una arquitecta del cambio social desde el activismo y las políticas públicas. Testimonios de rutas compartidas con Isabel Martínez Lozano - Rafael de Lorenzo García - Страница 32

La política pública como parte de la acción del Estado, entendido como comunidad política organizada reguladora y decisoria, debe cooperar al buen gobierno y a la recta administración de los asuntos públicos. A tal fin, y como una proyección más de la dimensión participativa examinada anteriormente, de ese co-gobernanza enriquecida, concurre como condición la necesidad de transparencia –que presupone la posibilidad de acceso regular a la información– y la rendición de cuentas por parte del poder director.

En una sociedad democrática avanzada, la gestión de los asuntos públicos no puede adolecer de opacidad, no es el coto vedado de quienes gobiernan y de quienes administran o de la selecta minoría extraoficial que tiene conexión directa con esas instancias decisoras. La transparencia no debe ser reputada como una suerte de fiscalización o vigilancia severas de la actuación de los gobernantes y administradores que abreva en la sospecha y la desconfianza estructurales hacia el poder, sino más bien como un factor de calidad y calidez que son parte integrante del buen gobierno. La construcción colectiva y hasta la corresponsabilidad de las políticas públicas requieren el ejercicio compartido de la gestión abierta y participada de la información y la documentación que generan los poderes públicos y las administraciones en su gestión de los asuntos de interés general. La transparencia indica que no existen, o solo en proporciones muy exiguas, zonas de sombra, ajenas al escrutinio público, y que a la ciudadanía y la sociedad le asiste el derecho y cuentan con la posibilidad de acceder, de modo reglado, a la actuación de la administración a través de los flujos informativos y documentales que deja en su actuar. La política pública ha de incorporar desde su dibujo originario dispositivos y mecanismos de transparencia, que den a quienes reciben sus efectos razón y sentido de su propósito y de su cabal ejercicio.

Junto a la transparencia, y en esta misma dimensión de calidad democrática de la gestión pública, está la rendición de cuentas de los poderes y administraciones. La transparencia se impone a lo largo de todo el despliegue de la política pública, que permanentemente es (o puede ser) visible, pero ha de ser complementada con la operación, más conclusiva, si se quiere, de rendir cuentas, de ofrecer explicaciones cumplidas y justificaciones razonadas y razonables de lo actuado. Obra como herramienta de control final, en este caso, de la política pública, aunque nada impide que se establezcan reportes parciales según las etapas que se vayan sucediendo dentro del calendario global definido. El reporte de lo actuado, organizado y sistematizado, como deber del poder director sirve preventivamente como control, incluso autocontrol, de calidad y adecuación de las políticas públicas y prepara la última nota configurante, la relativa a la métrica del impacto, previa evaluación, que puede llegar a fundamentar la revisión de la misma.