Читать книгу Una arquitecta del cambio social desde el activismo y las políticas públicas. Testimonios de rutas compartidas con Isabel Martínez Lozano - Rafael de Lorenzo García - Страница 36

El 13 de diciembre de 2016 la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) adoptaba la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional de derechos humanos, el primero del siglo XXI, de carácter temático, nacido para promover, proteger y asegurar los derechos de las personas con discapacidad. España lo ratificaba el 3 de diciembre de 2007 (depósito del instrumento de ratificación ante la Secretaría General de la ONU) y cobraba vigencia en nuestro ordenamiento nacional el 3 de mayo de 2008, tras reunirse el número mínimo de ratificaciones de Estados previsto en el propio tratado para su entrada en vigor. Esta Convención, definida por los analistas como el hecho político, social y jurídico de mayor trascendencia ocurrido nunca en relación con las personas con discapacidad, obligaba –obliga– a los Estados parte a revisar todo su sistema legal para alienarse con este tratado internacional. Solo en el ámbito estatal español, y para normas de rango de Ley, esta adecuación comportaba la modificación de más de 90 leyes, muchas de ellas troncales del ordenamiento jurídico. Una labor legislativa ímproba que amerita el crecido impacto normativo de la Convención en España10.

A instancias del movimiento social de la discapacidad, que actúa como motor de la legislación y las políticas públicas, el Gobierno de España, con Isabel Martínez Lozano como titular de la Secretaria General de Política Social y Consumo del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, promovió en 2010 una primera iniciativa legislativa de acomodación de la legislación española a los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional supramentada. Se aprueba así y se promulga, tras culminar los respectivos trámites prelegislativo y parlamentario, con acuerdo de la sociedad civil concernida, la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que termina modificando 20 normas legales preexistentes, cambios todos en el sentido de reconocer y ensanchar los derechos de las personas con discapacidad.