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CAPÍTULO X

LOS DOCUMENTOS SECRETOS DE MALVINAS

Esta es una parte de la historia de la trama de la guerra de Malvinas, que quizás algunos desconocen y que nos ha parecido importante colocarla en nuestra historia, porque después de tantos años se han podido revelar muchos detalles que nos sirven para conocer y esclarecer ciertas cuestiones. (Ver: Juan Bautista Yofre, 31 de marzo de 2019, publicada en Infobae, el 2 de julio de 2020).

Tras la derrota de Malvinas los integrantes de la Junta Militar, integrada por Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo, con el respaldo documental del canciller Nicanor Costa Méndez, hicieron un largo relato sobre el desarrollo del conflicto que ellos desataron.

El informe de los comandantes está contenido en más de 1070 páginas y tiene grandes lagunas, especialmente porque no explica por qué tomaron la decisión de “ocupar” Puerto Stanley.

En realidad, Galtieri no tenía un plan sobre las Malvinas porque el Ejército nunca lo trabajó como hipótesis de conflicto. La que sí tenía un plan que se actualizaba permanentemente era la Armada. El desbarajuste del gobierno del general Roberto Viola (marzo-diciembre de 1981) fue amalgamando la relación personal entre Galtieri y Anaya y luego vino la conspiración que puso sobre la mesa una simple ecuación: Viola debe irse; Galtieri lo sucede con retención de la comandancia en jefe del Ejército (dejando de lado la figura de “cuarto hombre”) y Anaya lleva adelante la ocupación de Malvinas.

El 22 de diciembre —el mismo día que asumió Galtieri— el almirante Anaya le pasó a su jefe de Estado Mayor, vicealmirante Alberto Gabriel Vigo, una orden escrita a mano que contenía tres puntos, tal como se desprenden de su minúscula letra. Fue la primera orden del conflicto armado que se avecinaba.

El vicealmirante Alberto Gabriel Vigo le envió el documento “secreto” n.º 326/81 al vicealmirante Juan José Lombardo con la instrucción de que “deberá elaborar personalmente, y entregarme a la mano, el Plan actualizado para la recuperación de Malvinas”.

Los diarios del martes 5 de enero de 1982 informaron que los tres comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, se reunirían para analizar distintas cuestiones. Nada de todo esto era veraz.

En esa reunión, se analizó la cuestión Malvinas en el contexto de la política exterior y se concluyó que debía adoptarse una política “agresiva”. Según el informe de marras, “en esa reunión el caso Malvinas fue tratado fuera del temario de la Junta Militar. El análisis del caso partió de la trayectoria de las negociaciones desde 1965, hasta la fecha y los sucesos más recientes que hacían al tema”. Además, el mismo día se consideró dar un paso militar en el caso de no progresar la vía diplomática.

El martes 12 de enero la Junta Militar, reunida en el edificio Libertador a las 9 de la mañana, terminó de completar “un análisis político”, según La Nación, y analizar las próximas designaciones de gobernadores y embajadores. Nada era cierto.

Algo que no se dijo al periodismo fue que el 12 de enero “se trató la planificación militar de Malvinas como acción alternativa en caso de fracasar la solución negociada con Gran Bretaña y teniendo siempre el propósito de lograr el objetivo político a través de un acuerdo. Por Resolución no incorporada al Acta de la Junta Militar, se designaron —por consiguiente— a los señores general de División García, brigadier mayor Plessl y vicealmirante Juan José Lombardo para analizar la previsión del empleo del poder militar para el caso Malvinas con un enfoque político-militar que especificara los posibles cursos de acción. Se planeó asimismo que el trabajo sería secreto y manuscrito, eligiendo distintos lugares de reunión; y que además de los miembros designados tendrían conocimiento del tema, en el momento oportuno, los jefes del Estado Mayor General de las tres Fuerzas Armadas y el Sr. canciller”.

“Nunca van a mandar la flota”, dijo el canciller Costa Méndez. El funcionario pensaba que el Pentágono lo iba a apoyar.

Aclaramos, para el lector que no sabe, que el Pentágono es el edificio de esa forma geométrica donde se encuentra la máxima conducción de las Fuerzas Militares de Estados Unidos.

El martes 26 de enero la Junta Militar se reunió a las 9 de la mañana en el edificio Libertad. Durante la reunión se resolvió “fuera de Acta” que el Grupo Malvinas conformado por Lombardo, García y Plessl “preparara la exposición de los planes de la alternativa militar a mediados de marzo de 1982”.

A renglón seguido se produjo la nueva Directiva de Estrategia Nacional (DENAC) 1/82 y el Plan de Campaña Esquemático correspondiente a la Directiva de Estrategia Militar (DEMIL)1/82.

En la DENAC 1/82 se explicitan conceptos referidos al Poder nacional:

a) Objetivo político: consolidar la soberanía argentina en las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y contribuir a afirmar su pleno ejercicio en el Atlántico Sur;

b) Resolución Estratégica Nacional: el Comité Militar ante la evidente y reiterada falta de progreso de las negociaciones con Gran Bretaña para lograr el reconocimiento pleno de nuestra soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, y convencido de que la prolongación de esta situación afecta el honor nacional, el pleno ejercicio de nuestra soberanía en el Atlántico Sur y la explotación de recursos renovables y no renovables, ha resuelto prever el empleo del poder militar para el logro del objetivo político. Esta resolución deberá mantenerse en el más estricto secreto durante el planeamiento y circunscripta exclusivamente a los titulares de las áreas destinatarias”.

La Directiva Estratégica Militar 1/82 era más explícita a los ojos de un lego: “La Operación desde el punto de vista militar es apta, factible y aceptable”, y que “la Fuerza Conjunta estaría en condiciones de ejecutar la operación a partir del 15 de mayo de 1982”.

Lombardo sería el jefe del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS). El general de División García desembarcó en Puerto Stanley el 2 de abril y en los días de la guerra, como jefe del Teatro de Operaciones Malvinas, desplegó toda su fuerza mirando la frontera con Chile, porque los chilenos pusieron a sus espaldas más tropas que las que habían destinado en los días del conflicto del Beagle de 1978. El almirante Carlos Busser comandó la fuerza conjunta de desembarco. El contralmirante Gualter Allara fue el comandante de la flota y el contralmirante Carlos Alfredo García Boll fue el comandante de la aviación naval.

El plan de ocupación establecía un “D+5”. Eso significaba que, una vez cumplida la misión, los buques y las tropas volvían a sus destinos en el continente, quedando solamente una dotación de alrededor de 400 efectivos cumpliendo tareas policiales, mientras se abría el escenario diplomático.

Además de no generar víctimas fatales entre los británicos debía brindarse un buen trato a los pobladores isleños. Especulaban con la solución diplomática, pero al mismo tiempo llevaron carteles impresos con los nuevos nombres de las calles de Puerto Stanley. Eso significaba que iban para quedarse porque —especulaban— el Reino Unido nunca reaccionaría de la manera en que lo hizo: muy simple, para los que imaginaron la “Operación Rosario”, Margaret Thatcher no daría la orden de atacar a un blanco “no rentable”, eso les enseñaba la historia.