Читать книгу Entre el pesimismo y la esperanza: Los derechos humanos en América Latina - Esteban Pérez Caldentey, Sandra Serrano, Agostina Costantino - Страница 32

Una de las bases de datos de indicadores de derechos humanos generada con el método de medición con base en estándares más reconocida es la elaborada por los académicos David Cingranelli y David Richards, mediante el Cingranelli-Richards (ciri) Human Rights Data Project.[4] Codificando los informes anuales de ai y del usds, estos investigadores generaron indicadores (e índices agregados) de los niveles de violación de un buen número de derechos para 191 países, a partir de 1981 (cuadro 1).

Cuadro 1. Indicadores del CIRI Human Rights Data Project
Violación/derecho	Escala	Índice agregado	Escala
Desapariciones	0 a 2	Derechos de integridad física	0 a 8
Asesinatos extrajudiciales	0 a 2
Tortura	0 a 2
Encarcelamiento político	0 a 2
Libertad de asamblea y asociación	0 a 2	Derechos de “empoderamiento”	0 a 14
Libertad de movimiento externo	0 a 2
Libertad de movimiento interno	0 a 2
Libertad de expresión	0 a 2
Libre determinación electoral	0 a 2
Libertad religiosa	0 a 2
Derechos de los trabajadores	0 a 2
Derechos económicos de las mujeres	0 a 3
Derechos políticos de las mujeres	0 a 3
Derechos sociales de las mujeres	0 a 3
Independencia judicial	0 a 3
Nota: 0 significa mayores violaciones a los derechos en cuestión; mientras que entre más alto el indicador/índice, mayor respeto de los mismos.Fuente: Elaboración propia, con base en Cingranelli y Richards (2008a).

Como se observa en el cuadro 1, con base en los indicadores de algunos derechos, Cingranelli y Richards elaboraron dos índices agregados: el de violaciones al derecho a la integridad física (en una escala de 0 a 8, en el que 0 implica mayores violaciones y 8 mayor respeto), que incluye las desapariciones, ejecuciones, encarcelamiento político y la tortura, así como el de violaciones a los derechos de “empoderamiento” (en una escala de 0 a 14, en el que, de nueva cuenta, 0 implica mayores niveles de violación y 14 mayores niveles de respeto), que incluye violaciones al derecho a la libertad de asamblea y asociación, al derecho a la libertad de movimiento externo, al derecho a la libertad de movimiento interno, al derecho a la libertad de expresión, al derecho a la libre determinación electoral, al derecho a la libertad religiosa y a los derechos de los trabajadores (Cingranelli y Richards, 2008a; 2008b).

En el caso de las violaciones a los derechos a la integridad física, las reglas de codificación asignan puntos dentro de la escala ordinal, recurriendo (en parte) a una especie de suma de eventos. Para calificar la situación relativa a las desapariciones, las ejecuciones, la tortura o el encarcelamiento político en el país x en el año y, los codificadores otorgan un 0 si los informes de ai o el usds identifican cincuenta o más casos de la violación en cuestión; un 1 si se identifican entre 1 y 49 casos, o un 2 si no hay ningún caso registrado.[5] Empero, si los informes revisados no contienen este tipo de información cuantitativa, los codificadores son instruidos a otorgar un 0 si, al referirse a la práctica de la violación de que se trate, los informes utilizan explícitamente los siguientes términos: brutal (“gross”), extendida (“widespread”), sistemática (“systematic”), epidémica (“epidemic”), extensiva (“extensive”), al por mayor (“wholesale”), rutinaria (“routine”) o regular (“regularly”). Se otorgará un 1, por otro lado, si los informes utilizan los términos: numerosas (“numerous”), muchas (“many”) o varias (“various”) y, evidentemente, un 0 si los informes reflejan que no ocurren las violaciones en cuestión (Cingranelli y Richards, 2008b).

En el caso del resto de las libertades y derechos que incluyen en su base de datos, la calificación no emplea la suma de eventos, sino que se basa en una apreciación de la situación general por parte de los codificadores, siguiendo reglas de codificación más o menos detalladas, por ejemplo, en el caso de la libertad de asamblea y asociación, los evaluadores otorgarán un 0 si los derechos en cuestión son “severamente” restringidos o negados a todos los ciudadanos; un 1 si son “limitados” para todos los ciudadanos o “severamente” restringidos o negados para grupos específicos, y un 2 si las libertades en cuestión no son restringidas y son “disfrutadas” por prácticamente todos los ciudadanos.

Evidentemente, este ejercicio de calificación implica una apreciación por parte de los codificadores, con base en un análisis del contenido de los informes revisados. Esta apreciación, no obstante, sigue reglas previamente determinadas con cierto nivel de detalle, lo cual reduce de modo considerable los espacios para la subjetividad. Los evaluadores reciben instrucciones minuciosas sobre el tipo de casos en que deben otorgar un 0, un 1 o un 2. Por ejemplo, se especifica que debe otorgarse un 2 al país evaluado si se cumplen los siguientes criterios:

1) Hay respeto gubernamental a los derechos de asamblea pacífica y asociación para virtualmente todos los ciudadanos. El respeto gubernamental para estos derechos implica que reuniones públicas (incluyendo las de partidos políticos y grupos de oposición) generalmente se celebran sin impedimentos. También se permite que asociaciones profesionales, académicas, sindicales y políticas operen sin interferencia del gobierno, a menos que las actividades de estas asociaciones amenacen la seguridad o el orden públicos. Se permite a los ciudadanos protestar libremente ante decisiones y acciones del gobierno. Los permisos para manifestarse se otorgan de manera rutinaria, tanto a oponentes, como a quienes apoyan al gobierno.

2) El gobierno utiliza criterios transparentes y no discriminatorios para evaluar las solicitudes para asociarse o reunirse en asamblea. Esto es, los requerimientos para obtener un permiso o para organizar una reunión pública son usualmente publicados en una ordenanza, estatuto o cualquier otro documento legalmente vinculatorio. Los ciudadanos conocen estos requerimientos, los cuales son aplicados de manera consistente a todos en una base de no discriminación. Si el proceso de aprobación o denegación del registro de una asamblea o asociación no es transparente, pero no hay reportes de que el gobierno haya discriminado de manera injusta a algunos grupos o individuos, dicho gobierno recibe un puntaje de dos. (Cingranelli y Richards, 2008b: 54, mi traducción).

Así, las reglas de codificación del ciri Human Rights Data Project son un buen ejemplo de transparencia y precisión, lo cual permite la mencionada “replicabilidad” de esta base de datos. Por otro lado, la “confiabilidad” proviene de la participación de dos codificadores y de niveles importantes de coincidencia en sus codificaciones individuales. En la gráfica 1 se ofrece, como ejemplo, el índice del derecho a la integridad física de ciri para tres países de América Latina.

Gráfica 1. Violaciones a los derechos a la integridad física para Chile, Colombia

Una base de datos ampliamente utilizada y generada con la medición a partir de estándares es la Escala del Terror Político (“Political Terror Scale”, pts), la cual ofrece un índice de violación a los derechos de integridad física para más de 180 países, a partir de 1976.[6] La base de datos pts, elaborada igualmente por un grupo de académicos, se basa en la codificación de la información contenida en los informes anuales de ai y del usds, con lo que se genera un índice en una escala de 1 a 5 puntos (en la que un 1 implica mayor respeto y un 5 mayores violaciones).

A diferencia del ciri Human Rights Data Project, que —como ya se señaló— ofrece indicadores desagregados por cada derecho, el pts presenta un sólo índice en el que incluye a las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la desaparición forzada y el encarcelamiento político. Las reglas de codificación del pts también son claras y transparentes, aunque menos precisas o detalladas que las de Cingranelli y Richards. Sin embargo, a diferencia de las de ciri, que no ofrece indicadores diferenciados para los informes de ai y para los del usds, la pts sí ofrece un indicador año/país para cada fuente por separado. Esto sería pertinente, pues, en efecto, la valoración que ambas instancias hagan sobre la situación de derechos humanos en un país, en un año determinado, no es necesariamente coincidente.

Finalmente, los autores de la pts destacan como una ventaja frente al índice de violación del derecho de integridad física de ciri que su índice toma en cuenta explícitamente no sólo la intensidad de las violaciones, sino también su extensión, es decir, el grado en que afecta a mayores o menores segmentos de la población de un país (Wood y Gibney, 2010).

La codificación de la pts la realizan dos codificadores experimentados (“senior coders”), de acuerdo a la siguiente escala, con base en las instrucciones que se enlistan:

1)Países bajo un Estado de derecho seguro; las personas no son apresadas por sus opiniones; la tortura es rara o excepcional. Los asesinatos políticos son extremadamente raros.

2)Hay un monto limitado de encarcelamientos por actividades políticas no violentas. Sin embargo, algunas personas son afectadas; la tortura o las golpizas son excepcionales. El asesinato político es raro.

3)Hay encarcelamientos políticos de manera extensiva, o una historia reciente de dicho tipo de encarcelamientos. La ejecución u otros asesinatos políticos y la brutalidad pueden ser comunes. La detención ilimitada, mediante juicio o no, por motivos políticos es aceptada.

4)Las violaciones a los derechos civiles y políticos se han extendido a grandes sectores de la población. Asesinatos, desapariciones y torturas son una parte común de la vida. A pesar de su generalización, en este nivel el terror afecta a quienes se interesan en la política o las ideas.

5)El terror se ha expandido a toda la población. Los líderes de estas sociedades no ponen límites a los medios o a la minuciosidad con que persiguen sus fines personales o ideológicos.[7]

En la gráfica 2 se muestra el índice de la pts para tres países de América Latina:

Gráfica 2. PTS para Chile, Colombia y Costa Rica (1976 a 2011).

Por último, vale la pena referirnos a los indicadores generados por la organización estadounidense Freedom House, que abarca 194 países, desde 1972 a la fecha. En su reporte anual, Freedom in the World, dicha instancia ofrece un índice de derechos políticos y uno de libertades civiles, ambos en una escala de 1 a 7 (en la que 1 indica mayores violaciones y 7 mayor vigencia de los derechos en cuestión), con base en los cuales cataloga a los países en tres categorías amplias: “libres”, “parcialmente libres” y “no libres”.[8]

A diferencia del ciri y de la pts, Freedom House realiza sus ejercicios de codificación a partir de un amplio conjunto de fuentes no predeterminadas con anterioridad, mientras que la codificación la lleva a cabo un equipo de “analistas entrenados” y está verificada por “académicos asesores”, con conocimientos y experiencia concreta y específica sobre los distintos países y regiones del mundo. La codificación se basa en un listado de preguntas concretas: diez relacionadas con los derechos políticos y quince con las libertades civiles.

Así pues, los analistas adjudican entre 0 y 4 puntos a cada país en el año en cuestión, siguiendo las pistas ofrecidas por esas preguntas. Entre más puntos acumule un país, más cerca estará de obtener un 7 en la escala ordinal, y viceversa.[9] No obstante, los índices de Freedom House han sido criticados y cuestionados. Por un lado, sus reglas de codificación no son lo suficientemente precisas, por ejemplo, los analistas no tienen indicaciones claras sobre el tipo de situaciones en que deben adjudicar un 0 y en las que se tiene que asignar un 4, en cada una de las 25 preguntas. De esta manera, su ejercicio de codificación es difícil de replicar y, por ende, de validar.

Por otra parte, Freedom House no publica los detalles del ejercicio de codificación, esto es, los puntajes dados a cada país en las respectivas preguntas. En ese mismo tenor, no ofrece ningún tipo de dato que refleje los niveles de coincidencia o discrepancia entre los analistas que participaron en el ejercicio de codificación, lo cual afecta la confiabilidad de los indicadores.

Finalmente, estos problemas de replicabilidad y confiabilidad se vinculan con diversas críticas sobre un sesgo sistemático de esta base de datos, el cual —se dice— afecta de manera específica a los gobiernos con diferencias ideológicas o políticas severas con el gobierno estadounidense.

En la gráfica 3 se ofrece, como muestra, el índice de libertades civiles para los mismos tres países de América Latina.

Gráfica 3. Libertades civiles para Chile, Colombia y Costa Rica.