Читать книгу La contratación pública responsable. Funciones, límites y régimen jurídico - Vicenc Aguado i Cudola - Страница 7

El proceso de constantes cambios y mutaciones que experimenta el Derecho administrativo incide lógicamente en la elaboración, formulación y aplicación de sus categorías jurídicas. En algunos casos, la introducción de cambios normativos supone arrumbar viejas categorías y (re) descubrir otras. En otros casos, encontramos la constante adaptación y retroalimentación de categorías y nociones claves que van perviviendo a lo largo de los años.

El carácter indeterminado con que se construyen gran parte de las categorías permite al jurista su progresiva adaptación a la realidad. Como señala D. Lochak “la elasticidad de las categorías jurídicas responde a esta exigencia de adecuación del Derecho a la realidad”48. Ahora bien, las definiciones extremadamente flexibles contradicen las exigencias de seguridad jurídica. La necesidad de dar estabilidad a las situaciones jurídicas comporta a su vez la exigencia de categorías estables y claramente delimitadas. Nos encontramos, por tanto, ante una dialéctica entre seguridad jurídica y adaptación del Derecho a la realidad. Si se pone el énfasis en el primer aspecto se produce una inclinación hacia un mayor conceptualismo y sistemática, hacia definiciones más rígidas y simples. Por el contrario, si el acento está en una mayor voluntad de adaptación a una realidad más cambiante se opta por unas definiciones más amplias y flexibles que permiten tener en cuenta las sutilezas y detalles de las situaciones concretas y su ajuste a la evolución de la vida social.

El Derecho de la Unión Europea ha ido configurando una noción flexible de contrato público con el objetivo de afirmar el carácter autónomo de este Derecho y su primacía sobre el ordenamiento jurídico de los Estados miembros. Esta flexibilidad es lo que ha permitido erigirse en un verdadero ius commune cuya influencia e impacto ha producido notables transformaciones en los Derechos internos. En un inicio la construcción de este Derecho ha estado fundamentalmente al servicio de las cuatro libertades comunitarias de circulación de personas, servicios, bienes y capitales. En la actualidad, busca también alcanzar valores y objetivos fundamentales establecidos por los Tratados, ya sean sociales, medioambientales o de carácter innovativo. A lo largo de este trabajo veremos como la tensión entre ambas perspectivas (libertades económicas versus valores y objetivos fundamentales) han conformado la contratación pública responsable y, por tanto, la misma noción de contrato público.