Читать книгу Política y memoria - Virginia Martínez - Страница 17

En comparación con la dictadura chilena y otras dictaduras implantadas en el Cono Sur en la misma época histórica, una de las características específicas del golpe de Estado y del régimen dictatorial implantado en el Uruguay fue su naturaleza cívico-militar,[1] al menos hasta el año 1981.[2]

Efectivamente, el golpe de Estado fue ejecutado en la madrugada del 27 de junio de 1973 por quien desde noviembre de 1971 hasta ese mismo momento era el presidente constitucional, Juan María Bordaberry, por lo que dicho acto no representó un caso típico de usurpación del poder bajo las formas de derrocamiento, destitución o muerte del titular de la primera magistratura de la República.

Dicho de otra manera, el golpe en Uruguay fue un autogolpe en defensa o en reafirmación del poder del Estado[3] por parte de quien ya lo detentaba en calidad de presidente e integrante del Consejo de Ministros (Poder Ejecutivo),[4] por lo que dicho acto tampoco significó un total desplazamiento, una plena conquista o asalto al poder gubernamental por parte de militares golpistas que derrocan al presidente civil como en otros países vecinos.

Ese rasgo diferenciador del golpe de Estado en el Uruguay surge, precisamente, cuando queremos dar respuesta a una pregunta de la teoría política clásica: ¿quién ejecuta los golpes?, cuestión planteada en 1639 por Gabriel Naudé en su libro pionero Consideraciones políticas sobre los golpes de Estado.[5] Para el caso uruguayo, entonces, la respuesta a la pregunta de quién ejecuta el golpe de Estado es: el presidente de iure, quien, en ese mismo acto, devino dictador de facto.

La continuidad del titular del Poder Ejecutivo del Estado detentado por la misma persona a partir de la ejecución de un golpe de Estado cambió, inmediatamente, el título del gobernante: de presidente a dictador y, al mismo tiempo, el principio de legitimidad de su investidura: democrático-electoral (basada en el voto ciudadano) a poder de facto (basada en un golpe de Estado).

Es en ese sentido que sostenemos que el golpe en el Uruguay no representó un caso típico de golpe militar, es decir, ejecutado exclusivamente por las Fuerzas Armadas que instalaron una junta militar o triunvirato (de origen golpista) tras derrocar a los presidentes constitucionales y usurpar su poder legítimo (de origen electoral), casos: Jõao Goulart en Brasil (1964), Arturo Illia y María Estela Martínez de Perón en Argentina (1966 y 1976) y Salvador Allende en Chile (1973).

Con lo anterior, no queremos afirmar que en esos regímenes dictatoriales latinoamericanos no tuvieran participación activa los civiles, tanto desde el punto de vista represivo (Patria y Libertad en Chile, la Triple A en Argentina, la Juventud Uruguaya de Pie en Uruguay) como en cargos gubernamentales, formando parte del personal administrativo a nivel nacional o departamental o actuando como personal de confianza a distintos niveles y en diversos organismos del Estado autoritario. Este aspecto puede ser fácilmente verificado con nombres y apellidos en todos los regímenes dictatoriales de la región. Pero dicha presencia de personal civil en las dictaduras latinoamericanas de nuevo tipo no siempre determinó la naturaleza misma del régimen político-estatal implantado en el país.