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A efectos de explicar la crisis que desembocó en el golpe de Estado y en la dictadura que se extendió de 1973 a 1985 en Uruguay, es necesario analizar variables de índole económico, social y político entrelazadas. Uruguay tuvo, desde principios del siglo xx, una contradicción de largo plazo entre, por un lado, un Estado con una legislación social avanzada —de las más avanzadas del mundo hacia 1920—[1] y, por otro, una base económica limitada. Su población, que en 1910 era de alrededor de un millón de habitantes y hoy es de poco más de tres millones, no varía mucho porque el país tiene un escaso crecimiento poblacional desde principios del siglo xx (y una fuerte emigración a partir de la década de 1960), lo que configura un mercado interno pequeño y una economía que depende de la exportación. En la época de la que hablamos, las exportaciones se componían en un 90% de productos agropecuarios (carne, lana, cuero y derivados) generados por un empresariado nacional[2] poco innovador, poco dinámico y, por tanto, con baja capacidad de respuesta a las variaciones del mercado mundial.[3] Ya desde mediados de los años cincuenta se planteaban problemas serios, pero entre 1961 y 1971 aproximadamente, hubo una coyuntura exportadora muy mala, ocasionada por el Reino Unido y la Comunidad Económica Europea (antecedentes de la actual Unión Europea) —los principales socios comerciales de Uruguay— que fijaron un sistema de cuotas de comercio y prevenciones sanitarias que hundieron más la economía del país. Es importante señalar, no obstante, que hacia 1973, cuando se produce el “autogolpe” de Estado presidencial, los precios de las materias primas agropecuarias habían mejorado mucho, lo que hace suponer que este fue uno de los cálculos manejados por los golpistas. Se esperaba que la nueva dictadura tendría un cuadro económico satisfactorio, lo que entre otras cosas permitiría un aumento del salario real.[4]