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GOBERNAR EL TERRITORIO (O INTENTARLO)

Josep Sorribes1

¿Es viable eso del País de Ciudades? Bueno, para hacer boca no estaría mal que nos fijáramos en un país como Dinamarca, en el que las ciudades tienen un enorme protagonismo, amplios recursos y competencias y en el que el Gobierno de la nación podría asimilarse sin demasiado esfuerzo a la Generalitat Valenciana. Así para empezar, ya nos hemos librado de las Diputaciones, que no es poco.

Este escenario (una Generalitat o gobierno regional y municipios reforzados competencial y financieramente plantea, a fuer de sinceros, algunos problemas. La escasa dimensión de bastantes municipios dificulta la asunción de más competencias y hace que el tan cacareado Pacto Local sea una promesa hueca, muy típica de las habilidades circenses de algunos de sus impulsores. Además, el gran número de municipios dificulta objetivamente el diálogo bilateral con el gobierno regional y, por último, no parece sensato confiar en el voluntarismo como única vía de que el diálogo interciudades funcione.

Estas tres objeciones nos conducen a plantear qué tipo de organismos intermedios pueden ser más eficientes para gobernar, conjuntamente con la Generalitat, el territorio valenciano. Desde la aprobación del Estatuto y de la Ley de Régimen Local de 1985 ningún gobierno regional ha tenido los bemoles suficientes para sacar adelante una ley de comarcalización.

Ésta es sin duda una salida posible con dos condiciones: que la comarca (al margen de cómo se defina) no se convierta en otro organismo que «ahogue» a las ciudades impidiendo u obstaculizando la necesaria ósmosis y que sea eficiente. Ambas condiciones parecen verosímiles si el nuevo ente intermedio se constituye como un Consorcio de las ciudades de su ámbito, se dota de recursos humanos suficientes y cualificados y reduce al mínimo la estructura política. Si me apuran, con tener un presidente elegido democráticamente por los alcaldes y asistido por una pequeña comisión ejecutiva y un gerente competente con su equipo técnico y su canesú casi sería suficiente. El Consorcio asumiría todas las competencias para las que el término municipal ha demostrado sobradamente su obsolescencia y anacronismo histórico, mientras que en los municipios permanecería la representación política primaria, los servicios personales y los temas de identidad. Incluso la gestión urbanística y hacendística son perfectamente consorciables. Los alcaldes pierden (o, mejor ceden) poder pero pueden desquitarse en la asamblea de alcaldes que es donde hay que hacer política. Recursos humanos y financieros hay de sobra en las diputaciones y no haría falta incrementar la presión fiscal.

¿Qué comarcas? Las históricas se ajustan mal al objetivo de la eficiencia pero si se crean «comarcas de gestión», intentando que el mínimo poblacional se acerque a los 100.000 habitantes, agregando con sentido común nos iríamos a trece. La concertación con la Generalitat sería, entonces sí, fácil y eficaz. La Generalitat también habría de ceder competencias –la ley lo permite– y reforzar sus funciones de coordinación y dirección. Más recursos financieros y humanos para los Consorcios de Ciudades. Y, también, obviamente los ayuntamientos deberían ceder parte de sus competencias, recursos humanos y financieros. ¿Algún problema?

Sé que el último interrogante es una provocación y que la respuesta es automática: muchísimos. El primero y principal, que exige cambiar de chip, imaginarse una «función local» distinta a la de ahora, que exige una auténtica revolución de los modos de pensar y hacer y que lesiona demasiados intereses creados. Pero, si la alternativa es lo que tenemos, déjenme soñar, por favor.

Quizá algún lector se haya quedado un tanto mosqueado con eso de que «nos iríamos a trece» (comarcas de gestión, se entiende) y le gustaría saber de dónde sale la cifra. Sin ningún ánimo de pontificar, de aquí mi humilde aportación en la que aparecen, respectivamente, el número de habitantes en 1996 y el número de viviendas según el censo de 1991.

	Número de habitantes (1996)	Número de viviendas (1991)
I. El Baix Maestrat, Els Ports y L’Alt Maestrat	75.573	56.938
II. La Plana Alta, La Plana Baixa, L’Alcalatén y L’Alt Millars	354.463	-
III. El Camp de Morvedre y L’Alt Palància	96.771	-
IV. El Camp de Túria, Els Serrans y El Racó d’Ademús	106.306	74.732
V. L’Horta	1.342.442	559.933
VI. La Ribera Alta y La Ribera Baixa	270.621	143.659
VII. La Foia de Bunyol-Xica, La plana de Requena-Utiel y la vall de Cofrentes	80.689	49.725
VIII. La Canal de Navarrés, La Costera, La Vall d’Albaida, L’Alcoià y el Comtat	293.188	137.868
IX. La Safor y La Marina Alta	254.658	191.200
X. La Marina Baixa	119.974	90.269
XI. L’Alacantí	367.841	182.121
XII. L’Alt Vinalopó, El Vinalopó Mitjà, Les Valls del Vinalopó y el Baix Vinalopó	328.247	200.737
XIII. El Baix Segura	204.489	149.980

1 Josep Sorribes es profesor del Departamento de Estructura Económica de la Universitat de València.