Читать книгу Migraciones y seguridad: un reto para el siglo XXI - Alejo Vargas Velásquez - Страница 13

La tendencia a considerar las migraciones como un reto a la seguridad nacional o la seguridad pública por los países de llegada de los inmigrantes parece haberse acentuado después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. A partir de allí, la regulación de la migración se convirtió en una preocupación relevante de la seguridad nacional, con el propósito de prevenir el ingreso de terroristas extranjeros al país y neutralizar los grupos terroristas que utilizan las migraciones como una excusa para acceder a los países receptores de los inmigrantes y ejecutar sus planes violentos. Concretamente, esto se traduce en un cambio de actitud de los Estados de acogida frente a los inmigrantes, evidenciado en discursos que defienden la necesidad de cambiar las actitudes laxas y benevolentes por medidas migratorias más restrictivas. Este cambio de actitud hacia las migraciones se ha extendido en Estados Unidos y Europa, países tradicionales de acogida, en términos de una securitización del asunto migratorio, es decir, un conjunto de mecanismos discursivos y normativos que asumen las migraciones como un asunto de seguridad nacional.

En efecto, para entender el concepto de securitización y su implicación en el tema migratorio, es necesario partir del concepto mismo de seguridad. Para Charles David,

la seguridad puede ser comprendida como la ausencia de amenazas militares y no militares que pueden poner en cuestión los valores centrales que desea promover o preservar una persona o una comunidad, y que conlleva un riesgo de utilización de la fuerza. (Charles David, citado por Alejo Vargas, 2002, p. 145)

Tradicionalmente, la reflexión sobre la seguridad tendió a concentrarse esencialmente en la seguridad de los Estados bajo el concepto de seguridad nacional, que

[…] se consolidó como categoría política durante la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos rescató el uso político que la palabra seguridad ha tenido desde la antigüedad, para elaborar el concepto de “estado de seguridad nacional”. Este concepto se utilizó para designar la defensa militar y la seguridad interna, frente a las amenazas de revolución, la inestabilidad del capitalismo y la capacidad destructora de los armamentos nucleares. Con la generalización del uso de esta categoría política, el plano militar se convirtió en la base de las relaciones internacionales. Una vez terminada la Guerra Fría, un cambio importante fue la sustitución del enemigo externo por el enemigo interno que podía ser cualquier persona. (Leal Buitrago, 2003, p. 74)

Así, cuando hablamos de la seguridad nacional hacemos referencia al proceso de construcción de amenazas –tanto internas como externas– que ponen en riesgo los valores esenciales de un Estado. En el caso de la migración irregular –en algunos casos también de la regular–, se percibe esta como un fenómeno que favorece actividades ilegales como la criminalidad transnacional, el narcotráfico y, después del 11 de septiembre, también el terrorismo. En este orden de ideas, Wæver define la securitización como

[…] un proceso discursivo y político, a partir del cual se construye un entendimiento intersubjetivo dentro de una comunidad política, con el fin de tratar algo como una amenaza existencial a un objeto de referencia valorado, para así hacer un llamado urgente sobre medidas excepcionales para hacerle frente a las amenazas. (Brauch, 2009, p. 283)

Así, securitización se refiere a la inclusión de temas específicos, diferentes a los asuntos militares, dentro de las agendas de seguridad de los Estados. Se parte, entonces, de comprender el proceso de ampliación del concepto de seguridad tras la Guerra Fría: de un concepto cuyo objeto referente era el Estado-nación, se pasó a un concepto extendido y multidimensional de seguridad, lo que implica nuevas amenazas, vulnerabilidades y riesgos, que ya no surgen exclusivamente por parte de otras naciones, sino dentro de estas (actores sub-estatales como grupos étnicos, políticos o religiosos, mafias, criminales y narcotráfico) y más allá de estas (actores transnacionales como corporaciones, criminales y terroristas) (Brauch, 2009, p. 285).

Esta ampliación y redefinición del concepto de la seguridad tras la Guerra Fría afianza la idea de múltiples referentes de esta, desde el Estado hasta los grupos sociales y el individuo; además de incorporar temas no militares como el medio ambiente, las drogas ilícitas (ver figuras 1 y 2), la pobreza y, por supuesto, la migración.

FIGURA 1. Movimientos internacionales de drogas ilícitas (tráficos de drogas), trata de personas (migrantes y mujeres), contrabandos medioambientales (comercio ilegal de especies y animales). Fuente: González (21 de febrero de 2013).

FIGURA 2. Rutas del tráfico internacional de cocaína. Fuente: RT (2015).

En términos generales, se entiende que la seguridad consiste en librarse de las amenazas y ser capaz –sean los Estados o las sociedades– de mantener su independencia en lo que refiere a identidad y a su integración funcional frente a fuerzas de cambio consideradas hostiles (Barry Buzan, 1991, citado por Orozco Restrepo, 2006, p. 148).

En tal sentido, el concepto de seguridad se amplía para incluir casi cualquier problema que afecte la calidad de vida de la población y cuyo tratamiento trasciende las medidas policiales y militares. No obstante, como lo señala Ole Wæver (1995, citado por Tickner, 2008, pp. 4-5), estas nuevas concepciones de seguridad se nutren inevitablemente del registro conceptual existente en esta materia, con lo cual la seguridad, sin importar su definición específica, tiende a interpretarse por medio del lente de la seguridad nacional y sus esquemas estratégico-militares; por esta vía, asuntos como el migratorio son articulados dentro de las estrategias estatales de seguridad. Así, el concepto general de seguridad, pese a la multidimensionalidad que se le endosa –y las pretensiones conceptuales de la seguridad humana–, continúa enmarcado en el discurso de la seguridad nacional, con una fuerte ascendencia del pensamiento de Carl Schmitt, lo que implica un énfasis en la autoridad, la confrontación, la construcción de amenazas y enemigos, la capacidad para tomar decisiones y la adopción de medidas de emergencia policivo-militares (Buzan y Hansen, 2009, pp. 213-214).

La situación descrita es más evidente después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, cuando

[…] la reflexión sobre el tema de la seguridad tendió a concentrarse de manera exclusiva en la seguridad de los Estados, bajo la denominación de seguridad nacional, olvidando que tan importante como lo anterior y si se quiere el aspecto central de la seguridad son las personas que fueron y son la base de dichos Estados. (Vargas, 2010, p. 19)

Sobre las relaciones civiles-militares, Vargas nos propone una útil clasificación en la que podemos situar las relaciones entre los inmigrantes y los cuerpos armados de los países receptores:

En una democracia las relaciones civiles-militares se expresan por lo menos en tres dimensiones: a) la relación entre las autoridades democráticamente electas y las instituciones militares y policiales –que debe estar caracterizada por la subordinación de estas a la autoridad civil–; b) la relación entre las fuerzas políticas legalmente existentes y la fuerza pública –que debe estar marcada por un trato respetuoso con la diversidad de expresiones políticas existentes en la sociedad–; y c) las relaciones entre la sociedad y la fuerza pública –que son las que definen los niveles de legitimidad o aceptación de que dispone la fuerza pública–. (Vargas, 2010, p. 26)

En consecuencia, podemos ubicar las relaciones de los grupos inmigrados dentro de la segunda dimensión, por la posibilidad del ejercicio democrático adquirido por los inmigrantes que obtienen la ciudadanía del país receptor y que posteriormente trabajan en grupos políticos a favor de los inmigrantes, y en la tercera, en la que se puede ubicar a los inmigrantes que no tienen su situación de residencia regulada y originan las difusas y múltiples acciones policíacas frente a su tránsito al no contar con una posición regulada en la sociedad.

En efecto, los pilares de la modernidad que determinan un sistema de seguridad mundial son, según Giddens (1994), basados en criterios económicos a través de la relación entre las dimensiones institucionales de la modernidad y las dimensiones de la globalización (ver figura 3). Como dimensiones institucionales de la modernidad que se relacionan entre sí, tenemos: la vigilancia (control de información y supervisión social), el capitalismo (acumulación de capital en el contexto de mercados competitivos de trabajo y productos), el poder militar (control de los medios de violencia en el contexto de la industrialización de la guerra) y el industrialismo (transformación de la naturaleza: desarrollo de un entorno creado).

FIGURA 3. Relación entre dimensiones institucionales de la modernidad y las dimensiones de la globalización. Fuente: Giddens (1994, p. 64).

Las dimensiones de la globalización que establecen relaciones mutuas entre las partes son el sistema de Estado nacional, la economía capitalista mundial, el orden militar mundial y la división internacional del trabajo (ver figura 4).

FIGURA 4. Dimensiones de la globalización que establecen relaciones mutuas entre las partes. Fuente: Giddens (1994, p. 73)

Por lo tanto, la relación entre las dimensiones institucionales de la modernidad y las dimensiones de la globalización se expresa en el proyecto moderno. Este pretende mantener la estabilidad de un orden económico mundial a través de su estrecha relación con dimensiones e instituciones de control militar y supervisión social, que prevengan y repriman cualquier ataque al sistema económico global.

Cabe precisar que el creciente recurso a la securitización por los Gobiernos para la gestión política se articula con el concepto de seguridad humana, establecido por la ONU, que se refiere a la protección del ser humano, más allá de la protección del territorio y de la soberanía del Estado (González, citado por Aldana y Ramírez, 2012, p. 87). De esta forma, la securitización se desliza en el campo de la seguridad interior y abre la posibilidad de la utilización de medios bélicos en actividades propias de la seguridad pública. En palabras de Orozco Restrepo (2006, p. 144), asistimos a la aceptación o legitimación de la ruptura de las reglas de juego político con el objetivo de despejar la amenaza.

No cabe duda de que, si bien son los Gobiernos los principales actores securitizadores, en la práctica, también los líderes políticos y los grupos de presión pueden liderar los procesos de securitización (Buzan y Hansen, 2009, p. 214). Por ello, en el caso del tema migratorio observamos que, además de las élites gobernantes, grupos sociales y políticos locales –directamente o por intermedio de sus representantes legislativos– ante los Gobiernos nacionales abogan para que se integre el tema migratorio en la agenda de la seguridad nacional. Más aun cuando, como expresión de un subconsciente colectivo, se incrementa la figura discursiva sobre la existencia de un enemigo inesperado y difuso que provoca un clima de miedo ante la presencia del otro y cataliza la expresión de discursos y actitudes de rechazo hacia las migraciones:

El uso del lenguaje con la figura discursiva sobre la existencia de un enemigo impredecible, invisible y súbito, posiciona en el subconsciente colectivo algo que desconocemos, que jamás vamos a controlar y que está siempre presente en nosotros, y provoca un clima persecutorio permanente. Ya no controla el agente o actor el espacio particular privado, necesita de la protección de un Estado que tenga la habilidad y certeza para usar la fuerza, la autoridad y los recursos necesarios para eliminar al enemigo imaginario, a costa de perder o permitir la invasión en la vida privada. (Salazar y Rojas, 2011, p. 34)

En este contexto, bajo el paraguas de la protección de la seguridad nacional, policías y militares son autorizados tácitamente a participar en actividades contra la inmigración –particularmente la irregular–, lo que en ocasiones puede llevar a cometer actos discriminatorios, contrarios a los derechos humanos universalmente reconocidos. En la práctica, se convierten entonces en los principales agentes securitizadores, puesto que su objetivo principal es identificar y neutralizar las amenazas que vehiculan los inmigrantes y sus redes, en general, así como identificar cuáles de ellos se encuentran en situación de irregularidad y detectar las redes de traficantes de inmigrantes, en particular. Esta práctica es habitualmente asociada al uso frecuente de la psicología del terror con el propósito de interiorizar en los conciudadanos el miedo al extranjero, la idea de los indocumentados como generadores de violencia e inseguridad, asociándolos con el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico; esto contribuye a ver al migrante irregular o en situación de irregularidad como un enemigo interno.

Esta relación entre securitización y psicología del terror se expresa, en algunos casos, en la conformación de autodefensas civiles contra la potencial amenaza que deriva de la presencia del extranjero. Este fenómeno se evidencia en los grupos paramilitares en la frontera sur de Estados Unidos y los grupos de tendencia neonazi en Europa, que se sustentan sobre discursos antiinmigración, nacionalistas y xenófobos, basados sobre el rechazo a los elementos raciales y culturales extranjeros y diferentes a la identidad nacional histórica. Este tipo de posturas tienen auge sobre todo en tiempos de crisis; cuando se buscan chivos expiatorios o a quiénes culpar por la inseguridad política o las penurias económicas y sociales que padecen las poblaciones nativas, tal como sucedió después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, con la crisis económica de 2008 y con la gran crisis de 1929. Como hemos evidenciado que esta situación de miedo y odio al extranjero puede ser asociada a los procesos de securitización de las migraciones, vale la pena explorar algunas dimensiones de la xenofobia, el racismo y la discriminación en las sociedades modernas.