Читать книгу Migraciones y seguridad: un reto para el siglo XXI - Alejo Vargas Velásquez - Страница 23

Bajo el supuesto de la vulnerabilidad omnipresente, Estados Unidos ató las relaciones comerciales con sus vecinos a sus propios intereses de seguridad nacional, lo que implicó, bajo un primer análisis, una tensión manifiesta entre seguridad fronteriza y flujo dinámico de personas y bienes previsto por el TLCAN. No obstante, a pesar del unilateralismo con el que Estados Unidos implementó medidas de seguridad para restringir la porosidad de las fronteras, para México y Canadá, el escenario posterior al 11 de septiembre representó una ventana de oportunidad en materia de comercio bilateral con Estados Unidos. Esto debido a que, en consonancia con sus intereses de seguridad, Washington promovió la superación del modelo de seguridad imperante con base en fronteras territoriales, que restringe el flujo de bienes y personas, a favor de sistemas de administración de riesgos que comúnmente involucran procesos de liberación previa de bienes y viajeros (Gabriel, Jiménez y Macdonald, 2006, p. 550).

En todo caso, el establecimiento del perímetro de seguridad de América del Norte implicó una serie de presiones diplomáticas para lograr la convergencia de las políticas, tanto de México como de Canadá, en materia de seguridad exterior, control fronterizo y migratorio, de acuerdo con los requerimientos y paradigmas de la seguridad nacional estadounidense. En el caso de su frontera sur, la aproximación estratégica de Estados Unidos se basa en la percepción de aquella como una zona criminalizada donde convergen migración ilegal, narcotráfico, crimen organizado y –probablemente– terrorismo. De esta forma, como lo destacan Meyers, Sokolsky y Lagassé (citados por Hernández, 2008, p. 206), las presiones hacia México se orientan al fortalecimiento del control fronterizo y del combate al crimen organizado, y a la mayor inversión de recursos en aquellos aspectos de seguridad que Estados Unidos percibe como amenaza para sus intereses nacionales.

Ya en octubre de 2001, el entonces presidente George W. Bush, mediante la Segunda Directiva Presidencial de Seguridad Nacional, ordenó a su secretario de Estado, Collin Powell, así como a su secretario del tesoro y al procurador general, “iniciar negociaciones con Canadá y México para garantizar la mayor compatibilidad posible en políticas de inmigración, aduanas y visado” (Gabriel, Jiménez y Macdonald, 2006, p. 550). Con esto, Washington asumió un modelo de círculos concéntricos de seguridad que trascendía a toda Norteamérica e involucraba a las autoridades de México y Canadá en la salvaguarda de la seguridad nacional estadounidense.

El primero de estos círculos concéntricos de seguridad hace referencia al territorio estadounidense propiamente dicho, cuyos límites físicos están determinados por las fronteras terrestres, marítimas y aéreas del país. El segundo círculo se conformaría por la región de Norteamérica, lo que implicó la corresponsabilidad de Canadá y México, para la protección de las fronteras del bloque norteamericano. El último círculo estaría definido por las relaciones que mantiene Estados Unidos con los demás países del mundo, e involucra a estos en la prevención de factores de riesgo para la seguridad estadounidense (Hernández, 2008).

Después del 11 de septiembre, Washington requirió a sus vecinos la implementación de medidas de alertas tempranas en sus fronteras. Para ello, se suscribieron los acuerdos de Fronteras Inteligentes (Smart Border Agreement), primero con Canadá (12 de diciembre de 2001), y posteriormente con México (22 de marzo de 2002), que consistieron básicamente en un compromiso de cooperación antiterrorista (Benítez y Rodríguez, 2005, p. 80) que, para garantizar el perímetro de seguridad norteamericano, comprendía un concepto de frontera que trascendía los clásicos límites geográficos.

Para Gabriel, Jiménez y Macdonald (2006, p. 566), con Fronteras Inteligentes, México se apartó de su tradición de independencia con respecto a su política de seguridad exterior, y se alineó con la agenda de Washington. De esta forma, el acuerdo implicó el compromiso de todo el sistema de seguridad mexicano en la lucha contra el terrorismo y en apoyo de la doctrina norteamericana de Homeland Security. Benítez (2011, p. 186) destaca que, después de la suscripción del tratado, casi la totalidad de las corporaciones de seguridad pública, procuración de justicia, inteligencia y migración en México, empezaron a cooperar y colaborar activamente con sus contrapartes de Estados Unidos, incluyendo a los Departamentos de Seguridad Nacional, de Justicia, de Defensa y de Estado, así como agencias tales como a la CIA, la DEA, el FBI y el Cuerpo de Guardacostas. Con ello se hace patente la forma en que se securitizó el tema migratorio.

De esta forma, el acuerdo de Fronteras Inteligentes suscrito con México responde a las preocupaciones de Washington, dada la percepción de debilidad de México para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la migración irregular en su frontera norte. De esta forma, Fronteras Inteligentes abarca un amplio rango de políticas diseñadas para garantizar la seguridad estadounidense al tiempo que asegura la continuidad de los flujos económicos (Gabriel, Jiménez y Macdonald, 2006, p. 550). Llama la atención, sin embargo, que el tratado no hace una referencia directa a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Según Benítez y Rodríguez (2005, p. 81), Gabriel, Jiménez y Macdonald (2006, p. 568) y Hernández (2008, p. 202), el acuerdo está compuesto por 22 puntos, concentrados en torno a tres categorías centrales.

• Flujo seguro de personas

* Acelerar y gestionar de manera eficiente el flujo constante de viajeros pertenecientes al TLCAN.

* Incrementar el intercambio de información mediante el desarrollo de sistemas de datos compatibles.

* Avanzar hacia la consulta de políticas de visado.

* Énfasis en la atención al problema del tráfico de personas y el tamizado de individuos de terceras naciones.

• Flujo seguro de bienes

* Hacer que el comercio sea compatible con la seguridad mediante la cooperación entre los entes de las dos naciones y con el sector privado.

* Asegurar los cargamentos y envíos por tierra y proteger las vías ferroviarias.

* Cooperación bilateral para combatir el fraude en las aduanas y el contrabando.

• Infraestructura de seguridad

* Cooperación para la construcción de infraestructura para garantizar la seguridad en las fronteras.

Para evitar mayores trastornos en el tránsito de personas –de por sí restringido–, se puso en práctica, bajo el liderazgo y coordinación del DHS, un sistema de manejo de riesgo para la seguridad fronteriza consistente en una clasificación entre los migrantes mexicanos confiables y aquellos que no lo son, teniendo en cuenta que cerca del 90 % de las personas que ingresan a Estados Unidos por la frontera con México realizan dichos cruces de forma frecuente (Benítez y Rodríguez, 2005). La estrategia se basa en un estricto preregistro de las personas confiables, lo que permite liberar recursos y concentrarse en aquellos cuyos antecedentes sean menos claros.

Con este objetivo se diseñó la Tecnología Indicadora de Situación de Visitantes e Inmigrantes, US-VISIT, un sistema de registro de identidad biométrico instalado en los cruces fronterizos terrestres más transitados de Estados Unidos. US-VISIT es una base de datos que registra y archiva las características físicas (huellas digitales, ojos, rostro) de los individuos que ingresan al país y determina el grado de riesgo que representan para la seguridad de Estados Unidos. Cuando la persona pretende volver a cruzar la frontera, US-VISIT comprueba su identidad como individuo confiable y agiliza su paso por carriles y vías peatonales preferenciales (Benítez y Rodríguez, 2005).

Asimismo, se suscribió en febrero de 2004 el Memorándum de entendimiento sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos, para la deportación de migrantes irregulares mexicanos detenidos en suelo estadounidense, además de acuerdos para facilitar el intercambio de información con el fin de combatir las organizaciones de tráfico de personas, y otros programas de capacitación e intercambio de conocimientos entre las autoridades fronterizas de ambos países.

En particular, según estadísticas presentadas por las autoridades de Estados Unidos, Arizona es el estado por donde ingresa al país la mayor cantidad de inmigrantes indocumentados y de marihuana, donde se ha descubierto la mayor cantidad de los túneles de contrabando y que se ha convertido en una de las principales fuentes de armas (ver figura 1) para el crimen organizado transnacional. De allí que recientemente la zona sea observada con especial cuidado por el DHS, por lo cual se dio paso a la Alianza para combatir las amenazas transnacionales en el Corredor Arizona/Sonora, vigente desde septiembre de 2009. Este es un esfuerzo del Gobierno federal de Estados Unidos para incrementar las capacidades y recursos de más de 60 agencias federales, estatales y locales en Arizona, así como en el estado mexicano de Sonora, para combatir individuos y organizaciones criminales que representan una amenaza a las comunidades de ambos lados de la frontera (CBP, 2011a).

FIGURA 1. Origen de las armas incautadas en México. Destaca Texas con el 39 % de las armas. Fuente: El Universal (2010).

En el caso de las fronteras aéreas y marítimas, las medidas de seguridad implementadas con México –adoptadas por prácticamente todos los países del mundo con rutas directas a Estados Unidos, en consonancia con el tercer círculo concéntrico de seguridad– implicaron una mayor coordinación en materia de control del tráfico de personas y bienes entre las autoridades portuarias y aeroportuarias responsables en cada uno de los países, orientado a garantizar el seguro y eficiente flujo de personas y bienes, mejorar y proteger la infraestructura fronteriza y, por último, fortalecer la colaboración e intercambio de información (Benítez y Rodríguez, 2005).

Para ello fue menester establecer una estrecha relación con el sector privado, en especial de las aerolíneas, las cuales permitieron el acceso a las listas de pasajeros de los vuelos comerciales con destino a Estados Unidos. Así, en el marco de Fronteras Inteligentes y en colaboración con el sector privado, el DHS implementó los programas Global Entry y FAST. En efecto, el Global Entry es un sistema que permite el registro electrónico y anticipado de viajeros internacionales con destino a Estados Unidos –aprobados y calificados como de bajo riesgo–, en los aeropuertos de origen (Benítez y Rodríguez, 2005). Por su parte, FAST es un Programa de Comercio Libre y Seguro que consiste en la inscripción y certificación de los empresarios en la Asociación Aduana-Comercio contra el Terrorismo (C-TPAT) ante la Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos. Toda la información utilizada y suministrada por estos programas no solo alimenta los registros de los Servicios de Aduanas e Inmigración y del DHS, sino además del Departamento de Justicia, del Departamento de Defensa y del Cuerpo de Guarda Costas.