Читать книгу Migraciones y seguridad: un reto para el siglo XXI - Alejo Vargas Velásquez - Страница 21

Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre, Washington asumió un pensamiento geopolítico hiperrealista fundamentado en la doctrina de la Seguridad Interna (Homeland Security), la cual inició formalmente con la emisión de la Ley Patriótica (Patriotic Act) en octubre de 2001. Esta ley planteaba la necesidad de ampliar el alcance del tlcan con un apartado específico en materia de seguridad y defensa (Benítez y Rodríguez, 2005, p. 80). Estados Unidos instó a sus socios –México y Canadá– a aceptar la existencia de una vulnerabilidad omnipresente derivada de la amenaza terrorista. De esta forma, se condicionó el comercio bilateral a la construcción de un perímetro de seguridad norteamericano para blindar el territorio estadounidense contra nuevos ataques (Gabriel, Jiménez y Macdonald, 2006, p. 566). Este enfoque consistió en una estrategia integrada de seguridad que incluía la cooperación de México y Canadá en la guerra contra el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado y la migración ilegal, y tenía en el fortalecimiento de la protección de las fronteras terrestres una de sus piedras angulares. Al respecto, la Asamblea de América del Norte de 2003 (Gabriel Jiménez y Macdonald, 2006, p. 553) convocaba al desarrollo de fronteras eficientes y seguras como condición sine qua non de seguridad y prosperidad común.

Para reflejar el nuevo esquema de seguridad y de vulnerabilidad omnipresente, las autoridades federales llevaron a cabo una extensa restructuración institucional de las agencias de seguridad. Este proceso inició con la creación en 2003 del Departamento de Seguridad Interna (Department of Homeland Security-DHS), al cual se integraron 22 agencias federales y 170 000 empleados, y en el cual se unificaron agencias con funciones de seguridad y otras encargadas de aduanas y migraciones. En el contexto posterior al 11 de septiembre, el DHS asumió el control operativo de la frontera y la facultad para

[…] detectar, responder e interceptar penetraciones de la frontera en áreas que se consideran de alta prioridad de amenaza potencial u otros objetivos de seguridad nacional. El control operativo puede estar limitado a corredores específicos del tráfico ilícito o a otras localidades geográficamente definidas. (U. S. Border Patrol, citado por Hernández, 2008, pp. 198-199)

La estrategia fue, entonces, intensificar y extender los controles fronterizos y los mecanismos de combate a la triada terrorismo-narcotráfico-migración ilegal. Por ejemplo, en el marco de la Ley Patriótica, se permitió a las autoridades migratorias

[…] detener, hasta por siete días a cualquiera que no sea ciudadano de Estados Unidos de quien se sospeche está comprometido con el terrorismo o colabora en planes terroristas, antes de decidir si se inicia un proceso de expulsión. Las estipulaciones se aplican incluso a residentes permanentes de largo plazo. (Legomsky, 2004, p. 77)

Entre las agencias que pasaron a integrar el DHS, se cuenta la Agencia de Protección de Aduanas y Fronteras (U. S. Customs and Border Protection-CBP), encargada de garantizar la seguridad de 7000 millas de fronteras terrestres, compartidas con Canadá y México, y 2000 millas de aguas costeras en la península de Florida y en el Sur de California (CBP, 2009b); el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (U. S. Immigration and Customs Enforcement-ICE) y la Guardia Costera.

Dentro de la CBP se integran la Oficina de Operaciones de Campo (Office of Field Operation-OFO), encargada del control de inmigración y aduanas en los puertos de entrada al país; y la Patrulla de Fronteras (U.S. Border Patrol), responsable de la seguridad fronteriza en los extensos espacios abiertos a lo largo de la frontera, cuya misión es la de “prevenir que los inmigrantes irregulares crucen las fronteras de los Estados Unidos por cualquier propósito” (CBP, 2009a), y ser “capaz de mantener una presencia disuasiva, llevar a cabo cateos y detenciones, y patrullar terrenos difíciles” (Isacson y Meyer, 2012). La CBP cuenta, además, con varias instancias de inteligencia para la recopilación de información relativa al ingreso de personas y bienes.

Cabe mencionar que la Patrulla Fronteriza es la agencia que más ha experimentado la securitización de la cuestión migratoria después del 11 de septiembre. Desde entonces, la misión de la agencia involucró el combate al terrorismo, operaciones contra el narcotráfico, la interdicción de migrantes y muchas otras violaciones de las leyes federales dentro de un radio de 100 millas de la frontera (Isacson y Meyer, 2012). Como consecuencia, se militarizó la estructura operativa de la Patrulla Fronteriza, asumiendo una doctrina de conflicto de baja intensidad en la vigilancia de la frontera, que implica el uso de tecnología militar para el cumplimiento de su función, que incluye helicópteros, aviones no tripulados (Unmanned Aerial Vehicles) y lanchas fluviales rápidas de fondo plano y hélice superior (Meneses, 2012, p. 264). Así, la Patrulla Fronteriza se convirtió en la principal agencia mediante la cual el Estado federal ejerce presencia en la frontera.

De acuerdo con los datos presentados por Massey (citado por Herrera-Lasso y Artola, 2011, p. 27), para 2010 el presupuesto de la Patrulla Fronteriza había crecido un 950 % con relación al designado en 1980, mientras que las horas de servicio de los agentes se incrementaron más de 100 veces con respecto a las cifras de 1980; en tanto que Meneses (2012, p. 264) señala que el número de patrulleros en la frontera pasó de 4000 en 1994 a casi 9500 en 2002, y algo más de 20 000 para 2011. Las cifras oficiales presentadas por el CBP (2011b) indican que, en 2011, la Patrulla Fronteriza contaba ya con 21 394 agentes, 18 506 de los cuales estaban desplegados a lo largo de la frontera con México.

En estados como Arizona –que, según datos del DHS, mantiene el 7,9 % del total de migrantes irregulares en Estados Unidos– se implementaron operativos especiales contra los indocumentados como la ampliación de Safeguard –iniciado en 1995 en Los Nogales– al corredor Yuma-Luckeville (2003), la ejecución de Arizona Border Control-ABC (2004) y programas de repatriación voluntaria (Meneses, 2012, p. 264). En este estado se duplicó el personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y se puso en funcionamiento una plataforma tecnológica para el control de la frontera, que incluye unidades móviles de vigilancia, sistemas de imágenes térmicas y equipos de inspección no invasiva.

Así también, el número de millas del total de fronteras bajo control efectivo por parte del DHS creció en un 284 % entre 2005 y 2010. En el caso de la frontera con México, el control efectivo alcanzó 873 millas en 2010 (44 % del total de la frontera), es decir, se ha incrementado en 126 millas anuales desde 2005 (U. S. Government Accountability Office, 2013). Adicionalmente, para 2012 ya se habían construido 651 millas de muros fronterizos de las 700 millas ordenadas por la Ley del Cerco Seguro (Secure Fence Act) de 2006. Estas vallas fronterizas se encuentran especialmente en los centros urbanos más densamente poblados (El Paso, San Diego, Nogales) y en las zonas rurales de California y Arizona –aunque no existe muro en las secciones más montañosas de la frontera–. Estos muros están adaptados con cámaras, reflectores de alta potencia y sensores sísmicos (Isacson y Meyer, 2012).

La otra agencia del DHS con responsabilidades en materia de seguridad fronteriza es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (en inglés, Immigration and Customs Enforcement-ICE), la segunda agencia federal de investigación después del FBI. Su misión es hacer cumplir las leyes federales relativas al control de las fronteras, aduanas, comercio e inmigración (U. S. Immigration and Customs Enforcement, s. f.). De esta forma, ICE desarrolla funciones tales como la detención y deportación de inmigrantes y la verificación del cumplimiento por parte de los empleadores de la normativa respectiva a la no contratación de indocumentados. En 2012, ICE deportó 409 849 individuos que se encontraban de forma irregular en Estados Unidos, 55 % de los cuales tenían antecedentes penales.

Por su parte, la Guardia Costera es responsable de la defensa de las fronteras marítimas de los Estados Unidos. Su principal misión de seguridad nacional es la protección del dominio marítimo y del sistema de transporte marítimo de Estados Unidos, lo que conlleva el aseguramiento de puertos, vías marítimas y costas del país. La Guardia Costera está, entonces, encargada de la detección y detención de terroristas, narcotraficantes y migrantes irregulares que pretenden ingresar por mar a territorio estadounidense (U. S. Coast Guard, 2013). En la frontera con México, la Guardia Costera ha sido involucrada en la vigilancia del Río Bravo y de la ciudad de San Diego en California.

Asimismo, a partir de octubre de 2002 también se produjo un reordenamiento del Departamento de Defensa que implicó, entre otros aspectos, la conformación del Comando Norte, encargado de la defensa del territorio norteamericano –incluyendo jurisdicción sobre territorio canadiense y mexicano–. Aunque la participación de militares en la seguridad fronteriza está directamente relacionada con la guerra contra el terrorismo y las drogas, ellos apoyan la interceptación de inmigrantes irregulares al informar a las agencias civiles de seguridad pública sobre aquellos cruces no autorizados que sean detectados.

Así, por ejemplo, la Fuerza de Tarea Conjunta Norte (JTF-N) desplegó, en febrero de 2010, la Operación Nimbus II, que incluía el empleo de vehículos de combate acorazados tipo Stryker y una unidad de defensa aérea a lo largo de la zona fronteriza de Arizona y Texas, para proporcionar apoyo de inteligencia, vigilancia y reconocimiento a la Patrulla Fronteriza (Isacson y Meyer, 2012). Este tipo de operaciones se basan en tecnologías y lecciones aprendidas durante las guerras en Afganistán e Irak, con lo cual se evidencia cómo la zona de frontera ha sido convertida en una suerte de teatro de operaciones de guerra de baja intensidad, en cuya lógica todo acceso no autorizado, bien sea de personas o bienes, se constituye en una amenaza para la seguridad nacional.

A ello se suma el apoyo –temporal pero activo– que después del 11 de septiembre presta la Guardia Nacional a la Patrulla Fronteriza, operando en lugares estratégicos de la frontera, así como en los puertos de entrada de las aduanas. Entre 2006 y 2008, por ejemplo, la Operación Jump Start desplegó unas 6000 tropas de la Guardia Nacional para asistir al personal de seguridad de la Patrulla Fronteriza en tareas relacionadas con inteligencia, investigación y vigilancia aérea para contener el narcotráfico y la migración irregular. En 2010 y con objetivos similares, la administración Obama ordenó el despliegue de 1200 efectivos de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera –mayormente en Arizona, en menor medida en Texas, California y Nuevo México– (CNN México, 2011). En ambos casos, se justificó la asistencia de la Guardia Nacional como medida temporal mientras la Patrulla Fronteriza entrenaba a nuevos agentes (Isacson y Meyer, 2012).

A pesar del despliegue de diferentes agencias federales y la militarización para ejercer el control y la seguridad fronteriza, no existe una estrategia federal integral que coordine el esfuerzo interagencial para hacer frente al tránsito irregular de personas a través de la frontera con México.