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Si hay algún terreno en el que la subjetividad y la variabilidad sean la norma, este es el de los comportamientos y actitudes de la población hacia un sistema político. Más aún si nos encontramos, como es el caso, ante un régimen dictatorial. A. Lüdtke señala que, para la población alemana que vivió el nazismo, «... los casos indican la permanencia de diferentes modos de comportamiento en los individuos. Estos no siguieron una línea recta, sino un zigzag. El paso de la no complacencia, a la complacencia, e incluso, al activo entusiasmo, no era un cambio lineal» (Lüdtke, 1992: 49). Jordi Font, en su estudio sobre las actitudes de la población de la comarca del Empordá gerundense, también concluye que «en el terreno de las actitudes políticas bajo la dictadura, la complejidad, las paradojas, las incongruencias y los contrasentidos son lo que más abunda, y cualquier determinismo simplificador no tiene cabida» (Font, 2004: 51). La multiplicidad y diversidad de comportamientos son igualmente las características definitorias de las posiciones tomadas por el grueso de la población rural gallega. Incorporar un alto grado de subjetividad no supone, no obstante, renunciar a encontrar explicaciones a tales comportamientos. Bien al contrario, entendemos que los cambios y la evolución de las actitudes son el mejor campo de los posibles para valorar la eficacia de los instrumentos de control social, amén de para conocer las consecuencias que tuvo en la vida cotidiana de las comunidades rurales la implantación del franquismo.

La decisión de participar en la protesta y de, por lo tanto, pasar del descontento a la acción, requiere la conjunción de varios elementos. Ese cúmulo de factores puede ser categorizado en lo que Bert Klandermans define como «marcos». Son el «marco de identidad», el «marco de injusticia» y el «marco motivacional» (Klandermans et al., 2000). Los dos primeros permiten aprehender una situación como conflictiva e identificar a sus responsables, así como las condiciones necesarias para diseñar y dirigir las estrategias de acción. Por su parte, el marco motivacional es en el que se sitúa el cálculo coste/beneficio, proporcionando los motivos para la movilización. El marco de identidad implica la existencia de una identidad compartida, necesaria para que la acción emerja. La identidad colectiva

implica definiciones compartidas relativas a las metas, significados y campos de acción (...). Involucra redes de relaciones activas entre actores, que interactúan, que se comunican y se influyen, negocian y toman decisiones. [Del mismo modo] requieren un cierto grado de implicación emocional que permite a las personas sentirse parte de una unidad común (Fernández y Sabucedo, 2005: 121).

El marco de injusticia es aquel en el que se produce el paso del descontento a la sensación de que existe un agravio, un sentimiento de indignación moral, y en él se da una atribución de responsabilidad respecto a este. Este marco permite entender cómo se generan, interpretan, sienten y difunden las injusticias, su atribución y la indignación que provocan entre los potenciales participantes del movimiento social. El marco motivacional implica la creación y difusión de creencias sobre la eficacia de la acción colectiva y es, junto con el agravio, en opinión de Klandermans, una de las claves de la construcción social de la protesta. Solo cuando los potenciales participantes en un movimiento social piensan que las estrategias y las acciones colectivas son instrumentales para cambiar la situación y reducir el malestar, existe un vínculo entre el descontento y la conducta de protesta.

Este modelo interpretativo elaborado desde la Psicología Social hace hincapié en que la existencia de protesta pasa por la presencia de una identificación entre el individuo y su grupo (en este caso labrador-comunidad) que permita valorar una situación como indigna moralmente, y profundamente injusta, y que, al mismo tiempo, se entienda que los riesgos que se plantean al protestar son asumibles. El trinomio identidad, indignación moral y racionalidad debe confluir para que la opción de un sujeto o de un colectivo sea protestar. La inexistencia de uno de ellos lleva, consecuentemente, a una situación de adaptación que, evidentemente, puede soportar diferentes niveles de descontento, pero este no deriva en ninguna clase de acción.

El tipo de protesta, ya sea de resistencia civil, ya de oposición, como hemos mencionado, depende de la fortaleza que demuestre el Estado contra el que aquella opere. Las formas de disenso aumentan y las de oposición disminuyen conforme se acrecienta la presión ejercida por el Estado. De este modo, como ya hemos mencionado anteriormente, la protesta campesina con respecto a las disposiciones agrarias del franquismo no guarda semejanza con la protesta organizada y abierta empleada ante las medidas políticas liberales. Los labradores gallegos pasan de oponerse a una acción política e institucional fácilmente contestada desde posturas abiertas, legales y organizadas, a verse ante las políticas agrarias de un Estado con vocación totalitaria a las que las comunidades rurales tienen mucho más problema para substraerse debido al contexto de desarticulación política, autoritarismo y represión existente. Lo que homogeniza a ambos periodos son las fórmulas de resistencia cotidiana, siempre presentes en los colectivos subordinados, aunque se hallen canales para organizar una oposición de cariz más abierto y planificado.

Lo que resulta evidente es que nunca existe un grupo subalterno unitario, sino que aparecen divisiones internas en torno a líneas de fractura, como el grupo de edad, el género, el estatus, etc. Los sujetos ocupan diferentes posiciones y perspectivas, incluso opuestas con respecto a objetivos a primera vista análogos, en tanto que varían sus percepciones y el grado en el que se sienten involucrados y/o afectados. De ahí que también las alianzas entre los diferentes sectores socioeconómicos se trastoquen. Por lo tanto, sería una falacia hablar del «campesinado gallego» como un ente homogéneo que asumió una postura unívoca y conjunta ante el franquismo. Las diferencias internas, los contextos puntuales y las razones personales definieron la elección de una actitud ante el poder. Para comprender la amplitud de actitudes tomadas ante el franquismo se debe tener presente los condicionantes que la determinaron y que operaron en la elección de los individuos. Elementos como las políticas desplegadas y su incidencia son decisivos porque no afectan a todos por igual. Esto ha llevado a algún autor a hablar de una «lógica de adaptación social» (Burrin, 2004: 190). Esta concepción, pese a que no consigue reflejar las situaciones y las decisiones sociales en toda su complejidad, permite comprender cómo múltiples intereses, a menudo limitados y ocasionales, deciden las actuaciones de la mayor parte de los ciudadanos corrientes.

Referentes en la elección de una actitud hacia el poder

En relación con las actitudes sociales y con respecto a la toma de postura ante el franquismo, debe reconocerse que los sujetos no permanecieron estables en su actitud hacia el régimen. En el curso de una vida surgen problemas e incertidumbres, decisiones, aspectos del día a día que hacen dudar, cambiar o tomar actitudes diferentes frente a decisiones adoptadas previamente. Contradicciones que van acompañadas de una continua formación de nuevas situaciones de equilibrio, sujetas a nuevas rupturas. Y bajo un régimen dictatorial, un mismo individuo puede mostrar formas de lealtad acordes con el sistema y, en otras circunstancias o bajo otras premisas, convertirse en un resistente implacable. Pero, más a menudo, coexisten en la misma persona el rechazo y el consentimiento, y el balance entre las dos actitudes varía por razones puntuales.²¹ Existe, pues, una enorme ambigüedad en las tomas de decisiones por las condiciones de incertidumbre que distorsionan, incluso, las referencias individuales.

Como señalábamos, los actores sociales eligen racionalmente entre las diferentes opciones que se dan en cada escenario concreto, lo que obliga a realizar un estudio multidimensional de las causas que configuran dicha elección. Analizaremos, en este caso, las respuestas dadas a la situación económica y social de los años cuarenta y cincuenta, marcados por la represión de la disidencia política y/o social y por la miseria entendida en sentido amplio.

Un aspecto que hay que tener en cuenta en la elección de la forma que va a tomar la protesta es el hecho de que un sistema político dictatorial no presenta el mismo grado de fortaleza durante toda su existencia. Su perduración en el tiempo modela la actitud contraria de la población, pues, ya sea por cuestiones internas, ya por la realidad geopolítica, el Estado no mantiene el mismo nivel de dominio. El nazismo, el fascismo italiano, el Estado Novo portugués o el franquismo presentan formas de gobierno comparables que hacen igualmente similares las maneras de resistencia social y son sus diferencias, como su opción para la conquista del poder y, sobre todo, su diferente duración, las que las especifican. Recordemos que el Tercer Reich se mantuvo durante doce años, el fascismo italiano, teniendo en cuenta la República de Saló, veintitrés, y el franquismo treinta y seis. La duración tiene buena parte de la respuesta de por qué la resistencia cambió su naturaleza, en cuanto a formas y protagonistas. Las alteraciones, como ha analizado N. Werth (1999), son mucho más evidentes en los regímenes más longevos porque los fenómenos represivos también variaron en mayor medida, lo que refleja las transformaciones del régimen en sí mismo y su grado de consolidación, así como las condiciones exteriores.

Así pues, no se puede acometer el análisis del disenso en el mundo rural gallego sin tener en cuenta las alteraciones graduales en la calidad y en la apariencia del régimen franquista, ya que estas ocasionaron los correspondientes cambios en los modelos de protesta. El empleo de la violencia, caracterizada por diferentes niveles de intensidad en la incierta frontera entre lo legal y lo ilegal, y los modos de socialización fueron combinándose al socaire de dicha evolución en diferente grado. Establecer que la violencia, física y psicológica, es un elemento consustancial al régimen no exime de reconocer que esta experimentó modificaciones e intensidades distintas a medida que las circunstancias imponían cambios. Es lógico, por otro lado, que exista esa transformación paulatina del tipo de coerción, teniendo en cuenta que el régimen sobrevive a contextos muy diferentes. En el exterior la presión internacional, que lo veía como un resto de los Estados fascistas vencidos en la Segunda Guerra Mundial, provocó que el franquismo maquillara cuando menos su sistema de dominación, optando por vías menos sanguinarias. En el interior, la represión de los primeros momentos dio rápidamente frutos, por lo que la violencia física dejó su lugar predominante a encarcelamientos y detenciones arbitrarias que generaron un nuevo tipo de preso.

En nuestra opinión, cabe diferenciar tres periodos en la evolución de los modos de oposición y de resistencia en lo que se refiere al rural gallego.

1 En un primer momento, que corresponde a los años cuarenta y principios de los cincuenta, se hizo explícita una vía insurreccional en contra del régimen, representada por la oposición ejercida por la guerrilla y las organizaciones pasadas a la clandestinidad, que acompañó a toda una serie de formas de resistencia civil que responden a la legislación agraria inicial y a las disposiciones de primera hora de los sublevados.

2 Un segundo momento, que cubre la segunda parte de la década de los cincuenta y sesenta, se caracteriza por la práctica ausencia de oposición y por el protagonismo de las formas de resistencia civil. Esta exclusividad es sintomática de un periodo de consolidación del franquismo y de declive de la oposición política, con la desaparición del movimiento guerrillero.

3 En un tercer momento surgen nuevamente formas de oposición por parte de grupos organizados en la clandestinidad que coexisten con formas de resistencia civil que les sirven de sustrato. Esta etapa cubriría la última parte del periodo dictatorial hasta su disolución en 1975.

Al igual que en el caso alemán, según ha puesto de manifiesto Martin Broszat (1991), la oposición se alzó exclusivamente en las fases inicial y final del régimen, quedando la resistencia civil como única protagonista de la intermedia. Son momentos caracterizados por una visión posibilista sobre el derrumbe del sistema, ya fuera basada en las esperanzas infundidas por la situación exterior (la derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial), ya en perspectivas interiores (la decadencia personal del dictador y, con él, de su régimen). En la fase intermedia, la más larga en el tiempo, cuando se da la efectiva consolidación del poder franquista, la oposición se debilitó tremendamente y el descontento se expresó en exclusiva mediante actos de resistencia civil. Se trata de una resistencia de carácter mucho más funcional y amplia a las reglas e imposiciones franquistas, nuevas reglamentaciones que infringían los patrones de vida cotidiana y las normas internas de convivencia. Estas provocaron una escalada de actitudes en contra, desde las más aparentemente triviales, pasando por actitudes indolentes y de falsa ignorancia, hasta respuestas de protesta más organizadas.

Lo que cambió en los años setenta no fue la aparición del descontento, sino las metas y las formas de organización de este. La inflexión observada en los esfuerzos organizativos de la oposición hay que ponerla en relación con los cambios sufridos por la población del rural, por el régimen y con la politización de ese descontento y no en función de un descontento ex novo con respecto al régimen franquista.

1. La Segunda Guerra Mundial: un antes y un después

En la etapa de resistencia que nos interesa por la acotación temporal de nuestro trabajo, la primera, conviven oposición y resistencia civil. La importancia del contexto internacional que, como las diferentes teorías sobre revoluciones tratan de explicar, contribuye a fortalecer o debilitar los movimientos de protesta, está muy presente en la configuración del tipo de protesta ante el franquismo en este periodo, y define dos subperiodos.

La influencia del conflicto armado europeo no es algo exclusivo del caso español. Fernando Rosas (1995) describe la agitación social que recorrió los campos portugueses durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo entre 1941 y 1945. La tensión, señala el historiador portugués, se dejaba sentir en la documentación oficial y estaba en relación con la protesta contra la requisa obligatoria de productos de primera necesidad y la inoperatividad del sistema de racionamiento salazarista.

Como acertadamente advierte Óscar J. Rodríguez al estudiar el impacto que el conflicto armado europeo tuvo en la provincia de Almería, la Segunda Guerra Mundial es

un acontecimiento que llenará de esperanza e ilusiones a las personas de sentimientos antifranquistas (...) Aquellos que asistieron impotentes a la derrota de la República, pusieron sus esperanzas en la intervención de las potencias democráticas tras la victoria en la Segunda Guerra Mundial (Rodríguez Barreira, 2007: 229-230).

Y a pesar de que en muchos informes sobre el «ambiente» reinante realizados por las autoridades falangistas en las provincias gallegas se trata de mostrar una total normalidad, se deja entrever que la guerra europea era un asunto seguido y comentado por la población. En un parte quincenal correspondiente a julio de 1940, el jefe de Falange en Lugo insistía en que «si existe alguna característica especial en Lugo es la indiferencia en una inmensa masa de población», aunque puntualiza a continuación que

al igual que en el resto de España se han polarizado las opiniones y simpatías para los beligerantes del mismo modo que lo estaban cuando sufrían la guerra nacional (...) espontáneamente no se ha observado ningún apasionamiento, cosa natural si se tiene en cuenta la frialdad con la que se comentó por estas latitudes la ocupación de Tánger por nuestras fuerzas.²²

De igual manera, la sensación de buen ambiente y mansa tranquilidad que predomina en los informes que entrega la Dirección General de Seguridad de la provincia de Pontevedra varía a la altura de 1942 y, como motivos de ese cambio, se apunta a «la Guerra en Europa» y a las «influencias de la población de otros lugares».²³ Según estos informes, el conflicto mundial era un elemento de distorsión para la población y, además, en su opinión, Galicia, y sobre todo la provincia de A Coruña, era un lugar donde la actividad del Servicio de Inteligencia Británico en España tenía un mayor despliegue a través de súbditos ingleses afincados en dicha provincia que se encargaban de «reclutar» a los descontentos con el franquismo y a los «sedimentos que en gran cantidad quedaron del Frente Popular».²⁴

Pese a los intentos de las autoridades por negar que hubiera algún tipo de concienciación e interés por parte de la población, la evolución de la guerra europea era sentida como un problema en relación con el ambiente reinante en Galicia. En los casos en los que el ocultamiento no era expreso, los informes dan cuenta de que la opinión popular era mayoritariamente «simpatizante de Inglaterra» y de que había una

mayoría muy absoluta de partidarios de los aliados, lo son los ricos por su creencia de que una orientación inglesa pudiera satisfacer mejor sus ambiciones y también lo son los pobres por la tendencia a conseguir su redención a través de las democracias. En estos sectores, a través del bulo y del comentario clandestino, se abriga cierta seguridad de que las naciones del Eje perderán la guerra.

El análisis del jefe de Falange de Lugo acaba con la conclusión de que esta situación se debía a «una tenaz incomprensión general». En la provincia de Pontevedra se insiste en que la población rural «apenas sigue las incidencias de la guerra», pero

en cambio atribuye la carencia de algunos artículos de primera necesidad, pero en un sentido derrotista y mal intencionado como suponer que la falta de aceite y trigo es porque se exporta a Alemania e Italia. Estos rumores son diseminados por elementos contrarios a la actual situación y no simpatizantes con el Partido...²⁵

Lo que está claro es que, como expone Francisco Sevillano (2000), la Segunda Guerra Mundial dio lugar a una intensa politización de los sectores más concienciados de la sociedad, pero más allá de esto, añadimos nosotros, supuso un revulsivo para el conjunto de la población. No estamos hablando de un interés general por las cuestiones políticas, sino de la movilización y aprovechamiento de informaciones contradictorias y de los bulos extendidos por grupos opositores que demuestran cierto grado de independencia con respecto al ascendente de lo establecido por el poder. Oficialmente, el rural gallego era un espacio en comunión con las directrices dadas desde el sistema, un espacio en el que no había lugar para la existencia de una opinión popular que no fuera totalmente seguidora de los preceptos de Falange, un espacio, en fin, donde no tendría cabida la intranquilidad debida a un comportamiento no afín.

La Segunda Guerra Mundial vino a demostrar que la sociedad rural no era apática, que era permeable a la labor de los grupos opositores y que no era favorable a las potencias del Eje, rompiendo así con la publicitada «comunidad nacional». Insultos cada vez menos escondidos, comentarios sobre «arreglar las cuentas» realizados por familias de represaliados, rumores tramposos sobre la situación de la guerra expandidos a conciencia, multas más duras por escuchar la radio, etc., dejan entrever que la «calma», siempre aducida por las autoridades locales, no era total. Como diría P. Morgan, existe un comportamiento que, si bien no se puede tildar de descontento político para con el régimen, denota «distancia psicológica» (Morgan, 1999: 163) con respecto a las disposiciones oficiales.

Los vaivenes de la contienda mundial aparecen como un elemento destacable en la redacción de los partes de Falange. «Es indudable que la evolución de la guerra en los últimos días tiene repercusiones favorables en el sentido de imponer silencio a los desafectos y decidir a muchos indecisos a medida que la Victoria se perfila más claramente», se advierte cuando la confrontación parece franca para el Eje.²⁶ Cuando la marcha de la guerra no invita al optimismo para su bando, el régimen comienza a preocuparse por el rebrote del «peligro comunista» interior. Por ello, y como también ha constatado Alfonso Lazo (1998) para la zona sevillana de Aljarafe, en 1943 vuelve a demandarse a las autoridades locales de Falange un mayor control de los vencidos. Debían redoblarse los esfuerzos para controlar la situación: enviar una relación de todos los que habían pertenecido al Partido Comunista, de los relacionados con el Socorro Rojo, de los familiares de los represaliados, de los antiguos dirigentes de Frente Popular e incluso de aquellos que tuviesen algún familiar en el extranjero. Basta seguir los partes de Falange en los que se refleja la opinión popular de la Galicia rural entre los años 1443 y 1945 para darse cuenta de la efervescencia que la perspectiva de la pérdida de la contienda por parte de Alemania supuso tanto en la oposición, con una guerrilla que reactivó sus actividades, como en la resistencia civil.

En un informe sobre la provincia de Lugo de enero de 1943 se hace referencia explícita a que la población del rural, a través de bulos, rumores y comentarios, muestra una mayor confianza en la victoria de los aliados dado el resultado del cerco de Stalingrado. Un mes después se reconoce que si bien «ha decrecido el bulo insidioso que tiene su germen en los focos de elementos contrarios al Régimen, no por eso debe omitirse consignar que dichos elementos ven con satisfacción cualquier fracaso de carácter político-militar sufrido por las potencias del Eje, en la esperanza de que estos determinarán la victoria de las potencias democráticas y, por ende, la instauración en España de un orden político por ellos deseado». «Se nota la labor de zapa que con bulos y comentarios realizan los activos izquierdistas que aún tienen su última esperanza en la victoria de los aliados de la que pueden sacar como fruto la devolución a España de los jefes del Frente Popular», indicaba un informe del delegado de Falange en el Ayuntamiento lucense de Valadouro. En la misma línea, en enero de 1945 se reconoce que «el ambiente está impresionado por la marcha de la Guerra Mundial (...) los éxitos militares de la URSS tienen repercusión en grupos de intelectualismo rojo que considerándose ya dentro de posiciones más fuertes abandonan su peculiar cobertura realizando comentarios poco favorables...».²⁷

La incertidumbre causada por la cambiante situación internacional afectó no solo a los antifranquistas, sino también a los apoyos del régimen e hizo avanzar el proceso de desfascistización.²⁸ En A Coruña el jefe provincial de Falange recibe en marzo de 1945 la consigna de realizar actos conmemorativos que demostraran el éxito del encuadramiento del partido y su hondo calado social. Como se entendía que estas movilizaciones forzosas causaban el desánimo de los «desafectos», tenían una doble virtualidad, como demostración de adhesión y como pieza del aparato represor, en lo que se consideraba «un momento delicado».²⁹

Así pues, los años de más preocupación con respecto a la opinión popular son los que van de 1945 a 1948, en línea con la derrota fascista, que suscita expectativas fuera y dentro de España, y coincidiendo con los años de lucha más intensa por parte de la guerrilla y el «rearme» de las secciones clandestinas de los partidos políticos de izquierdas. Como ha señalado Abel Paz (1982), durante 1945 y 1946 la CNT consiguió niveles de militancia notables en Galicia, igual que en Canarias, Alicante y Murcia, a la vez que recuperaba su «fuerte» en Barcelona.³⁰ Con respecto a la lucha armada, no se trata de que la debilidad del régimen estuviera provocada por la intensidad de las actuaciones de la guerrilla, sino al revés. Fue el esfuerzo de la guerrilla el que pudo redoblarse a causa de ese «momento delicado» que atravesaba el régimen y porque entre la población calaban con más facilidad los rumores y comentarios sobre la posibilidad de que el sistema político pudiera cambiar.

El desenlace del conflicto bélico mundial provocó que la oposición al franquismo pasara de estar esperanzada e ilusionada en la rápida intervención en España de las democracias europeas vencedoras, a caer en una profunda decepción y desmoralización. Los antifranquistas, la oposición, como demuestran las memorias de Manuel Pillado, marinero de San Cibrao (municipio lucense de Cervo) y activo miembro del PCE antes y después de la Guerra Civil, tenían en el panorama internacional una vara de medir su potencialidad:

... la situación no variaba, pero la ilusión de tiempos mejores no faltaba. Habíamos perdido la guerra pero confiaba en que el fascismo español caería, con el alemán y con el italiano. Nunca pensé que el Eje pudiera ganar la guerra (...) después de que Alemania había conquistado media Europa, ya no las tenía todas conmigo (...) mis expectativas agonizaban al tiempo que los nazis avanzaban (Pillado, 2002: 229).

Lo mismo ocurría con el Partido Galeguista. Las memorias de sus líderes, Ramón Piñeiro y Manuel García Barros, dejan constancia del desaliento que invadió las filas de la oposición galleguista al franquismo:

... así pasaron más de dos años, sin esperanza, hasta que en el otoño de 1942 el Mariscal Montgomery derrotó el África Keops, y con los italianos en el norte de África, y la guerra pareció cambiar de signo (...) En ese momento llegamos a la conclusión de que la guerra aun podía durar mucho tiempo, pero que los alemanes, durara lo que durara, ya no la ganarían. Entonces fue cuando empezamos a pensar que la derrota de Alemania supondría también la derrota de Franco y ese hecho nos obligaba a prepararnos. Esas eran las cosas que comentábamos de aquella los galeguistas, pero sin elaborar planes de ningún tipo, especulando solamente con lo que nos podía deparar el futuro (Piñeiro, 2002: 62).

Me encuentro un poco desalentado con lo que sucede; creía que con la victoria de los aliados quedaría el mundo libre de la peste fascista, pero, por lo que voy viendo España no es del mundo. Tenía ciertas esperanzas en Francia y acabo de escuchar que iba a venir una representación a Madrid para concretar un tratado comercial. Por otro lado Churchill dice que hay que evitar el triunfo de las izquierdas en las elecciones inglesas porque eso le abriría la puerta al comunismo. Veo que no puede fiarse uno de nadie (Garrido, 1995).

En lo que respecta a la oposición y a la resistencia, la Segunda Guerra Mundial supuso un hito. Dio pie al auge de ambas expresiones mientras las esperanzas de victoria aliada y de intervención en España se mantuvieron. Pero concluyó con una tragedia para ambas, ya no solo por la actitud no beligerante y adaptativa de los aliados ante el franquismo, sino por el triunfo que para el régimen, sobre todo para la figura de Franco, supuso la no intervención española. Las ansias de paz de la población eran superiores a cualquier otra consideración y la publicística realizada por el régimen para explicar su neutralidad con una decisión acertada de Franco funcionó como un foco generador de consentimiento en ciertos sectores de la sociedad y, por tanto, como elemento minimizador de la resistencia civil.

2. El papel de las autoridades locales en la resistencia

En lo relativo a la fortaleza o debilidad del poder, también se debe tener en cuenta todas aquellas formas de resistencia localizadas, es decir, las protestas que se insertan en la lógica resultante de medidas políticas tomadas en el ámbito local. Las actitudes de alcaldes y concejales e incluso de autoridades locales de Falange o de los curas párrocos son decisivas en el surgimiento y la condición de las actitudes de resistencia.³¹ La alianza entre la población y alguna autoridad no solo permite desencadenar una forma de protesta de manera más sencilla, sino que disminuye el riesgo de ulterior represión. Es, por ejemplo, un aspecto decisivo para la realización de los motines, que nunca se habrían llevado a cabo de no contar con algún grado de certeza por parte de los participantes con respecto a que alguna autoridad local los apoyase o fuese lo suficientemente débil para no poder imponer las multas y condenas que la legislación preveía para esos graves incidentes. El ejemplo más esclarecedor ocurre en el motín de Tordoia, en A Coruña. En él, la interpretación de la reglamentación de la Jefatura Provincial del Servicio Nacional del Trigo (SNT) sobre la entrega obligatoria de cupo realizada por el alcalde, que el propio gobernador civil define como «torcida», y el papel de los alcaldes pedáneos, apoyando a los vecinos en la realización del tumulto, son cruciales.³² También podemos traer a colación casos en que las autoridades locales deciden no tramitar multas, es decir, no cooperan con el Estado en la sanción de acciones o actitudes de resistencia civil, o dejan que estas se desarrollen sin poner medios para abortarlas. El alcalde de Palas de Rei, por ejemplo, no impidió una manifestación de protesta de los vecinos contra el repartimiento que alcanzó la propia casa consistorial, actuación que le valió el cese por su «notoria incapacidad».³³ En Castro de Rei, la negativa de los vecinos a participar en trabajos obligatorios se vio favorecida por la actuación del alcalde, José María Pillado, ya que, como se denuncia en un informe de la policía gubernativa, en la prestación personal para el arreglo de los caminos vecinales fueron denunciados por el capataz varios vecinos que no asistieron a dichas obras, pero «el alcalde no tramitó la denuncia ni impuso sanción alguna».³⁴

De encubrimiento también podríamos tildar la actitud de los alcaldes de los municipios coruñeses de Padrón y Val do Dubra en 1944. Ambos decidieron no iniciar diligencias contra varios individuos de sus ayuntamientos que infringían la ley de pesca fluvial, lo que les granjeó una queja por parte de dicho organismo ante el Gobierno Civil de A Coruña.³⁵ También en relación con la pesca ilegal podemos mencionar el papel de la Hermandad del ayuntamiento pontevedrés de Cerdedo, que intercede con motivo de unas sanciones que el Servicio Nacional de Pesca Fluvial había puesto a varios vecinos. En este caso, la intervención se debía a la necesidad de la institución por hacerse popular entre sus encuadrados y, de hecho, admite explícitamente que «la cuestión pudo ser resuelta satisfactoriamente, con gran contento de los agricultores-ganaderos interesados, que vieron en la práctica los beneficios que les reporta estar encuadrados en la Organización Sindical Agraria».³⁶ Otra ruptura de su papel como correa de transmisión de órdenes superiores y primer ente sancionador fue la protagonizada por el alcalde del Ayuntamiento de Ortigueira al autorizar a los vecinos a realizar libremente matanzas de cerdos en el invierno de 1942, por lo que la Fiscalía Superior de Tasas le abrió expediente.³⁷

Los miembros del clero parroquial se revelan también en ocasiones como «protectores» de los descontentos de los fieles de sus parroquias, evidenciando cierta solidaridad. Esta puede ser medida en la mayoría de las ocasiones en clave de defensa de sus propios intereses. Acciones como encabezar las cartas de queja contra la repoblación de los montes vecinales, en las parroquias en las que ejercían su labor pastoral, eran relativamente usuales. Eduardo Rico (1999) ha documentado varios casos. En el municipio de Baralla los párrocos de las aldeas de Guimarei, Constantín, S. Xoán de Arroxo, Sobrada do Picato, Pacios y Vilachambre fueron los firmantes únicos de la petición de descatalogación de los montes vecinales de dichas parroquias para evitar la reforestación. Un caso parecido fue el ocurrido en el municipio de Castroverde, donde el cura de Montecubeiro personalizó el descontento de los vecinos de sus curatos. El protagonismo de los párrocos en ocasiones es compartido con otras autoridades de las mismas parroquias, como eran los alcaldes pedáneos. En O Saviñao, por ejemplo, ambas autoridades firmaron en las cartas de protesta de dos parroquias. Otras veces los curas optaron por comportarse como un vecino más y firmar entre el conjunto de los solicitantes de la no repoblación forestal. Eso ocurrió en parroquias como la de Viduedo, en O Incio; en la de Folgoso, en O Corgo, y en las parroquias de Chave y Reiriz, en O Saviñao.

A la vista de estos y otros episodios semejantes podemos concluir que las autoridades locales jugaron un papel de primer orden en las protestas que se desencadenaron durante las primeras décadas del franquismo. Eran la «bisagra» del régimen en el rural y operaron sopesando su doble papel, el de autoridades y el de vecinos. En ocasiones eran los intereses y solidaridades locales los que tuvieron más peso en sus actuaciones frente al apoyo y seguidismo al régimen. La posibilidad de controlar y gestionar los recursos en un periodo en el que eran sumamente escasos les daba un papel predominante y los hacía meros agentes reproductores de la «cadena de mando» superior en tanto que deudores del favor de sus cargos. Pero su condición de vecinos, con intereses privados coincidentes en muchas ocasiones con el resto de la comunidad, los convertía no en transmisores del poder central sino en los primeros moldeadores y negociadores de órdenes superiores. Que primara una u otra condición, la de autoridad o la de vecino, desbarataba o alentaba las formas de resistencia cotidiana, las camuflaba o las hacía innecesarias al colaborar en la mejora de la situación. Al referirnos a esa condición de vecino no tratamos solo de subrayar sus intereses similares al resto de la comunidad local, sino de evidenciar que en muchas ocasiones, al entender que su posición dominante así lo requería, se mostraban prestos a apoyar las reclamaciones de su comunidad. Sentir que su posición estaba segura y, en cierta medida, se respetaba era lo que generalmente movía a las autoridades locales a revelarse más proclives a dar traslado tal cual a medidas políticas superiores o a adaptar, transformar o incluso transgredirlas.

Para el Estado Novo portugués, Dulce Freire (2000) ha estudiado cómo las élites locales y las autoridades portuguesas criticaron públicamente en los años treinta la medida salazarista de introducir el corporativismo en el sector vitivinícola, concretamente contra la acción de la Federaçâo de Vinicultores do Centro e Sul de Portugal. Según esta autora, el descontento general de la población de las zonas afectadas fue usado por los representantes del poder local como arma de presión contra el poder central, pero esto en ningún momento supuso una incompatibilidad con su adhesión al Partido Único luso –Uniâo Nacional– ni con su devoción al régimen salazarista. En el estudio general que la propia autora realizó, junto con Inés Fonseca y Paula Godinho, se verifica que, frecuentemente, en asuntos como la repoblación forestal o la construcción de embalses, ante la amenaza que el poder central infundía en los intereses de las autoridades de esas localidades y élites sociales comprometidas con el régimen salazarista, estos no defienden propuestas que coinciden con lo establecido en Lisboa, sino aquellas que «menos perjudicam a terra que os viu nascer», aunque estas «estejam em clara contradiçâo com o bem da Naçâo» (Fonseca, Freire e Godinho, 1997). Para Galicia no podemos establecer cuál era la postura dominante en el conjunto de las autoridades locales en caso de no sintonía entre sus propios intereses y los designios de la política estatal. De lo que sí podemos dar cuenta es de que aun cuando la «bisagra» se tornaba hacia los intereses locales, igual que en el caso portugués, el límite de su defensa estaba en salirse de lo que podía entenderse que rompía la adhesión y fidelidad exigida por las altas instancias.

Amén de la ayuda de alguna autoridad local, la resistencia civil también aprovechó el rescoldo que daban las relaciones tirantes entre diferentes ámbitos de poder, véase alcaldes y jefes de Falange –evidentemente cuando este puesto no coincidía en la misma persona–, o entre las nuevas autoridades franquistas (hombres nuevos) y los antiguos caciques. La lógica de la defensa de intereses personales parece ser la regla definidora de las confrontaciones que las autoridades mantuvieron entre sí. Los resentimientos y malas relaciones dejaron espacio para que las comunidades evaluaran positivamente los riesgos y costes de la acción, lo que posibilita la operatividad del «marco motivacional» (Klandermans et al., 2000) necesario para articular la protesta. En el caso antes descrito de la manifestación contra el repartimiento en Palas de Rei, la actuación del vecindario y del propio alcalde debe entenderse dentro de una lucha de poderes en la que el cacique de Palas, José Ouro, actúa como contrapoder. La petición de los vecinos de Carballedo al gobernador civil de Lugo para destituir a su alcalde en febrero de 1944, firmada por vecinos y curas de las diferentes parroquias del municipio, en la que lo acusan de ser un mero instrumento de los intereses del cacique Federico Fernández González, también se produjo al amparo de la lucha por el poder que el mencionado alcalde y el jefe de Falange de As Nogais libraban en ese momento.³⁸ Igualmente, en Xove, con la denuncia realizada en agosto de 1951 ante el gobernador civil por parte de algunos vecinos (64 firmantes) contra la posibilidad de que José Rodríguez se hiciera con el cargo de alcalde cuenta con la aquiescencia del secretario del Ayuntamiento y de otros dos comerciantes, evidentemente perjudicados por un posible ascenso de su competidor:

... es público que José Rodríguez, actualmente Jefe Local de FET y segundo teniente de alcalde puede ser designado alcalde (...) tiene la cartería de correos, encargado de teléfonos, tiene un café-bar y una industria de ultramarinos con unos 550 inscritos en las Cartillas de Abastecimientos y también tiene un estanco con vecinos inscritos en las Tarjetas de Fumador. El delegado local de Abastos de Xove ordenó que se repartiera el aceite que el establecimiento de José Rodríguez tuviera en existencia pero, como este era de buena calidad, el mencionado individuo compró género de borras y entregó este malo para el racionamiento de los vecinos, a los cuales no sirvió para nada dada su mala calidad (...) hombre conflictivo siempre metido en juicios (...) multa por escándalo público (...) en el año 1950 en forma caprichosa y vengativa elevó las cuotas de arbitrios y varios contribuyentes de la parroquia de Xove, bajando la suya en 30 pts. (...) ruegan no nombren alcalde a dicho individuo.³⁹

En Trabada es la mala relación entre el secretario del ayuntamiento y el jefe local de Falange la que da cobijo a la actitud no colaboradora de la población en la entrega del cupo de cereal. El primero capitaliza el descontento arropando a la población que, manteniendo su negativa a la entrega varios años, provoca la intervención del gobernador civil, que ordena a las autoridades locales que consigan, por lo menos, el 60% del cupo impuesto. Los labradores mantuvieron su negativa amparados por la acción del secretario hasta que el jefe de Falange propone realizar una nueva recogida de cupo ya «sin su intervención». En ese momento los labradores cumplen con la obligación impuesta, si bien logran una rebaja considerable en el cupo.⁴⁰ María Jesús Souto (1999: 42-43) también ha señalado cómo detrás del apoyo que los curas de varias parroquias del municipio de Castro de Rei dieron a los vecinos que demandaban un reparto de los comunales en una carta que elevan al gobernador civil, puede apreciarse que su postura es una pugna por el poder entre Falange y los «viejos políticos» de la derecha, más allá de evidenciarse que actúan movidos por el interés económico que los curatos tenían en los montes.

Los conflictos institucionales enfrentaron también a las hermandades con otros organismos estatales encargados de hacer efectiva la política económica de intervención de precios y mercados de productos agrarios y factores de producción vinculados a la agricultura (CGAT, SNT o Fiscalía General de Tasas). Se mantuvieron asimismo tiranteces entre las entidades sindicales agrarias y los ayuntamientos alrededor de la fiscalidad local y de la atribución de determinadas competencias. Estos conflictos y desave-nencias tienen su reflejo en la conflictividad de la población. El posicionamiento de las hermandades con respecto a medidas intervencionistas de la economía en ciertas ocasiones supuso una atenuación de las consecuencias negativas de esta y de las medidas sancionadoras que la resistencia ejercida por la población conllevaría sin su intermediación. Estamos hablando de peticiones de condonaciones de multas por atraso en la entrega de cupo e incluso por la negativa a su entrega y de mostrar desacuerdo con las propuestas de cupo para determinadas campañas. Todo ello provocó en alguna ocasión su significativa revisión a la baja, como ocurrió en 1949, cuando 16 hermandades de Pontevedra manifestaron su desacuerdo con el cupo y forzaron –con la ayuda de los dirigentes de COSA– al jefe provincial del SNT a reducirlo.

Coincidimos con Daniel Lanero (2011) cuando indica que esta conflictividad institucional controlada no planteó nunca un ataque directo al régimen político como tal, sino que muestra las discrepancias entre las diferentes instituciones por la lucha constante por el control de los recursos en un contexto de escasez y por gestionar parcelas de poder político. Pero, aun así, ayudaron a recubrir demandas sociales que consiguieron categoría de conflicto y resistencia civil. Quizá uno de los ejemplos más clarificadores sobre una toma de postura de las hermandades para favorecer las demandas sociales lo tenemos en los amillaramientos. Puntualicemos que estas instituciones sindicales participaron en el conflicto, aprovechando el descontento existente, para hacerse con espacios de poder que hasta ese momento les habían estado vetados y, además, defendían los intereses de muchos de sus cuadros que, en su condición de grandes propietarios y contribuyentes, resultaban perjudicados.

La realización de amillaramientos, registros en los que se establece el valor de las propiedades rústicas con la finalidad de repartir, en función de tal valor, el impuesto de la contribución, estuvo en la raíz de una de las resistencias más habituales que se constatan en Galicia a partir de la segunda mitad de los años cuarenta y cincuenta del siglo XX. La Reforma Tributaria de diciembre de 1940 y las disposiciones de la Ley de 26 de septiembre de 1941 habían dispuesto la revisión, conservación y rectificación de los amillaramientos establecidos con anterioridad. Esta legislación, junto a las circulares de mayo de 1943 de la Dirección General de Propiedades y Contribución Territorial, encomendaba esta tarea a ayuntamientos y diputaciones. Desde el inicio de esta labor la población rural se mostró contrariada por las formas y maneras como se realizaba y activó toda una variada gama de resistencias. Las primeras están relacionadas con la no cooperación con los encargados de confeccionar la información y con la negativa al pago que cada propietario debía realizar en concepto de gasto de la gestión de registrar las propiedades y valorarlas. El malestar se incrementó ante la ineficiencia mostrada en la recogida de datos sobre las propiedades y animales domésticos que debían figurar en el amillaramiento. Los agricultores denuncian dejadez por parte de los gestores, errores en el registro, relaciones de favor con determinadas personas, etc. Actitudes todas ellas que acaban convirtiendo el amillaramiento en un registro falaz que, por serlo, condenaba al pago de un impuesto que no se correspondía con la realidad.

Las muestras de descontento generadas por la confección de los amillaramientos se recogen por toda la geografía gallega y se mantienen estables en el tiempo a lo largo de las dos primeras décadas de franquismo. Sirva como botón de muestra un ejemplo referido a la provincia de Lugo. En 1947 tres labradores de Pobra de Brollón decidieron denunciar ante el Gobierno Civil las irregularidades cometidas por la corporación municipal en el amillaramiento y, en ese mismo año, la práctica totalidad de los vecinos de Abadín incoaron un pleito judicial por el mismo motivo. Tres años más tarde, en el Ayuntamiento de Baleira se presenta una carta en la que se denuncia ante dicha autoridad provincial que «hay gran malestar por lo poco equitativo del mismo [amillaramiento] y se cobraron recibos dos veces en el mismo año». En Guntín, en 1952, los problemas recriminados se refieren a que las autoridades locales reclamaban dinero «en gran cantidad» a aquellos labradores que iban a declarar sus posesiones. En 1955 también decidieron expresar su malestar los vecinos de la parroquia de Doncos (As Nogais), determinación que les resultó negativa, pues, según da cuenta el comisario de Lugo,

amillaramiento: hecho con poco escrúpulo, problemas en Doncos, por darse la circunstancia de que un vecino, siendo uno de los mayores propietarios resultó ser uno de los más favorecidos por el amillaramiento, al verse que este había sido designado como representante pericial, se alteraron un tanto los ánimos y con este motivo varios vecinos que se creían perjudicados, se reunieron algunas veces en As Nogais, en casa de Jesús Núñez Bermúdez (a) «Rucho», quien elevó reclamaciones que se dice no han tenido efecto alguno al ser desestimadas por la Delegación de Hacienda de Lugo, teniendo que abonar los participantes en estas reuniones en concepto de gastos y honorarios ocasionados 1.000 pts. cada uno...⁴¹

En la protesta contra las deficiencias de los amillaramientos los labradores contaron con apoyo de las hermandades. Entre 1945 y 1950 van a ser continuadas las alusiones en la prensa sindical y en las asambleas de hermandades provinciales al «carácter francamente abusivo» de aquellos, hasta el punto de crear, caso de la Hermandad Provincial de Pontevedra, una comisión o servicio encargado de preparar un plan de amillaramiento alternativo al de los ayuntamientos y de elevar una queja formal ante la Delegación de Hacienda. El ente sindical argumenta que su postura proclive a favorecer las demandas campesinas en el caso de los amillaramientos es una cuestión de «justicia». Según las conclusiones de la Asamblea Provincial de hermandades de Pontevedra,

No se nos oculta que el campesino de nuestra región ha sido siempre reacio a cualquier reforma tributaria, fenómeno que nada tiene de particular dada la pobreza en que normalmente ha vivido, pero es que en el presente caso no rehúye la aportación de recursos a la ingente tarea económico-social que está llevando a cabo el Estado sino que pide que el reparto de la contribución se haga con justicia y que cada uno pague por lo que debe pagar. Hay que tener además en cuenta que esta distribución tan poco ecuánime de la contribución territorial se produce en el momento en que el campo atraviesa por una grave crisis económica, la de la baja perpendicular del precio de los productos del campo y de la ganadería (...) Pues bien (...) en este momento esta injusta distribución de la contribución rústica crea una situación de verdadera calamidad para un gran número de campesinos.⁴²

Justicia social y consolidación, en su papel de representantes válidos de los hombres y mujeres del rural, son los motivos que arguyen, aunque detrás de esta actitud de colaboración sindicato-encuadrados lo que está es el interés de aquel por lograr el traspaso de esta atribución del ayuntamiento a sus manos. Afianzar el poder en el campo no era baladí si tenemos en cuenta las dificultades de implantación que las hermandades tuvieron en Galicia y así se entiende que titularan más de una noticia sobre el aplazamiento o la revisión de los amillaramientos con el significado epígrafe de «Defensa de los intereses campesinos. Contra la injusticia de un procedimiento absurdo. Merecido aplauso del agro a la valentía y gestión de sus mandos provinciales».⁴³

Pero son sobre todo los problemas competenciales los que llevan al ente sindical a actuar decididamente. La posibilidad de hacerse con el control de un nuevo espacio de recaudación y arrogarse potestades de intervención en la fiscalidad municipal eran ambos botines que merecían su alineación con las demandas campesinas. Las hermandades conseguirán que su posición en la «batalla de los amillaramientos» se reconozca en 1949, momento en el que se prohíbe la exacción directa a los labradores por el servicio de elaborar los amillaramientos y se posibilita su rectificación cuando esto fuera solicitado por el ayuntamiento en cuestión o por un grupo de propietarios superior al 25%. Pero, como se aprecia por las fechas de las protestas traídas a colación para la provincia de Lugo, los amillaramientos y su confección no dejaron de estar en manos de los ayuntamientos y tampoco dejaron de provocar episodios de resistencia por parte de los labradores, más allá de la acción de las hermandades.

3. El remplazo generacional: una generación sin pasado

En este ejercicio de parcelación temporal de las formas de resistencia, es fundamental reconocer la existencia de diferentes posiciones, es decir, de considerar la inevitable heterogeneidad de los grupos sociales que vivieron el franquismo. Las posiciones tomadas por la población están determinadas por diversas condiciones, entre las que debemos tener presente la edad. Esto tiene que ver con la construcción de una conciencia histórica diferente entre generaciones que someten el poder a visiones diferentes (haber vivido la guerra/no, poder comparar con la realidad de preguerra/no, etc.), pues dicha conciencia redefine las posiciones dentro de los sujetos a la hora de formular los modos de resistencia.

La biografía generacional es crucial para la comprensión de muchas cuestiones sobre los niveles de resistencia y sus diferencias. La toma de poder franquista alteró las relaciones sociales existentes de manera clara. Así, generalmente, la generación que llegó a su edad adulta antes del franquismo permanecía más escéptica y crítica, mientras que la generación más joven se mostró menos combativa. La importancia del papel de la escuela y de otros pilares del franquismo como entes propagandísticos y socializadores en este aspecto es evidente.⁴⁴ La familia también actuó como un foco para la creación de consentimiento con respecto al franquismo. A pesar de que se tratara de padres combativos en su momento, los comentarios y conversaciones aleccionadoras con los hijos, con el anhelo de protegerlos y asegurarles no tener que pasar por situaciones peligrosas y perjudiciales, apuntalaban la necesidad de aceptar la situación (Aguilar, 1996: 65).⁴⁵ Salvo casos de compromiso excepcional, la mayoría de las primeras generaciones que vivieron el franquismo se encargaron de no dar a los más jóvenes elementos con los que comparar la situación del momento y buscar, con ello, su aceptación.

Yo recuerdo precisamente en la casa donde yo nací, me pasó con dos que andaban refugiados del ejército... era la feria del 26. Le dijeron a la Guardia Civil que fulano y fulano los habían visto en la feria, y movilizaron la feria... mira de aquí y de allí, los tíos no los cogieron en la feria, pero sí más tarde cogieron a otros sospechosos... eran los tres vecinos, los trajeron a nuestra casa porque mi abuelo había sido concejal de ayuntamiento y le había pasado el cargo a mi padre, que pasó de ser concejal a ser alcalde pedáneo de la parroquia... los trajeron a mi casa... uno era sobrino de mi padre... los trajeron y les dieron una «pasada» para que cantaran dónde estaban los que andaban los que buscaban... a nosotros los chavales nos metieron en una cuadra para que no viéramos nada de aquello, para que no viéramos como les pegaban.

Cuando estalló la guerra pues él [el maestro de Foz, una de las personas más vinculadas con la República en este ayuntamiento] me daba consejos... cuando estalló la guerra él empezó a tener miedo, un miedo negro, porque estaba fichado y tal... y no se atrevía ni a hablar pero a mí me daba muchos consejos, de que nunca me metiera en política y que no me afiliara a ningún partido.

... políticamente todos éramos de un lado, estábamos tan concienciados, desde que tenía uso de razón, y no vi nada más que eso... y concienciado sobre todo por las personas mayores de casa «¡ay mis niños! Tened cuidados cuando habléis de política, no os metáis en nada...», no había nada en que meterse todos éramos de un bando... uno fue criado en esa cultura, y no veías más que eso... y eso y punto, y eso iba a misa y nada más, el resto no existía, no era decir que tuvieras una opción, el resto no existía... después hubo épocas en que, ya con los aparatos de radio, se oía la «Pirenaica», y, pero bueno, había que tener mucho cuidado con que no te oyeran que era motivo de sanción y todo eso, pero bueno, todo lo que oías a través de la «Pirenaica» también te parecía una tontería que no conducía a nada, no había una argumentación que te convenciera, porque estabas influenciado por la coexistencia, por el día a día.

Yo nunca quise que se hablara de política en mi casa con los críos. No me gustaba que supiesen ciertas cosas porque en este país no se puede meter uno en ellas (...) Mira, mis hijos nunca supieron que ese de al lado de la carretera fue el que me denunció a mí, y que estaba con los que nos dieron aquella paliza... Ni siquiera lo saben hoy, y eso que de pequeños eran muy amigos de sus hijos.⁴⁶

El mutismo de los padres favorecía la penetración de sentimientos de identificación con el régimen en los hijos (Saz, 1990). La diferencia generacional fue percibida especialmente por los emigrados-exiliados de primera hora que, después de reanudarse el flujo migratorio a partir de 1946, se encuentran con un emigrante muy diferente tanto sociológica como políticamente a su llegada. Castelao, en 1949, lo expresaba amargamente como «la mentalidad de los nuevos emigrantes gallegos, que vienen a enriquecerse con los métodos corrientes en España. Hablaría de la emigración de los jureles con tanto respeto como lo haría de la emigración de los gallegos de hoy en día» (Núñez Seixas, 2004: 125).

A medida que avanza la dictadura aparece lo que se denominó en su momento «mentalidades auto-reprimidas» (Soutelo y Sabas, 1994: 232; Ortíz Heras, 2004). El control de las autoridades puede convertirse en menos evidente y presente, hasta incluso desaparecer, dejando todo el protagonismo a represaliados por la dictadura que mantuvieron este control deliberadamente, transformándose en represores de sí mismos e inculcando el miedo a las generaciones siguientes.⁴⁷ Una autorrepresión que se transmite de la familia al conjunto de la sociedad por mera agregación. De ahí que se pase de una época inicial donde existe una oposición al régimen en el medio rural a otra donde esta prácticamente se desvanece y aparece como casi única respuesta la resistencia civil. Miedo y miseria consiguieron en España en general, y en Galicia en concreto, algo sin parangón en Europa, que mayoritariamente se acabara asumiendo un sistema de autocontrol, de autovigilancia que impidiera cualquier posible manifestación de oposición para el común de la población.

En este sentido, debe puntualizarse que representar al sujeto de la represión fascista acostumbra a tener como resultado trazar instintivamente un retrato amable y justificativo de la víctima. En dicha representación parece que la víctima lo es siempre y forma parte de un bloque de damnificados. Si calla o potencia el silencio es por causas que le sobrevienen, mucho más poderosas que ella, que sigue arrastrando sine die la debilidad del espacio y del momento que la convirtió en tal víctima. Representar así a las víctimas de algún tipo de represión es, paradójicamente, deshistorizarlas, esencializarlas y petrificarlas en su condición. En este sentido, la idea de que el olvido y el silencio son siempre fruto de presiones negativas sobre el sujeto no es veraz en todos los casos. Esta decisión no es el resultado unidireccional de la relación víctima-perpetrador. El silencio parece obedecer también al papel jugado por individuos que no quieren recordar deliberadamente, que no ambicionan ser percibidos como disidentes de las disposiciones franquistas, que no se reconocen en el papel de víctimas porque eso supone un lastre para su presente y potencial futuro, el cual pasa, muchas veces, por la promiscuidad con el antes «enemigo».

De este modo, antiguas víctimas se convirtieron con el tiempo en «guardianes de la normalidad franquista» (Piedras, 2004). Fue el caso de Gonzalo Rodríguez Pérez, de Alongos, en el Ayuntamiento ourensano de Toén. Su condición de galeguista y fundador de una delegación del Partido Galeguista en su aldea hizo que se convirtiera en fuxido. «¡Aquí fue un desbarajuste lo que hizo la Falange con pueblo (...) merecían que los mataran a todos!», recuerda. Al entregarse, al final de la guerra, debió cumplir condena sir-viendo en el ejército hasta 1942, año en el que lo licenciaron del servicio. Pocos años después, sin embargo, fue elegido presidente de la Hermandad de Labradores de Vilamarín, con lo que puso fin a su condición de víctima del régimen franquista.⁴⁸ La misma situación es la de muchos colonos de la comarca lucense de Terra Chá. En un primer momento estamos ante, si no represaliados, sí damnificados por el franquismo. Se trata de pequeños agricultores cuyas casas y fincas son expropiadas, bien para llevar a cabo un decreto obligatorio de repoblación forestal, bien para la construcción de un embalse. Esta incidencia los conceptuó, y así se categorizaron ellos mismos, como «víctimas», pero con el pasar del tiempo, y al convertirse en exitosa en términos económicos la empresa colonizadora –a partir de la segunda mitad de los años sesenta–, dejaron de identificarse de tal manera y, es más, pasaron a reconocerse en su discurso como beneficiarios de las medidas franquistas.⁴⁹ Así pues, es preciso señalar que víctimas y perpetradores son categorías muchas veces volátiles y cambiantes en el discurrir del tiempo y no deben ser vistos como departamentos estancados.