Читать книгу Sobre delitos y penas: comentarios penales y criminológicos - Gabriel Ignacio Anitua - Страница 20

Nunca como en la actualidad hemos estado tan cerca de los países que nos rodean. Esto es especialmente cierto con respecto al Brasil, que afortunadamente ha dejado de ser un rival (aunque sea futbolístico) y es ahora un compañero de viaje y también un ejemplo para imitar. Sobremanera lo es para quienes estamos interesados en la construcción de alternativas políticas de izquierda. Y como esas alternativas no pueden dejar de lado las políticas penales es que creo que desde las ciencias que estudian dichas políticas también debemos fijarnos en lo que se hace en la República hermana.

Y es que se hace mucho. De entre la abundante literatura brasileña sobre las disciplinas penales, he puesto la atención en el avanzado estado de la investigación y la bibliografía sobre el tema “seguridad”. Es cierto que, en la actualidad, y no solo en Brasil, el pensamiento crítico sobre la cuestión criminal se dedica a analizar las políticas securitarias (restándole atención a antiguos y más persistentes objetos de estudio como el sistema penitenciario, el judicial, la reforma penal y procesal penal). No es menos cierto que ello se justifica ampliamente puesto que sobre ese sensible punto de discusión pública convergen las más diversas ideologías políticas en amplio sentido –y también penal–. Las ideologías reaccionarias aprovechan la inseguridad real para imponer respuestas represivas, que desde siempre habían utilizado para consolidar la exclusión política y social de los sectores más desfavorecidos. Por el contrario, las ideologías progresistas aún no deciden el tipo de actitud a adoptar frente a una cuestión que preocupa realmente a la mayoría de los individuos.

Precisamente de las respuestas políticas a la cuestión de la seguridad dan cuenta los libros que pasaré a comentar. Tanto en el origen cuanto en la respuesta a tal cuestión se encuentra presente la violencia. Y cómo es asimismo la violencia el elemento fundante y legitimante del Estado, del orden, del derecho, y de todas las instituciones del sistema penal, no es de extrañar que ambos libros culminen por ser inteligentes reflexiones sobre la “ciudadanía”.

El primero de ellos, Cultura do Medo, es el resultado de una investigación que descubre al “miedo” más como consecuencia que como causa de las políticas de dominación política y control social. El “miedo” asociado al delito se ha incorporado al modus vivendi de las grandes ciudades del mundo. Y por lo tanto San Pablo, una de las más grandes, no podía ser una excepción. En este ámbito geográfico limita la autora su investigación. En lo que hace a los límites temporales, los mismos tienen en especial consideración los últimos veinte años de la política brasileña, en los cuales la democracia ha debido soportar la hegemonización de ideas de “sentido común” sobre la inseguridad. Estas ideas, en realidad de un “sentido común policial”, han perpetuado la forma de dominación autoritaria, la degradación de la sociabilidad y el debilitamiento de la noción de ciudadanía.

Es por ello que, a mi entender correctamente, en los dos primeros capítulos se realiza una génesis de la utilización política del miedo asociándolo con el delito. El primero de esos capítulos rastrea el origen de dicha manipulación en lo que la autora denomina “pensamiento”, tanto de la teoría sociológica mundial como la brasileña. El segundo, en cambio, encuentra los primeros síntomas de la utilización práctica del miedo al delito ya en la época de las dictaduras militares, y luego en los primeros años de democracia, aunque siempre asociada dicha utilización a las políticas liberal-conservadoras (que reclaman menos Estado, salvo para combatir al crimen).

Es curioso que en esa primera parte la autora no insista en que también desde el “pensamiento” se ha construido la “cultura del miedo”. En efecto, esto resulta evidente en el pensamiento criminológico –sobre todo el de la “defensa social”– pero también debemos recordar que las primeras teorizaciones sobre el Estado, desde Hobbes, también se amparaban en –y prohijaban, creo yo– el miedo y la desconfianza. No hay más que recordar como se reproduce ese miedo a los otros, en especial si se expresan grupalmente, en pensadores supuestamente liberales de los siglos XIX y XX. De cualquier forma, teniendo en cuenta el grado de irracionalidad al que ha llegado la utilización del miedo en la actualidad, no deja de ser válido eximir de responsabilidad al pensamiento. Muchos autores han hecho esto al plantear el Holocausto como una ruptura general con el pensamiento (recordemos que otros pensadores hacen lo contrario: desde Adorno y Horkheimer, hasta Bauman o Christie –que también, como estoy haciendo yo ahora, comparan las actuales políticas penales con la barbarie totalitaria–). Hannah Arendt así eximía de responsabilidad como antecesores del antipensamiento nazi a todos los pensadores de la filosofía incluso los más sospechosos –desde Aristóteles hasta Niestzche, pasando por Aquino, Lutero o Hegel–. Su tesis es que ninguno de ellos hubiera estado de acuerdo con la barbarie llevada adelante por el totalitarismo nazi. Y en efecto esto es plausible. Hobbes utiliza indudablemente el miedo para justificar al Estado absolutista. El médico inglés, sin embargo, sería todo lo autoritario que quieran mas no era tonto o irracional. Su respuesta al miedo a la guerra de todos contra todos era una paz autoritaria y estable, por lo tanto, evidentemente no hubiera estado de acuerdo con una respuesta al miedo que plantea una guerra permanente: una utilización del miedo que en vez de calmarlo no haga sino acrecentarlo.

Es esto último lo que hacen las políticas represivas con respecto al miedo. Hacen ingresar a la población en una espiral de aumento del miedo de la que siempre sale perdidosa la noción de ciudadanía y la posibilidad de plantear alternativas. En el capítulo 3 del libro que comento se hace un recorte ilustrativo de esa forma de utilizar el miedo en la ciudad de San Pablo. En realidad, no se trata de “una” forma, pues el miedo se usa de muchas maneras. Así, la manipulación de las estadísticas, la ampliación de la prensa de los puntos de vista policiales o la divulgación de hechos extraordinarios, las peleas de los partidos políticos para mostrarse más severos y la facilidad para dictar leyes represoras, las campañas de las empresas de seguridad privada; son expuestos como métodos para proyectar a la “conciencia colectiva” la necesidad de ser más fuerte en la “lucha” contra el crimen.

No es de extrañar que esa descripción de la realidad de San Pablo no nos resulte extraña en Buenos Aires o en otras latitudes (escribo este comentario en Barcelona). Estos métodos son los que amplifican el miedo y justifican el aumento de la violencia hasta llegar a la guerra en el interno de lo que se conoce como “mundo libre” (como sabemos, y desde la época de la guerra fría, recibe este nombre la parte del mundo que está bajo el dominio de los Estados Unidos) y la proponen hacia lo que no se conoce de esa forma con las características bélicas más tradicionales.

En los últimos capítulos se plantea, por tanto, la paradoja existente entre miedo y democracia. Importantes grupos de presión obtienen un elevado apoyo masivo en sus reclamos securitarios. Pero esos reclamos son aprovechados por quienes se benefician con el miedo. El mayor éxito del miedo es imposibilitar el real debate democrático, la búsqueda de alternativas. Las consecuencias del miedo son descriptas al reseñar el aumento represivo de las últimas leyes penales, con lo que aumenta tanto la violencia institucional cuanto la no institucional.

En lo que es realmente valioso del capítulo 4 y del final del 5 es que se fija en ellos la noción de “espacio-tiempo de ciudadanía”, tomada del gran sociólogo del derecho portugués, Boaventura de Sousa Santos (quizás el autor de las reflexiones más interesantes y útiles efectuadas para y desde el campo progresista). La “ciudadanía” puede ser una forma de “resistencia” a la cultura del miedo: asumir la ciudadanía puede servir para que el individuo asuma los problemas reales, se libere del miedo y asuma al otro como un igual.

Es por esta idea que encuentro interesante el análisis sobre el otro libro, Justiça e segurança na periferia de Sâo Paulo. Si el anterior libro nos demuestra la utilización política de la seguridad por la “cultura del miedo”, este otro libro nos describe una alternativa para elaborar respuestas adecuadas, justas y sobre todo democráticas.

Las investigadoras que escriben este libro analizan los Centros de Integraçâo da Cidadania (CIC) para evaluar concretamente lo que han hecho los gobiernos, desde estos centros, en materia de políticas públicas de seguridad y de justicia.

Los CIC de la ciudad de San Pablo fueron creados a principios de la década del noventa como consecuencia de un proyecto ideado por un grupo de intelectuales progresistas (y declaradamente garantistas en lo jurídico) que también tendría como “productos” al Instituto Brasileiro de Ciencias Criminais (que soportó económicamente esta investigación, y ahora la publica) y a la Asociaçao dos Juízes para a Democracia. El proyecto fue rescatado y asumido por la Secretaría de Justicia del Estado de San Pablo en 1994, aunque conformaron un lugar autónomo que pretendía trabajar para profundizar las nociones de “ciudadanía” tanto en la población de la periferia cuanto en las instituciones judiciales, policiales y penitenciarias.

Los CIC se constituyeron como espacios mudables, cambiantes, imaginativos, abiertos a la discusión y redefinición de las relaciones dentro de la comunidad local. Por lo tanto son, ante todo, centros de cultura reivindicativa. Y en los cuales los organismos públicos se deben mostrar dispuestos a aprender de la comunidad. Según el decreto de creación deberían servir para prevenir los conflictos interpersonales o de grupos, para implementar alternativas comunitarias de prevención y solución de conflictos, para que participen los movimientos populares en el planeamiento de políticas públicas, para evaluar las acciones desempeñadas, para localizar servicios públicos en lugares carentes de ellos, para coordinar la tarea de las entidades estatales prestadoras de servicios, para estimular la organización popular y, en definitiva, para que el Estado y la comunidad se aproximen.

Las autoras realizan la historia de los cuatro CIC existentes, comenzando por el primero de estos, el CIC Este, creado efectivamente en 1996. Como un modelo a imitar más adelante por los otros CIC, se ubicó materialmente en un edificio construido por la misma constructora de viviendas populares y en medio de ellas. A ese edificio fueron adscriptas diversas dependencias del ministerio público, del judicial, de asistencia social, de la secretaría de trabajo, la policía, etc., con el fin de articularse entre sí y con la comunidad.

El capítulo 4 nos cuenta la difícil implantación de este programa, tanto de parte del gobierno cuanto de su integración en la comunidad. El trabajo que comento pasa luego a analizar como se desenvuelve esta experiencia de acceso popular a una ciudadanía demandante de justicia y seguridad. Para ello es especialmente útil la metodología de las entrevistas a vecinos y operadores, cuanto la observación (que también les sirve para comentar los otros capítulos, en los que se entrevistó a las directoras de los centros, a políticos y propulsores del proyecto).

Se describen entonces tanto la estructura edilicia –de los cuatro centros–, como la forma de interactuar de las distintas reparticiones y los vecinos. También se comentan diversas actividades allí realizadas, cuanto las expectativas puestas en la experiencia por los distintos actores. Señalan las autoras la especial cuestión del tema securitario. En efecto es sobre este tema donde descansan las mayores expectativas de los que propusieron la experiencia, de los políticos, de los vecinos y también de los funcionarios. Si bien se advierte una disminución del recurso y de la retórica violenta, también las autoras advierten del peligro (común a propuestas similares de participación comunitaria en otras ciudades) de convertir a los CIC en la herramienta “social” de una estrategia represiva. En efecto, los CIC no pueden ser un “milagro” ni una “isla” dentro de políticas más amplias, y por lo tanto son ellas las que deben en definitiva ser reformadas sobremanera en lo tocante a combatir la desigualdad social.

Esas políticas, no obstante, no deben abandonar el ideal de construir la “ciudadanía” desde abajo, desde la periferia y desde las necesidades. Ello reflejará el objetivo de universalizar los derechos humanos. Esta difícil tarea de redefinir a la propia comunidad y al Estado debe partir de la idea de “integración”, como señalan las autoras criticando que para los CIC esto es más un objetivo que un punto de partida.

A pesar de señalar otros defectos y problemas de implementación, concluyen este trabajo con tres caminos abiertos por los CIC y que no deben desaprovecharse para construir una nueva ciudadanía. En primer lugar, el acercamiento de recursos públicos a áreas segregadas económicamente que los tornaban inaccesibles. En segundo, la aplicación de soluciones formales –jurídicas– a problemas sociales que antes no las tenías. Y tercero, la búsqueda de soluciones informales a aquellos conflictos que no encuentran expresión en el derecho ni en las instituciones formales.

En definitiva, si con todo ello se contribuye a transformar la realidad y eliminar la exclusión, la violencia y la miseria que la caracteriza, servirá como una práctica más del ideario reformista propio de las estrategias políticas progresistas.

17- Cultura do Medo. Reflexôes sobre violencia criminal, controle social e cidadania no Brasil, Débora Regina Pastana, Sâo Paulo, IBCCRIM, 2003.

18- Justiça e segurança na periferia de Sâo Paulo, Eneida Gonçalvez de Macedo Haddad, Jacqueline Sinhoretto y Luci Gati Pietrocolla, Sâo Paulo, IBCCRIM, 2003. Comentario publicado en Nueva Doctrina Penal ,2004/A, Buenos Aires, Del Puerto (pp. 387 a 391).