Читать книгу Diligencia de entrada y registro e inviolabilidad de domicilio - Jaime Herraiz Pagès - Страница 12

Capítulo 6

Consentimiento

Al margen de previa resolución judicial, y no existiendo caso de flagrante delito, el artículo 18.2 CE únicamente permite la realización de una entrada o registro en un domicilio si precede el consentimiento del titular. En este sentido, cabe decir que el consentimiento a que hace referencia la Constitución, más que suponer una restricción o menoscabo del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, se configura como un ejercicio del mismo por parte de su titular. Por su parte, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la línea seguida por el texto constitucional, regula la figura del consentimiento del titular en el artículo 551, según el cual se “entenderá que presta su consentimiento aquel que, requerido por quien hubiere de efectuar la entrada y registro para que los permita, ejecuta por su parte los actos necesarios que de él dependan para que puedan tener efecto, sin invocar la inviolabilidad que reconoce al domicilio el artículo 6.º de la Constitución del Estado”.

La jurisprudencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo ha configurado una doctrina en torno a la figura del consentimiento que abarca múltiples supuestos de derivados de la casuística, y que refieren a aspectos como la naturaleza y características del consentimiento prestado, la debida asistencia letrada, la posibilidad de auxiliarse de intérprete por parte del interesado o bien la determinación de quién es la persona interesada a efectos de su otorgamiento, todo ello con el fin de asegurar la plena validez de su concesión ex artículo 18.2 CE.

Así pues, en atención a la naturaleza y características de su otorgamiento, es preciso hacer referencia a la Sentencia 440/2018, de 4 de octubre, a cuyo tenor se indica que “los requisitos que deben tenerse en cuenta para dar validez a la prestación del consentimiento autorizante del registro domiciliario son los siguientes:

a) Que esté otorgado por persona capaz; esto es mayor de edad, y sin restricción alguna en su capacidad de obrar.

b) Que esté otorgado consciente y libremente. Lo cual requiere: que no esté invalidado por error, violencia o intimidación de cualquier clase; que no se condicione a circunstancia alguna periférica, como promesas de cualquier actuación policial, del signo que sean; que si el que va a conceder el consentimiento se encuentra detenido, no puede válidamente prestar tal consentimiento si no es con asistencia de Letrado, lo que así se hará constar por diligencia policial.

c) Que se refleje por escrito para su constancia indeleble, ya se preste el consentimiento oralmente o por escrito.

d) Debe otorgarse expresamente. Aunque el artículo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal autoriza el consentimiento presunto, este artículo ha de interpretarse restrictivamente pues el consentimiento tácito ha de constar de modo inequívoco mediante actos propios, tanto de no oposición, cuanto y sobre todo, de colaboración, pues la duda sobre el consentimiento presunto hay que resolverla en favor de la no autorización, en virtud del principio in dubio libertas y el criterio declarado por el Tribunal Constitucional de interpretar siempre las normas en el sentido más favorable a los derechos fundamentales de la persona, en este caso del titular de la morada.

e) Que se otorgue en las condiciones de serenidad y libertad ambiental necesarias. De lo contrario carece de valor.

f) Debe ser otorgado por el titular del domicilio, titularidad que puede provenir de cualquier título legítimo civilmente, sin que sea necesaria la titularidad dominical.

g) Debe ser otorgado para un asunto concreto del que tenga conocimiento quien lo presta, sin que se pueda aprovechar para otros fines distintos (STS 6 de junio de 2001).

h) No requiere en ese caso las formalidades recogidas en el artículo 569 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal respecto de la presencia del Secretario Judicial.

La autorización puede ser expresa cuando se explicita verbalmente y puede ser tácita cuando se manifiesta al exterior por comportamientos o actitudes que inequívocamente denoten un consentimiento prestado, de modo claro e indudable”.

Por otro lado, en atención a la eventual asistencia letrada del interesado a fin de otorgar el consentimiento a que refiere el art. 18.2 CE, es necesario hacer referencia a la Sentencia 845/2017, de 21 de diciembre, la cual declaraba que:

“la jurisprudencia de esta Sala que establece que cuando un sujeto se halle detenido resulta obligatoria la asistencia de un letrado para que sea válido el consentimiento prestado por el imputado para que la policía practique un registro en su domicilio” en tanto que el “consentimiento a la realización de la diligencia, uno de los supuestos que permiten la injerencia en el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, requiere que sea prestado ante un letrado que le asista y ello porque esa manifestación de carácter personal que realiza el detenido puede afectar, indudablemente, a su derecho a la inviolabilidad y también a su derecho de defensa, a la articulación de su defensa en el proceso penal, para lo que ha de estar asesorado sobre el contenido y alcance del acto de naturaleza procesal que realiza” por lo que la “falta de asistencia del abogado constituye una vulneración del artículo 17.3 de la Constitución Española, con los efectos previstos en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, esto es, la ineficacia total de dicho consentimiento y, por tanto, la imposibilidad de conferir validez al resultado de la entrada y registro efectuado, sin perjuicio de la posibilidad de acreditar por otros medios lo que se descubrió en el registro, cuya diligencia debe ser declarada radicalmente nula”.

Por lo que refiere a eventual asistencia de intérprete en favor del interesado consintiente para la práctica de la diligencia de entrada y registro domiciliario, la Sala 2ª del Tribunal Supremo mantiene una doctrina jurisprudencial que se refleja detalladamente en su Sentencia 23/2015, de 4 de febrero, según la cual se indicaba que “no es suficiente con constatar que un inculpado es extranjero y precisa de intérprete en la práctica de una diligencia de entrada y registro para reputar vulnerado el derecho constitucional de defensa, es preciso que la ausencia de intérprete haya ocasionado una real y efectiva indefensión” añadiendo a continuación que se “trata de una diligencia en la que no es precisa la presencia de Letrado y que se lleva a cabo, ordinariamente con urgencia, en presencia de los interesados, pero en contra de su voluntad, bajo el control jurisdiccional asegurado por la asistencia del Secretario. Su objeto es la recogida de efectos, y no las manifestaciones de los acusados, por lo que cualquier prueba de ella derivada es objetiva, e independiente de la comprensión o no por parte de los imputados de la lengua del procedimiento”.

Siguiendo los parámetros que conforman la plena validez y eficacia del consentimiento a que refiere el art. 18.2 CE, es necesario incidir ahora en los elementos plenamente subjetivos del mismo, es decir, la determinación de quién o quiénes se hallan facultados para la prestación de éste, así como las diferencias que pudieren resultar en caso de tratarse del domicilio de una persona física o bien de una persona jurídica.

Tratándose de personas físicas, y en relación al titular que se halla legitimado para la prestación del consentimiento, es necesario discernir tanto el concepto mismo de interesado o titular, así como quiénes son las personas facultadas para la prestación del consentimiento en caso de pluralidad. En este sentido, para el fin mencionado, se relacionan las siguientes sentencias del Tribunal Supremo, que comprenden de manera conjunta las cuestiones planteadas.

En primer lugar, en relación al concepto de “interesado” y para el caso de pluralidad de éstos, la Sentencia 150/2019, de 21 de marzo, señalaba que “la doctrina constitucional y la jurisprudencia de esta Sala han destacado que el titular de la vivienda o de un recinto cerrado e íntimo es quien reside en él, no quien ostenta la titularidad formal, lo que hace que el titular de una vivienda a efectos de ser calificado de «interesado» en el registro es el inquilino y no el dueño del inmueble arrendado. Dicho de otro modo, la condición de interesado la ostentan quienes desarrollan allí sus actividades vitales” añadiendo a continuación que “la jurisprudencia de esta Sala (STS 968/2010 de 4 de noviembre) ha reflejado también que la presencia de cualquiera de los “interesados” o titulares domiciliarios en el sentido del art. 569 LECRIM impide hablar de nulidad (…) la posibilidad de autorizar la entrada y registro está conferida a cualquiera de los titulares del domicilio. Consiguientemente, dejando a salvo las situaciones de contraposición de intereses entre el titular del derecho a la intimidad y el titular de la facultad de autorizar, la presencia en la diligencia de otros ocupantes es bastante para garantizar lo que fue objeto de la ocupación (refrendado por fe pública judicial). Nuestro sistema de garantías no incluye como presupuesto legitimante del registro la presencia litisconsorcial de todos y cada uno de los moradores de la vivienda que es objeto de registro”.

En segundo lugar, para el caso de convivencia matrimonial o relación de análoga afectividad, la Sentencia 35/2018, de 24 de enero, disponía en primer lugar que como “regla general puede afirmarse, pues, que en una situación de convivencia normal, en la cual se actúa conforme a las premisas en que se basa la relación, y en ausencia de conflicto, cada uno de los cónyuges o miembros de una pareja de hecho está legitimado para prestar el consentimiento respecto de la entrada de un tercero en el domicilio, sin que sea necesario recabar el del otro, pues la convivencia implica la aceptación de entradas consentidas por otros convivientes (...). De modo que, aunque la inviolabilidad domiciliaria, como derecho, corresponde individualmente a cada uno de los que moran en el domicilio, la titularidad para autorizar la entrada o registro se atribuye, en principio, a cualquiera de los titulares del domicilio, por lo que pueden producirse situaciones paradójicas, en las que la titularidad para autorizar la entrada y registro pueda enervar la funcionalidad del derecho a la inviolabilidad domiciliaria para tutelar la vida privada del titular del derecho”.

No obstante, la propia resolución judicial precisaba que “el consentimiento del titular del domicilio, al que la Constitución se refiere, no puede prestarse válidamente por quien se halla, respecto al titular de la inviolabilidad domiciliaria, en determinadas situaciones de contraposición de intereses que enerven la garantía que dicha inviolabilidad representa (...) la autorización de entrada y registro respecto del domicilio de un imputado no puede quedar librada a la voluntad o a los intereses de quienes se hallan del lado de las partes acusadoras, pues, si así fuese, no habría, en realidad, garantía alguna”.

Tratándose de personas jurídicas, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han analizado las singularidades y particularidades que se derivan del consentimiento prestado en los términos que anteriormente se han mencionado para las personas físicas, y como es de apreciar en las resoluciones que se refieren a continuación.

En el caso del Tribunal Supremo, la Sentencia 209/2018, de 3 de mayo, determinaba en relación al concepto de “interesado” que “en lo que hace al consentimiento tomado en consideración como título habilitante de estas actuaciones inspectoras [esto es, al otorgado, en un primer momento, por el Jefe de Administración de la sociedad y, posteriormente, por uno de sus administradores], no son de compartir los vicios denunciados por la parte actora; (...) pues no cabe reprochar a los funcionarios de la Agencia Tributaria que apoyaran su actuación en la confianza que les generó la presencia y el consentimiento de ese representante legal de la mercantil en la sede social, sobre todo al haber sido dado ese consentimiento en presencia de sus asesores fiscales y sin indicar, pudiendo haberlo hecho, la existencia de límites a sus facultades de representación”.

En el caso del Tribunal Constitucional, la Sentencia 54/2015, de 16 marzo, señalaba en relación a las circunstancias en que debe ser prestado el consentimiento que “en todos los casos, el consentimiento eficaz tiene como presupuesto el de la garantía formal de la información expresa y previa, que debe incluir los términos y alcance de la actuación para la que se recaba la autorización injerente. (...) la entrada en las dependencias de la empresa se hizo sin advertencia de derechos al interesado, por lo que, en el contexto de esa normativa, los funcionarios actuantes no podían considerar que la falta de oposición del obligado tributario fuera suficiente, pues su Reglamento de actuación les obligaba a despejar toda duda mediante la instrucción de derechos al interesado, advirtiéndole de la posibilidad de oponerse a la entrada en el domicilio para llevar a cabo la actuación inspectora”.

En esta misma resolución, remarcaba más adelante el Tribunal Constitucional que “la advertencia de derechos lógicamente debía incluir este dato, esto es, que portaban una autorización administrativa para el caso de negativa u oposición del obligado tributario, lo cual nos sitúa en una hipótesis de información manifiestamente insuficiente para recabar el consentimiento, pues la autorización administrativa en modo alguno habilita la entrada en los espacios físicos que constituyen el domicilio de la persona jurídica objeto de protección constitucional”. Por ello, concluía finalmente que “apreciamos en este caso una quiebra esencial de la garantía de información para recabar consentimiento del interesado, que de esta forma resulta viciado, de lo que se concluye que no hay un consentimiento eficaz para justificar la intromisión domiciliaria en el supuesto contemplado y ello determina la apreciación de la lesión del art. 18.2 CE por la entrada en el domicilio social(...)”.