Читать книгу Salud y asistencia sanitaria en España en tiempos de pandemia covid-19 - Juan Carlos Alvarez Cortes - Страница 109

La emergencia sanitaria generada por la pandemia ha dejado al descubierto las serias deficiencias presentes en nuestros sistemas de protección de la salud. Desde hace décadas, a pesar de haber experimentado algunas situaciones de crisis sumamente graves (recordemos la gripe aviar en 2009 o el brote de ébola en los años 2016-2018), no habíamos tenido que hacer frente a un virus con una velocidad de transmisión semejante que, unida a su elevadísima letalidad en grupos de riesgo, nos ha colocado en un escenario realmente trágico.

En España, en términos generales, la ciudadanía tenía una percepción sumamente positiva del sistema público de atención sanitaria. A pesar de los incesantes recortes que ha venido experimentando el modelo público sanitario, de la puesta en cuestión de su sostenibilidad (en un discurso paralelo al esgrimido para acometer constantes reformas del sistema público de Seguridad Social) y la precariedad creciente del personal sanitario, etc., daba la impresión de que la calidad de atención sanitaria no se había visto seriamente dañada. Los términos racionalidad, eficiencia o eficacia se han tergiversado durante décadas, considerándose por algunos de nuestros gobernantes, sinónimos de restricciones, recortes, preferencia injustificada por la gestión privada, temporalidad estructural laboral del personal sanitario, etc. Lamentablemente, se trata ya de lugares comunes cuando abordamos el estudio de materias vinculadas a la sanidad pública.

La debacle pandémica en la que nos hemos instalado desde finales del mes de febrero de 2020, de proporciones desconocidas desde el siglo pasado, ha generado un auténtico tsunami vital, social, económico y, naturalmente, sanitario. Es en momentos de crisis cuando el sistema se pone a prueba y el colapso, desconcierto y descoordinación que reinaron durante varios meses –no solo a nivel nacional, dicho sea de paso– son los indicadores principales que conducen –o deberían reconducir– a replantearnos como solventar los errores y deficiencias detectadas, con un enfoque esencialmente preventivo. Porque, sin ánimo de resultar catastrofistas, todo parece indicar que una situación similar puede volver a producirse.

La ciudadanía ha asistido atónita, pero también atemorizada y desconcertada, a órdenes y contraórdenes de las autoridades sanitarias (mascarillas inicialmente no, pero posteriormente sí), insuficiencia de material de protección básico (ni tan siquiera EPIs disponibles para quienes estaban luchando en primera línea, como ha sido el caso del personal sanitario), confusión sobre las principales vías de contagio (primero se puso el acento en las superficies de contacto, para terminar constatando que la transmisión fundamental es a través de aerosoles), etc. Sin embargo, lo realmente trágico ha sido poner el foco en el número de camas por habitante disponibles en las instalaciones hospitalarias, fundamentalmente en las UCIs. Ha sido demoledor ser conscientes de la incapacidad de nuestro sistema hospitalario para absorber a enfermos de COVID-19 especialmente graves que requerían tratamiento en planta y/o en las Unidades de Cuidados Intensivos. Mención aparte requiere el drama acontecido en las residencias de ancianos, hechos que no sólo tendrán que investigarse en sede judicial, sino que han de propiciar una profunda reflexión político-jurídica sobre el trato que dispensamos a nuestros mayores, fallecidos a millares en una situación de absoluta indefensión. Las fallas del sistema nacional de dependencia y su deficiente implementación territorial, han quedado puestas de manifiesto de manera descarnada durante el punto álgido de la pandemia. ¿Podemos permitirnos que algo similar vuelva a suceder?

Ha quedado manifiestamente claro que debemos trabajar para construir un “interés colectivo sanitario” nacional, comunitario e internacional, fundamentado esencialmente en la prevención y no sólo en la faceta reparadora del sistema sanitario, algo que en nuestro país, tradicionalmente, ha sido sumamente complicado.

Y es en este delicado contexto en el que tenemos que desarrollar el tema que nos ocupa: la descentralización territorial en materia sanitaria. Los arts. 43 y 49 CE reconocen el derecho de todos los ciudadanos a la protección de la salud. ¿Cómo afecta a la ciudadanía el hecho de que nuestro país haya optado por un modelo de asistencia sanitaria en el que comparten competencias el Estado y las Comunidades Autónomas? Conforme a lo establecido por el art. 149.1.16.ª CE, el Estado únicamente posee competencia exclusiva en materia de sanidad exterior, establecimiento de las bases y coordinación general de la sanidad y legislación sobre productos farmacéuticos. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con el art. 148.1.21.ª CE, podrán asumir competencias en materia de sanidad e higiene.

Resulta imprescindible traer a colación igualmente, otros preceptos constitucionales de los cuales se deriva la exigencia de que la actual organización territorial del Estado no desemboque en desigualdades entre territorios y entre personas. El art. 138.2 CE dispone que “las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”, y el art. 139.1 CE establece que “todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”.

Respetando este marco constitucional, las comunidades autónomas fueron progresivamente recibiendo transferencias en materia de gestión de la asistencia sanitaria. Cada una de las diecisiete comunidades autónomas1 creó su propio servicio de salud y elaboró normas sobre organización y prestación de asistencia sanitaria, dentro de lo dispuesto por la legislación básica del Estado y todo ello a lo largo de un proceso dispar que finalizó en 20022.

Este es el escenario que nos encontramos a día de hoy, una multiplicidad de servicios autonómicos de salud que gozan de margen de actuación (veremos en qué grado) y que por tanto son susceptibles de albergar diferencias territoriales en materia de prestaciones sanitarias. Vaya por delante una consideración que aunque resulte obvia, nos interesa destacar. La consagración constitucional de la diversidad territorial sanitaria conduce inexorablemente a la admisión de determinados niveles de heterogeneidad en la oferta de prestaciones por parte de las distintas Comunidades Autónomas. Lo cierto es que una cartera de servicios absolutamente compacta, cerrada y homogénea para todo el territorio nacional únicamente sería factible si el Estado conservase la competencia exclusiva sobre esta materia. Dado que ese no es el caso, tenemos que asumir que nuestra Constitución ampara la disparidad territorial manifestada en una mayor o menor oferta de prestaciones sanitarias cubiertas por el sistema público, eso sí, dentro de unos límites3. Es aquí, en la concreción de los límites, donde cobra especial relevancia la labor del Estado a la hora de elaborar la legislación básica y coordinar el sistema en su conjunto4. Dicho de otro modo, la asimetría prestacional en España es constitucional desde el momento en el que las competencias en materia de asistencia sanitaria pertenecen a las comunidades autónomas, pero la política de salud ha de estar orientada a superar los desequilibrios sociales y territoriales (art. 3.3 Ley 14/1986, General de Sanidad).

En el tema que nos ocupa, como en otros tantos, el reto que se plantea es cómo mantener el equilibrio. Porque indudablemente, de un lado, habrá que preservar los derechos de los ciudadanos, de manera que las diferencias de trato en materia sanitaria en función del territorio de referencia no conculquen el marco constitucional de garantías en materia de derechos fundamentales y protección de la salud5; por otro, es ineludible respetar el ámbito competencial de las distintas Comunidades Autónomas en lo que se refiere a las prestaciones sanitarias complementarias que oferten. Tarea harto complicada, que requiere un intenso esfuerzo de implementación de mecanismos eficaces de coordinación y cohesión.