Читать книгу Guía para la planificación, gestión y ejecución de los fondos del Plan para la Recuperación, Transformación y Resiliencia - Juan José Rastrollo Suárez - Страница 4

“Todos quieren cambiar el mundo,

pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo”

Leon Tolstoi

El Instrumento de Recuperación y Resiliencia, aprobado por Reglamento (UE)2020/2094, del Consejo, de 14 de diciembre del año en que cambiaron nuestras vidas, regula los conocidos como fondos europeos Next Generation EU. Alrededor de 140.000 millones de euros de estos fondos pueden recalar en España. A su vez, el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, publicado el 18 de febrero de 2021 establece como pilares sobre los cuales vertebrar su desarrollo los de transición ecológica y digital, crecimiento inteligente, sostenible e integrador, cohesión social y territorial, salud, y resiliencia económica, social e institucional y políticas de próxima generación (infancia, juventud, educación y desarrollo de capacidades).

Por su parte, el Real Decreto-ley 36/2020 de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es la primera de las normas que deben servir para hacer de España un país distinto al que conocíamos antes de marzo de 2020. Su fin es modernizar la administración y garantizar una ejecución adecuada en España del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se trata, en definitiva, de dar un uso adecuado a los esperados fondos del Instrumento Europeo de Recuperación (en los que se basa este Plan), para paliar la crisis y maximizar el beneficio económico y social que pueden generar.

Hablamos, en definitiva, de la norma que sirve como continente a la vacuna económica que debe administrarse sin dilación y de manera progresiva, siguiendo el plan establecido. Las dosis, como en el caso de las de origen médico, también irán llegando gradualmente, aunque esperemos que no a cuentagotas. Su propósito es movilizar los recursos, orientarlos a los fines establecidos e implicar a todos los actores –tanto públicos como privados– en su cumplimiento.

El propósito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia no es volver al pasado, sino sentar las bases de un país distinto al que conocíamos hasta ahora. Aunque la administración sea el cauce para impulsar el plan, el ambicioso objetivo que persigue solo puede conseguirte con la colaboración de todos. De hecho, persigue que determinados sectores –aquellos con más capacidad de transformación– aumenten significativamente su peso ponderado dentro de la economía. En definitiva: se trata de conseguir –por fin– un país más fuerte y resistente a las crisis en el futuro.

Por esta razón se estructura, en directa alineación con la estrategia europea, en torno a diez “políticas tractoras”: la agenda urbana y rural, la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura, el impulso a infraestructuras y ecosistemas resilientes, una transición energética justa e inclusiva, el desarrollo de la administración del siglo XXI (incluyendo la modernización del sistema de justicia), la modernización y digitalización de empresas, el pacto por la ciencia y la innovación reforzando a su vez el sistema nacional de salud, el avance en la educación, la formación continua y el desarrollo de capacidades, la apuesta una nueva economía de los cuidados y política de empleo, el desarrollo de la cultura y el deporte y la modernización del sistema fiscal, más progresivo y tendente a la redistribución de recursos.

Para materializar el cambio, el Real Decreto-Ley apuesta por la colaboración publico-privada con el objeto de impulsar y consolidar la recuperación del empleo perdido, la competitividad y el crecimiento económico. Ello en buena medida a través de una nueva figura, la de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica o PERTES –definidos como proyectos con “potencial de arrastre”– que agrupen a administraciones, empresas y centros de investigación en torno a un objetivo común. Con ello se pretende aunar en un solo instrumento el potencial de lo público y de lo privado además de la capacidad de investigación vinculada a centros de reconocido prestigio, por lo que las Universidades están también llamadas a tener un papel crucial en el proceso de recuperación.

Una de las principales finalidades perseguidas por el Plan es modernizar la Administración. Garantizar, en definitiva, que el cauce a partir del cual se distribuyen las ayudas europeas sanando la economía y modernizando el país, permite un reparto ágil y eficaz y una conexión adecuada con sus necesarios protagonistas. De hecho, una parte importante del Real Decreto-Ley está dedicada a modificar otras normas que ya están en vigor y que afectan de lleno al funcionamiento diario de la Administración en aspectos tan relevantes como el de la duración de los procedimientos, el régimen de los empleados públicos, la contratación pública o la tramitación de las subvenciones.

Las medidas a las que hare referencia el Real Decreto-Ley se circunscriben a las actuaciones que la Administración debe desarrollar para dar cumplimiento al plan, pero también pueden ser el fundamento de una Administración mejor para el futuro. Muchas de estas previsiones deberían, con los necesarios cambios que la práctica dejará en evidencia, pasar a formar parte de la realidad cotidiana del Estado, de las Comunidades Autónomas o de los Ayuntamientos. De hecho, el Real Decreto-Ley habla de la necesidad de acortar el plazo de duración de los procedimientos administrativos (que tanto perjudica a los ciudadanos en el día a día), de fomentar la compra centralizada y la profesionalización de las licitaciones públicas (para conseguir comprar productos de la mayor calidad y al menor precio posible), de incrementar las facilidades para acceder a las subvenciones (para no desincentivar a quien las necesita) o de identificar y premiar el talento de aquellos empleados públicos que destaquen en la consecución de los objetivos marcados. Todas ellas asignaturas en buena medida aún pendientes dentro de la Administración española.

Sin embargo, no es que el Real Decreto-Ley no sea mejorable. Lo es y mucho. No solo porque formula propuestas acotadas en el tiempo que, en algunos aspectos –como el del fomento de la fiscalización y el control a través de la creación de un portal web único que sigue previéndose en la Exposición de motivos, pero se retiró del articulado– son manifiestamente poco ambiciosas. Una Administración ágil demanda que toda burocracia sea justificada, mientras el Real Decreto-Ley crea una Comisión con el mismo nombre del Plan plagada de altos cargos con la principal función de “mantener informado de modo directo y continuo al presidente del Gobierno”. En un contexto como este, la vocación declarada en la Exposición de motivos de la norma por transformar la Administración modernizando su gestión puede quedar en entredicho.

El golpe de realidad vivido durante la pandemia nos ha enseñado que no podemos permitirnos una administración lenta, ineficaz e ineficiente. Salir de la crisis sanitaria y económica con un país más fuerte es una exigencia característica de un país democrático. Por su parte, la capacidad de hacer frente a los retos imprevistos de un mundo globalizado en el que el papel de la Unión Europea está cada vez más desdibujado se ha vuelto una necesidad.

A lo largo del presente volumen repasamos, de la mano de autores de reconocido prestigio en relación con el estudio y análisis de los temas tratados –todos doctores en derecho por la Universidad de Salamanca–, aquellos aspectos más relevantes en torno a la planificación, gestión y ejecución de los fondos del Plan para la Recuperación, Transformación y Resiliencia que entendemos deben conformar el contenido de esta Guía. Por ello se examinan cuestiones tales como la relevancia de la colaboración-publico privada, las reformas institucionales, la reforma del empleo público, los cambios previstos en materia de contratación pública, las modificaciones en el ámbito de la legislación medioambiental, la reforma en el régimen del procedimiento administrativo y el régimen de subvenciones y, por último, las especialidades del régimen de gestión y control presupuestario previsto.

Salamanca, a 1 de junio de 2021

Juan José Rastrollo Suárez

Profesor Contratado Doctor (Acreditado Titular de Universidad)

Universidad de Salamanca