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El problema de los operadores del Derecho

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- En este caso, existe un elemento integrador que fluye en contra de la correcta interpretación de los resultados periciales y este elemento se denomina título de abogado, en razón de:

- Casi sin excepción, la carrera de Derecho no cuenta en sus planes de estudio con la materia Criminalística, llegando al absurdo de que algunos egresados de universidades de alto prestigio a nivel nacional e internacional (caso típico de la UBA) confunden Criminalística con Criminología.

- Una vez egresados, existen muchas formaciones de posgrado, formales y no formales que ofrecen capacitación en distintas áreas de la actividad profesional; por supuesto, la Criminalística es el convidado de piedra de las mismas.

- Con muy raras y destacables excepciones, el abogado solamente lee las conclusiones del informe pericial, obviando el meollo de la cuestión que reside en las operaciones realizadas y en la estructura lógica demostrativa empleada por el experto. En los casos en que lo hace, a poco de comenzar la lectura la abandona, porque le parece demasiado técnica e incomprensible.

- Por supuesto que como estamos ante abogados en todos los casos, no importa qué cargo ocupe el abogado, los problemas anteriores se distribuyen de manera homogénea en todos los ámbitos profesionales (jueces, fiscales, defensores, conciliadores, etc.).

- Al menos el Colegio de Abogados ha logrado homogeneizar los títulos y sus roles, sin dejar lugar a confusión entre un abogado y un procurador, lo que lamentablemente no ocurre con los Colegios que nuclean a los profesionales de la Ingeniería, que matriculan de manera indistinta e indiscriminada a todo el que alcanza un título de ingeniero o licenciado, induciendo indirecta, pero intencionalmente, al absurdo de confundir Informática con Electrónica y, aunque estamos en el marco de la Informática forense, se está habilitando pericialmente en Informática forense a ingenieros en Electrónica, los que luego ocupan el rol de informáticos ante la justicia (algo así como confundir médicos con veterinarios, o con enfermeros; aunque en circunstancia normales, el Juez no aceptaría una autopsia realizada por un clínico, un pediatra o un nutricionista, independientemente de su “idoneidad” para la tarea, ya que pretende que la haga un médico legista).

Sintetizando: se da el caso de audiencias orales (típicas en algún TOC), donde participan:

- operadores del Derecho (entre ellos, decisores) y peritos sin formación criminalística alguna,

- peritos con formación universitaria específica,

- peritos con formación universitaria diversa no específica,

- peritos con formación terciaria,

- peritos con formación criminalística, pero sin formación específica [es curioso que la carrera de Criminalística del IUPF (Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina) recién haya incorporado como materia Informática forense a partir de las inscripciones del año 2013, lo que constituye una innovación en el medio y un logro destacable y loable],

- peritos sin formación alguna (típico en los peritos oficiales, cuyo único aval de idoneidad es la pertenencia a una Fuerza de Seguridad o Policial, con distintos grados y formaciones en ella, desde agentes y cabos hasta oficiales superiores).

Es evidente que el resultado de esta interacción deviene en una serie de monólogos entre sordos intelectuales, que hasta resultaría divertido y tragicómico, si no fuera porque de sus opiniones y decisiones se generan efectos sumamente nocivos para quienes deben soportar la carga de la decisión judicial: los ajusticiados y ajusticiables cuya libertad ambulatoria o patrimonio dependen de dicha decisión.

Si pensamos que siendo nuestro futuro biológico y social impredictible, puede tocarnos ocupar el rol del procesado, pocas son nuestras oportunidades de alcanzar una sentencia que tenga cierta relación causal con los hechos investigados.

El estado de inseguridad jurídica que la falta de conocimientos descripta genera, es un poco menos abarcativo, pero seguramente tan importante como esa imperceptible sensación de inseguridad en la que estamos inmersos todos los ciudadanos (funcionarios, funcionales o no).

Credibilidad vs. credulidad: todos los participantes en el proceso judicial que deviene en sentencia forman parte de esta sociedad denominada “sociedad del conocimiento” y que de manera más apropiada debería denominarse “sociedad de la ignorancia ilustrada”, porque comparten características comunes a esta, cualquiera fuere el rol que les toque ocupar en dicho proceso judicial. Entre ellas:

- El acceso a las redes de información permite obtener datos de manera casi inmediata, lo que evita las antiguas consultas a bibliotecas, hemerotecas, etc. Todo lo que quiero saber lo busco en Google y ya está.

- Sin embargo, en Internet las fuentes de información no están clasificadas y si no se tiene la capacidad para discernir entre dichas fuentes y filtrarlas, entonces el resultado se parece más al “cambalache” de Discépolo que a la investigación del académico formado.

- La decadencia en el sistema educativo nacional, la falta de lectura, la cultura del “zafar antes que aprender”, la distribución homogénea de datos sin la formación necesaria para interpretarlos aportan su granazo de arena a la confusión reinante.

- El prototipo del hombre exitoso del siglo XXI es joven, apuesto, bien vestido, inteligente, incomprensible en el hablar y seguramente tiene en sus manos un teléfono celular de última generación, o una tablet, o lo que fuere. Si el profesional se encuentra alejado de la tecnología y no la maneja con solvencia, entonces está fuera del sistema (se quedó con los dinosaurios).

- Por esa razón, el mejor método para disimular la ignorancia supina de algunos peritos consiste en utilizar una especie de argot técnico y decir frases con suficiencia profesional, pero sin ningún sustento científico, tecnológico, ni técnico y absolutamente extraño a la realidad sensible y comprobable.

- Por supuesto, como quien comparte este “diálogo pseudoprofesional” tiene igual o menos conocimientos que el hablante, parlante o vociferante, asiente en silencio y agrega otra serie de elementos tan absurdos como los anteriores, pero igualmente grandilocuentes.

- Para agravar la situación, quien debe decidir no puede, debe, ni quiere quedar fuera del sistema y prefiere escuchar en silencio o “fingir como que entiende lo que dicen”. Es normal que un Juez interrogue a un médico forense sobre alguna palabra específica o metodología particular, empleada para confirmar un resultado pericial (“no todos tenemos que saber de Medicina”). Sin embargo, todo el mundo espera que cuando el perito dice “ciberespacio” (palabra absolutamente indeterminada que hace referencia a una serie de eventos pseudoadolescentes, que nada tienen que ver con la realidad física o virtual analizada), todos debemos entender con claridad a qué se refiere, aunque algunos profesionales con cierta formación universitaria (como nosotros), no tengamos ni idea de cuál es el objeto al que se refiere, ni si se trata de un concepto tecnológico, técnico, social, psicológico o simplemente vacío (donde estaría el ciberespacio sin computadoras, medios de comunicación, enlace y almacenamiento; toda información es información almacenada, a pesar de las creencias animistas en expansión) (11).

Sumemos un hecho muy curioso y que también forma parte de la estructura psicológica e intelecto-cognitiva humana: tenemos tendencia a formar nuestras propias convicciones respecto de determinados hechos y personajes. Esta característica se hace evidente en el llamado “derecho de autor”, descripto por Zaffaroni y alabado o vituperado por igual, acorde con el interlocutor consultado.

Manual de informática forense III

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