Читать книгу Teoría de la regulación - Luis Ferney Moreno Castillo - Страница 15

La libre empresa, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional²³, se divide en: libre iniciativa y libertad contractual.

La libre iniciativa se desdobla a su vez en libre emprendimiento y autonomía empresarial, pero está sometida a una serie de límites que le dan su alcance donde se restringe, o bien el mismo libre acceso, o bien la autonomía empresarial.

El libre emprendimiento se garantiza, pero puede ser limitado, por ejemplo, en la Constitución Política, cuando el Estado es el propietario, como sucede con el subsuelo y los recursos naturales no renovable (artículo 332), cuando el Estado se reserva una actividad o un servicio público (artículo 365) o cuando se establezca un monopolio por arbitrio rentístico (artículo 336), entre otras. Por su parte, la autonomía empresarial se garantiza y puede limitase en razón de la función social de la propiedad (artículo 59); en razón del interés social, el ambiente y el patrimonio cultural (artículo 334); en razón de la salubridad, la seguridad y la moral administrativa (artículo 88); o razón del orden público (artículo 296), entre otras. Todo esto hace concluir que se puede limitar igualmente la autonomía empresarial.

La libertad contractual, como otro componente de la libre empresa, se garantiza, pero hay que reconocer que existen ciertos límites establecidos en la Constitución por razones de los derechos de los consumidores o usuarios (artículo 78), del derecho de la libre competencia (artículo 333), y del ambiente, salubridad, seguridad (artículo 88), entre otros, que hacen que no exista plena autonomía contractual sino libre iniciativa a contratar²⁴.