Читать книгу Migrantes - Roger Norum - Страница 14

Existe una tercera distinción que tiene mucha importancia jurídica: la que existe entre inmigrante regular e irregular, o «legal» e «ilegal». Esta distinción comprende a los dos grupos mencionados previamente de migrantes voluntarios o forzados. Los migrantes regulares son aquellos que entran en un país con los permisos y visados legalmente requeridos, y que no sobrepasan el tiempo que se les ha concedido para quedarse. La categoría de inmigrante irregular o «ilegal» comprende a personas que llegan a un nuevo territorio sin visado, sin documentos de identificación (o con documentos falsificados), o que lo hacen de forma legal pero después pierden sus derechos legales al sobrepasar el tiempo de permanencia estipulado en sus permisos originales de entrada. Estas personas suelen ser llamadas «inmigrantes indocumentados».

En la actualidad la llamada migración «ilegal» tiende más bien a llamarse «migración irregular» por quienes trabajan en el tema desde el campo técnico o político. Esto se debe a varias razones. En primer lugar, al hecho de que la legalidad de la migración en cuestión puede ser difícil de evaluar, como es el caso, por ejemplo, de un migrante que termina en manos de un sistema jurídico nacional o internacional, y transcurren varios años antes de que se tome una decisión sobre su estatus legal. En segundo lugar, la necesidad de mano de obra de los aparatos económicos de muchas naciones, que no pueden satisfacerse localmente, crea situaciones fuera de la norma (trabajadores sin permisos de residencia insertados en sistemas productivos) que son toleradas por los gobiernos. Se generan así situaciones de hecho en las cuales personas en condiciones de irregularidad cumplen una función social o económica necesaria en sus nuevos sitios de destino, y esta contradicción evidencia la desactualización del marco legal y la necesidad de modificar las leyes. En tercer lugar, las leyes de muchos países obligan a apoyar a las personas desprotegidas en su territorio, concediendo, por ejemplo, asistencia sanitaria o derecho al asilo a quienes se encuentren en situación ilegal según las leyes de residencia. Por último, asociar de forma irreflexiva a los migrantes con la ilegalidad puede llevar a una demonización de todos los tipos de migración. Por lo tanto, el término ilegal no debería aplicarse propiamente a un migrante a menos que un sistema judicial haya determinado expresamente en su caso que ha violado una ley de inmigración en algún momento del proceso migratorio, y haya dado pasos administrativos para dejar sentada esta situación y actuar en consecuencia.