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Prólogo a la primera edición
Pedro Salazar Ugarte* I

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Es previsible —y sobre todo deseable— que en los próximos años se publiquen diversos libros sobre el tema de los derechos humanos en México. Algunos, con toda probabilidad, tendrán que ver con la situación práctica de los mismos durante las primeras décadas del sigloXXI y combinarán diagnósticos, evaluaciones y datos duros. Por desgracia podemos suponer que los resultados que arrojarán no serán halagüeños porque, en México, las situaciones de discriminación estructural, de marginación, de exclusión y de violencia siguen siendo una constante ampliamente difundida. Esa es la realidad y habrá que lidiar con ella. De hecho, el principal reto de la generación actual reside en revertir esas tendencias para convertir a México en una sociedad de derechos y no más en el reino de los privilegiados.1

Sin embargo, desde el punto de vista político, social y académico, estos libros resultarán sumamente valiosos. Ello, entre otras razones, porque darán evidencia de un estado de cosas y, al mismo tiempo, servirán para apuntalar una tendencia venturosa que ha venido cobrando fuerza en nuestro país y que se orienta hacia la apropiación del discurso y el estudio de los derechos por parte de disciplinas afines pero distintas a la ciencia y a las prácticas jurídicas. Con ello los derechos terminarán de salir del mundo de derecho y serán patrimonio de todas las ciencias sociales. Ya desde hace algunos años el estudio de los temas relacionados con los derechos humanos, sus garantías y las implicaciones que estas tienen en el ámbito de las políticas públicas se ha convertido en asunto de interés para politólogos, sociólogos, economistas, internacionalistas y demás científicos sociales.2

Se trata de un fenómeno grávido de consecuencias positivas porque anuncia una suerte de “apropiación del discursos constitucional” por parte de estudiosos y operadores políticos que tradicionalmente miraban al derecho con reservas. Ese es el caso, por ejemplo, de los teóricos de la política que se adentran en la teoría del derecho o de algunos sociólogos que conciben al derecho como una construcción social y buscan desentrañar las dinámicas de la ciencia jurídica e incidir en su funcionamiento. Por ello es cada vez más frecuente encontrar artículos académicos en los que las cuestiones jurídicas se analizan con gráficas, números y estadísticas. Esto es alentador por varias razones. Subrayo cinco que me parecen de especial relevancia:

 a) La multidisciplinariedad enriquece el lenguaje y el debate sobre los derechos fundamentales porque aporta nuevos enfoques para identificar el lugar del derecho en la sociedad;

 b) En virtud de esta tendencia, los derechos invaden otras esferas del pensamiento e impactan en ámbitos distintos de la vida social.

 c) El debate multidisciplinario legitima a los derechos como instrumentos de transformación social.

 d) Por lo mismo, los abogados y los juristas se ven compelidos a dialogar con disciplinas que antes les resultaban extrañas.

 e) Esto enriquece el discurso jurídico porque lo saca de su aislamiento y lo expone a nuevos enfoques teóricos (como el realismo o la teoría crítica).3

De esta manera, el interés multidisciplinario por los derechos fundamentales robustece la deliberación pública sobre un tema de crucial importancia para el constitucionalismo democrático y ello redunda en una mayor exigencia para que los propios derechos —por decirlo de alguna manera— salten del texto de las constituciones e impacten en la realidad social. De hecho, el apremio por garantizarlos, aunque parezca paradójico, con frecuencia proviene de las visiones extrajurídicas que se muestran impacientes con las dilaciones en las que suelen incurrir los juristas enmarañados en formalismos y visiones institucionales.

Los derechos en acción

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