Читать книгу Las transformaciones de la administración pública y del derecho administrativo. Tomo II - Sergio González Rey - Страница 33

Ahora bien, ese impulso incesante de la sociedad por avanzar en su tecnologización³ no ha sido ajeno a ámbitos como el jurídico. Si bien en el escenario del derecho los pasos hacia la modernidad se han dado más por la fuerza de la necesidad que de la convicción, lo cierto es que el derecho contemporáneo ha venido reconociendo y aceptando que, desde cierto punto, su eficacia en estos nuevos tiempos depende, en cierta medida, de la utilización de los medios tecnológicos que hoy marcan el ritmo del mundo.

Efectivamente, en Colombia la adecuación global del procedimiento administrativo general a las TIC tuvo como punto de partida la promulgación del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el cual —bajo ese espíritu de modernización— introdujo en el ordenamiento jurídico un notable número de normas tendentes a que el funcionamiento del aparato administrativo fuera más eficiente⁴, y para ello concibió todo un andamiaje normativo que le brindara la posibilidad a la Administración de mejorar el desarrollo de sus actividades utilizando medios electrónicos.

Estos aportes legislativos no dan cuenta únicamente de la mora en que se encontraba la Administración por alcanzar un ejercicio administrativo más ágil, accesible⁵, informal y menos burocrático, sino que también da cuenta de la redefinición del procedimiento, en tanto comienza a alejarse de los rigorismos del proceso judicial y comienza a definirse como “un espacio donde se produce el intercambio de información entre la Administración y el administrado”⁶; es decir, comienza a darse el acento en la información, el acceso a ella⁷ y los medios para intercambiarla.

En esa medida, desde la entrada en vigencia del CPACA las autoridades administrativas debían, entre otros aspectos, atender el principio de celeridad⁸ acudiendo al “uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas”.

Ahora bien, ese llamado del legislador por reforzar la implementación y utilización de las TIC de parte de la Administración en procura de mejorar su actividad, actuación y ejercicio, afectó de manera directa el procedimiento administrativo, tal como se puede advertir en los siguientes aspectos.