Читать книгу Practicum Ejercicio de la abogacía 2022 - Alberto Palomar Olmeda - Страница 194

A través de este incidente procesal, el TJUE controla la legalidad de los actos normativos de alcance general en el marco de un proceso judicial en curso ante él relativo a otro acto relacionado con tal acto normativo.

Para que un acto normativo de alcance general pueda ser objeto de una excepción de ilegalidad en un caso concreto, se exige una cierta relación entre él y el acto objeto del litigio principal, un vínculo jurídico entre ambos, ya sea porque el primero está fundado en el segundo y condiciona su validez, ya sea porque el acto cuya ilegalidad se alega es aplicable directa o indirectamente sobre el caso objeto del litigio principal.

La excepción de ilegalidad, por tanto, no puede ser utilizada de forma autónoma, sino sólo insertada sobre otra vía de recurso planteada ante el TJUE. Al igual que la cuestión prejudicial en apreciación de validez no es, por tanto, una vía de recurso independiente, sino que debe estar necesariamente vinculada a otro procedimiento que se sustancie ante el Tribunal, pudiendo ser invocada solamente en su marco; la excepción de ilegalidad tiene, en definitiva, carácter incidental.

La razón de ser de la excepción de ilegalidad es permitir a los demandantes no privilegiados impugnar una disposición normativa compensando en cierta medida las dificultades que encuentran para interponer un recurso de anulación contra los actos normativos de alcance general. Es esta una característica que también comparte con la cuestión prejudicial en apreciación de validez.

La invocación de la excepción de ilegalidad en el marco de un proceso sustanciado ante el TJUE pretende lograr la inaplicabilidad del acto contra el que se invoca, de modo que tal inaplicabilidad despliegue sus efectos sobre el litigio principal. Se evitará, así, que tal acto, que cuenta con alguno de los defectos a que se refiere el artículo 263 del TFUE, pero que no ha sido anulado a través del pertinente recurso, resulte aplicado. La excepción de ilegalidad se convierte de este modo en un instrumento que sirve para controlar la legalidad de los actos de las instituciones y que se suma a los otros tres instrumentos que comparten esta función en el sistema jurisdiccional de la UE: el recurso de anulación, el recurso por omisión, y la cuestión prejudicial en apreciación de validez, de la que nos ocuparemos enseguida.