Читать книгу Deuda o soberanía - Alejandro Olmos Gaona - Страница 15

La desigual distribución y bajos niveles de inversión en las áreas de educación, salud, ciencia y tecnología, en comparación con los gastos destinados a hacer frente a los vencimientos de la deuda, condicionan claramente el desarrollo económico y social de la población. El proceso de endeudamiento y de pago de obligaciones cada vez más cuantiosas tiene relación con el aumento de la pobreza y la marginalidad, ya que durante los años estudiados las transferencias de recursos a los acreedores externos han sido enormes. En los últimos cinco años la media de pagos de las obligaciones ha sido del orden de los 11.000 millones de dólares.

Si bien durante el 2009 no se generó nueva deuda, el stock de deuda pública comenzó a aumentar luego de ese año, ya que el gobierno comenzó a realizar nuevas emisiones de bonos y a tomar recursos de entidades públicas, generando así más endeudamiento público, lo que constituye un círculo vicioso dentro de un sistema de control financiero, dado que se toman nuevas deudas para pagar deudas anteriores. A su vez, se perfeccionan los sistemas financieros de modo que los intereses aumenten a diario, haciendo que se deba invertir más en el pago de los mismos, sin lograr nunca el pago real del capital de la deuda pública. La dependencia financiera no permite invertir recursos suficientes en las áreas de educación, salud, ciencia y tecnología, para atender a la deuda social, lo que se ve imposibilitado por una transferencia de recursos que se mantiene constante.

Para caracterizar el endeudamiento del período seleccionado, luego de revisar las cifras oficiales, observamos que en este momento la diferencia fundamental con períodos anteriores estriba en que se ha cancelado deuda externa, creando una descomunal deuda interna que no se puede pagar y se refinancia permanentemente. Se ha intentado prescindir de nuevo endeudamiento por la imposibilidad de acceder a los mercados, pero esa situación se fue revirtiendo, debido a que el deterioro de las finanzas públicas obligó al gobierno a buscar nuevas fuentes de financiamiento. A su vez, se generó una gran deuda social al interior del país, ya que extrae recursos de instituciones públicas para cumplir con las obligaciones internacionales generadas por la constante refinanciación de las obligaciones.

El stock de nueva deuda, a excepción de 2009, creció permanentemente, mientras que el área de ciencia y tecnología compartió por varios años la misma inversión que recibía el Ministerio de Educación de la Nación y que recién a fines de 2007 se independizó, pero, aun así, no recibió recursos considerables.

El área de salud es una de las que menos inversión recibió por parte de la Administración del Estado, a pesar de la existencia de zonas geográficas de alta vulnerabilidad en salubridad, donde se debería prestar una mayor atención, siendo evidente la falta de recursos.

De acuerdo con las cifras oficiales, se efectuaron pagos de las obligaciones externas desde 1982 hasta el 2015 por 400.000 millones de dólares, y según cifras expuestas por la expresidenta Cristina Kirchner, desde el 2003 hasta el año 2013, se pagaron 191.000 millones de dólares. Esas cuantiosas sumas debieron ser erogadas en detrimento del más que necesario gasto social, y es una de las principales razones por las cuales los índices de pobreza e indigencia no solo siempre fueron elevados, sino que comenzaron a crecer nuevamente en los últimos años.

Existe una cuestión final que está relacionada con el origen de la deuda, lo que hace aún más cuestionable el pago del capital y los servicios de la misma. Para el derecho civil argentino y el derecho administrativo, los actos ilegales son nulos de nulidad absoluta y no generan consecuencias lícitas. Tal criterio, que es propio del derecho romano-germánico, también resulta aplicable a países que han auditado sus deudas, como el Ecuador, donde quedó demostrado con claridad el fraude de la misma. No obstante tales principios del orden jurídico, los gobiernos refinanciaron las obligaciones y se comprometieron a seguir pagando, aun cuando ello significara asumir costos sociales significativos, que cada día las estadísticas muestran de manera categórica.

Con el advenimiento del nuevo gobierno en 2016, el presidente Macri envió un proyecto al Congreso para pagar a los acreedores que no aceptaron el canje de deuda del año 2005 y 2010, conocidos como “fondos buitre”, el que fue aprobado mayoritariamente en ambas Cámaras, y a partir de allí comenzó un proceso de endeudamiento que llevó a que a la finalización de su gobierno la deuda pública total llegara a 323.600 millones de dólares, alcanzando la deuda externa a 192.500 millones.

Si retrocedemos en el tiempo, podremos observar que esto ocurrió siempre con las finanzas públicas: el Estado, al no poder cumplir con sus obligaciones financieras internacionales, vuelve a reestructurar su deuda pública, y esto implica nuevos incrementos, nuevos condicionamientos económicos y financieros, y claros procesos de desinversión pública, ya que el pago a los acreedores se constituye en un objetivo prioritario en las distintas leyes de presupuesto revisadas, y en cualquier acuerdo que se negocie para cumplir con las obligaciones externas.

1 Capítulo escrito con la colaboración de la Lic. Florencia Melo.