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PRÓLOGO

UNA LUCHA POR LA TRANSPARENCIA Y LA JUSTICIA

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El dato básico del colonialismo mental que se ejerce por los grandes poderes económicos nacionales e internacionales es que las víctimas llegan a pensar como los victimarios. A estos últimos les perdonan todo, les permiten todo y, en cambio, se enfrentan a quienes quieren mostrar realidades ocultadas. Es el triunfo del amo que ha logrado que el esclavo piense y quiera como él.

En ello radica la gran incomprensión a la que han sido sometidos muchas veces el autor y su padre, Alejandro Olmos, y explica claramente por qué lucharon y luchan al tratar de mostrar los panoramas injustos e ilegales de deudas externas inaceptables e injustas que han sometido y someten a personas y pueblos. Más, los colonizados no los quisieron escuchar y los colonizadores extranjeros y locales los persiguen, agreden, tanto a la memoria valiosa del accionar de su padre como, en el presente, a Alejandro hijo, autor del libro, y su extensa lucha en contra de las deudas externas ilícitas y odiosas.

Su vocación por la justicia en la temática lo ha llevado a trabajar no solo en la problemática argentina, sino que ha sido fundamental su participación en el análisis de la deuda externa ilegítima de Ecuador.

Es historiador, investigador y especialista en tratados internacionales, bilaterales y deuda pública, y miembro de la Comisión de deuda externa del Grupo de Trabajo de Jurisprudencia del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina (CEISAL).

Alejandro Olmos Gaona logra en su libro navegar sobre la realidad de la Argentina y latinoamericana en el tema de las deudas externas inaceptables.

Manifiesta, como reflejo sociológico de la realidad, que las reflexiones que se recogen a diario parten de la concepción fatalista de que la deuda externa solamente debe pagarse, discrepándose solamente en cuanto a los montos. Es decir que las diferencias se refieren exclusivamente al monto de la reestructuración y a las modalidades de efectuarla en cuanto a los plazos de amortización, intereses y demás variables. Y agrega que, para la concepción general de los que se ocupan del tema, el pago es algo que no puede revertirse de ninguna manera, porque es la única forma de volver a “insertarnos en el mundo”.

Con conocimiento, investigación profunda y firmeza, el autor sostiene que los sectores concentrados del poder económico siempre sortearon el cumplimiento de las normas para acrecentar sus negocios. Quiebras de bancos, insolvencias fraudulentas, créditos no pagados y otorgados discrecionalmente, obras públicas que costaron mucho más de lo presupuestado y realmente gastado, privatizaciones injustificadas, saqueo del patrimonio público, fueron aspectos relevantes de cómo se desarrolló nuestra historia en la temática en la Argentina.

En este país, del lema “hecha la ley, hecha la trampa”, con fundadas razones, analiza que se hizo un culto de la transgresión, siendo más representativa la ejercida por los grupos de poder, a través de la utilización de diversos mecanismos, como la fuga de capitales, la evasión impositiva, los sobreprecios en la obra pública y otras formas de enriquecimiento, de las cuales la estatización de la deuda privada en el año 1982, enfatiza, fue quizá la más sobresaliente, por el volumen de deuda ficticia transferida al Estado. Y agrega que esa marginación de la legalidad estuvo presente en muchas de las negociaciones económicas, debido a que siempre se sortearon disposiciones legales para el beneficio y enriquecimiento de unos pocos, con el consiguiente perjuicio patrimonial a la Nación.

Desarrolla un claro camino referencial respecto de las diversas actitudes de los dirigentes argentinos en contra de los intereses del país, comenzando por el empréstito con la casa inglesa Baring Brothers, en 1824, por la suma de 1.000.000 de libras esterlinas. Esta deuda se canceló durante la segunda presidencia de Roca en 1903, habiéndose pagado durante ochenta años 4.800.000 libras. En esa senda vinieron muchos préstamos leoninos más en la historia de nuestro país.

La deuda estuvo desde siempre condicionando la vida política de Latinoamérica. En el libro se analiza la entrega incondicionada de nuestros dirigentes a los acreedores externos y menciona, entre ellos, las palabras del presidente Nicolás Avellaneda que, en su momento, sostuvo: “La República puede estar dividida hondamente en partidos interiores, pero no tiene sino un honor y un crédito como sólo tiene un nombre y una bandera. Hay dos millones de argentinos que economizarían hasta sobre su hambre y su sed para responder a los compromisos de la fe pública ante los mercados extranjeros”. Al solo escozor histórico que merecen dichas reflexiones, agrega el autor que dicho presidente también había proclamado que la Argentina pagaba sus deudas ante el simple reclamo de los prestamistas, porque creía en la buena fe de ellos.

La realidad deja en descubierto que, con matices diversos, los argumentos antes desarrollados se continuaron presentando al pueblo argentino, hasta ahora, como un mandato histórico inmutable a cumplir.

A lo dicho, cabe acotar que, en esta era digital, la globalización no regulada ha producido la potenciación de grandes poderes económicos y financieros, en el modelo de un capitalismo de vigilancia, que han utilizado y utilizan la tecnología digital para transformar el mundo en un gran libre mercado, en el que se ha buscado optimizar la mayor rentabilidad a toda costa y la operatoria financiera ha alcanzado dimensiones desconocidas en la historia de la humanidad.

En este nuevo capitalismo montado en lo financiero-digital su fuerza de capital está en la especulación y manejo de lo financiero, junto con la propiedad de datos fundamentales, tanto de las personas como de las naciones, y gracias a los métodos algorítmicos, se logra también condicionar cada vez más el pensamiento y los procederes.

En el libro se nos recuerda además que, lamentablemente, con la reciente llegada de la democracia al país, a fines de 1983, ningún gobierno se atrevió a efectuar una revisión exhaustiva de lo hecho, limitándose a la aceptación incondicional de las obligaciones, que fueron refinanciadas y reestructuradas en una clara violación al ordenamiento legal. Y se señala con firmeza que el desconocimiento del estado de derecho fue llevado adelante por los gobiernos, silenciado por los grandes medios periodísticos, tolerado por un Poder Judicial que siempre miró para un costado, y con la decisiva complicidad del Poder Legislativo, que no se hizo cargo de las competencias que le asignara la Constitución, delegándolas en muchos casos, para la mayor comodidad, en el gobernante de turno, que contó con mayorías complacientes y subordinadas a sus decisiones.

Se estudia y analiza minuciosamente el tema de la deuda externa ilegítima del país y los cambios en la estructura social, la estructura de la dependencia, la naturaleza de los empréstitos y la instrumentación legal de las emisiones de deuda.

Asimismo, se analiza la realidad, no revertida aún, por la que el endeudamiento externo ilegítimo en América Latina y especialmente en la Argentina estuvo acompañado con acciones que facilitaron la trampa y lo indebido y permitieron que se ocultara la información relevante a la sociedad sobre dicha problemática. La estrategia de ocultamiento, desinformación y manipulación cultural, estaba y está asentada en diversas modalidades de manejos de medios de difusión, funcionales al objetivo querido.

Con dicho fin, como parte de la misma lógica de ocultamiento, se apeló a un lenguaje complejo –casi críptico– y de difícil comprensión para las personas en general, dejándose la sensación de que solo algunos elegidos eran y son los que podían y pueden evaluar y tratar la temática, con capacidad reconocida solo por los interesados. Y a todo aquel que no perteneciera a ese grupo de elegidos (“debidamente formado” –o adoctrinado– en los centros del poder económico y sus universidades) no se le reconocía autoridad técnica para hablar sobre el tema. A estos últimos, además, se los presentaba como “subversivos” o “desubicados” que no merecían ni merecen respeto, ni consideración, ya que podían o pueden empujar al país al abismo de la indiferencia de los sectores crediticios multilaterales. La descalificación y el miedo siempre se dejaron traslucir, para operar como método paralizante de cualquier acción o reacción ante los latrocinios financieros a los que se nos sometió y se nos somete. Siempre, siguiendo el mandato profético al que se nos acostumbró, se dejaba en claro que, en el “mundo civilizado” del lucro financiero, con modalidades globalizadas, no se puede discutir el cumplimiento irrestricto de las obligaciones contraídas, sin importar si las mismas fueron ilegítimas, ilegales u odiosas y sus efectos fueran injustos y denigrantes, ya que la pena implica desaparecer de ese mundo “civilizado”.

Alejandro Olmos Gaona analiza el Fondo Monetario Internacional, la deuda y su pago como la violación de los pactos internacionales y el Plan Brady y los catastróficos efectos que le produjeron al país. A su vez, trabaja el tema de los avales del Estado y las deudas, el Club de París, la deuda de la dictadura y las investigaciones y la deuda privada, el bono a 100 años, la causa “Olmos II” y las pérdidas del Banco Central.

También señala que la corrupción estructural fue parte del sistema instalado en la Argentina durante décadas, donde se privilegió el abuso de poder, la exponencial transferencia de recursos de los más pobres hacia los más ricos, la inequidad y las ganancias desmedidas de los que utilizan los medios a su alcance en esa carrera desmesurada por enriquecerse cada día más.

Lo referido, como se ha dicho, estuvo y está acompañado de una bien instrumentada manipulación de la información a la opinión pública por los medios de difusión de todo tipo, sobre la conformación de la deuda externa de la Argentina, montado en una desinformación estructural de las obligaciones dinerarias asumidas por el país y la falta de trasparencia en los acuerdos. Baste referir que los contratos por los que se tomaba y toma deuda, por lo general, tienen cláusulas de secretismo. A lo que hay que sumar que en dichos convenios de deuda se obliga a resignar la jurisdicción nacional soberana, para el análisis de las cuestiones que se suscitaran. Aún más, ello permitió que jueces de menor cuantía de Nueva York, como Thomas P. Griesa, pusieran en vilo el futuro del país, ante las acciones deducidas por “fondos buitre” en contra de la Argentina y que los problemas se trataran como si fueran cuestiones entre simple particulares.

En este último aspecto, la moraleja ha sido cruel para los derechos y necesidades de los argentinos, porque se terminó pagando sin discutir nada.

Afirma Alejandro que el gobernar con deuda se convirtió en un verdadero paradigma y la renta financiera se transformó en uno de los principales factores de acumulación. La hegemonía del capital financiero sobre el capital industrial se afirmó a partir de la década del 70 y “la deuda” se fue apoderando de las economías a través de préstamos con su carga de intereses, refinanciaciones, defaults, reestructuraciones, nuevos endeudamientos, como si fuera imposible salir de ese círculo perverso y condicionante, y también intentar cuestionarlo. Se pagó la deuda de la dictadura, aceptándola sin cuestionamiento.

Con dolor se resalta que la decisión de no investigar sirvió siempre para no cuestionar el origen dictatorial de la deuda, y todo el sistema que permitió originarla, así como también la violación del orden constitucional, las complicidades entre bancos acreedores y funcionarios, la falta de registro de las obligaciones externas, la aceptación incondicional de las exigencias de los acreedores, el pago de comisiones abusivas, el daño ocasionado a la economía nacional por los recursos transferidos como resultado de obligaciones espurias.

En ese contexto, Alejandro Olmos Gaona, siguiendo el derrotero valiente y constante de su padre, en este libro logra esclarecer y transparentar el proceso histórico de la deuda externa ilegítima, ilegal y odiosa de la Argentina.

Entre sus múltiples funciones fue miembro de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC) del Ecuador (2007-2008), designado por Decreto Ejecutivo 472 del presidente del Ecuador y produjo gran cantidad de investigaciones particulares sobre historia de las relaciones diplomáticas, deuda exterior, asuntos financieros, derecho internacional público.

Su libro La deuda odiosa. Una doctrina jurídica como instrumento de solución política es fundamental en el estudio jurídico profundo de la problemática.

De una manera documentada, amena y de compresión accesible, trabaja el sistema de la deuda, las actitudes inconstantes como país ante la ley, los antecedentes del sistema financiero y las normas propias para la inversión externa.

Queda en claro en la obra que el sistema penal nada hizo respecto de los latrocinios que ha sufrido el país e incluso José Alfredo Antonio Martínez de Hoz, la única persona que fuera procesada en esta investigación, resultó sobreseído en virtud de operar la prescripción de la acción penal. Pero el accionar delictivo se advirtió en no menos de 477 oportunidades.

Por ello, se deja constancia de que una de las formas habituales del control económico lo constituye la imposición de normas jurídicas que permiten a los controladores del sistema financiero contar con estructuras legales que puedan ser funcionales a sus intereses, y donde el poder del Estado se debilita, al ser considerado como un comerciante convencional que nunca se encuentra en igualdad de condiciones con los bancos que le prestan dinero.

Así, se resalta que en todas las operaciones crediticias internacionales se pactó declinar la inmunidad del Estado para permitir la ejecución de bienes estatales en caso de mora en el pago de las obligaciones. La Nación quedó sometida a jurisdicciones extrañas, como se ha dicho, y los resultados en la generalidad de los casos fueron siempre desfavorables. Y nunca existió un sistema transparente para resolver conflictos respecto de la deuda soberana, y tampoco se siguieron parámetros que respondieran a los principios generales del derecho, sino solo a la voluntad de los bancos prestatarios, que articularon las operaciones, fijaron las cláusulas de los contratos, establecieron las leyes aplicables y la jurisdicción en caso de incumplimiento.

Hay que recordar que la dictadura militar modificó, en abril de 1976, el Código Procesal Civil y Comercial, estableciendo la posibilidad de prorrogar la jurisdicción en favor de jueces extranjeros, y a partir de allí, en todas las obligaciones que suscribirían los diferentes gobiernos, sería invariable la fórmula de renuncia a la inmunidad y el sometimiento a los tribunales de los Estados Unidos y Gran Bretaña, sin que ninguno de ellos cuestionara esta fórmula habitual que se ha continuado en el tiempo, sin hacer distingo alguno sobre la naturaleza de las obligaciones que se suscriban.

Bien se resalta en la obra que siempre resulta más fácil identificar al ladrón de poca monta que a los expertos en delitos financieros, o a los empresarios que hacen abuso de su posición dominante en el mercado, a los que evaden y a todos aquellos que un sistema inmoral les permite recoger ganancias desmesuradas. Uno se maneja con las precariedades de su actividad personal, los otros son parte de un sofisticado engranaje lleno de complicidades, donde interactúan grupos económicos y financieros, abogados, consultores, medios de difusión, etc., los que rara vez son llevados a la justicia para ser enjuiciados como corresponde.

Resume el autor lo vivido por el país afirmando que las cifras de los distintos procesos económicos se convirtieron en los únicos insumos para cualquier discusión, con prescindencia de conocer los entretelones y los modos en que se efectuaran las distintas contrataciones y las responsabilidades inherentes a los funcionarios que intervinieron, determinando que se suscitaran equívocos sobre los diversos aspectos legales y constitucionales, silenciándose antecedentes de singular importancia para su comprensión. Los economistas se apoderaron de la deuda, analizaron sus falencias, su sustentabilidad, teorizaron sobre las diversas maneras de encarar su solución, implementándose acciones para arribar a una solución definitiva que nunca se produjo, ya que después de ciertas disminuciones ocasionales, el problema nunca desapareció, asumiendo proporciones inéditas durante la gestión del gobierno de Macri.

El trabajo es meditado, ameno, documentado y fundamentalmente vivenciado por el autor de la obra, ya que mucho del material traduce lo vivido por él, su padre, los colaboradores y amigos con los que trabajaron por el bien común, buscando que se tome conciencia de lo que se nos obliga a pagar ilegalmente. Es una fuente inagotable de reflexiones que hay que meditar y analizar en el necesario camino a transitar para lograr soluciones justas y superadoras en la materia y poder superar el mandato histórico inaceptable de tener que cumplir cualquier deuda y mucho menos a costa del hambre de nuestro pueblo.

Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, ex juez federal, abogado constitucionalista, especialista en derecho de la información y periodista de opinión.

Deuda o soberanía

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