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Carlos Nino utilizó ese título en un libro singular, en el que con indudable precisión mostró la anomia que caracterizara durante décadas a nuestro país, donde, más allá de la fraseología habitual sobre el cumplimiento de la ley, se violentó sistemáticamente el estado de derecho, produciéndose un acostumbramiento a convivir en situaciones donde la transgresión a la norma se convirtiera en algo habitual no solo por parte de cualquier ciudadano, sino aun por los propios organismos del Estado¹. La marginación de la legalidad no se redujo a los sectores empobrecidos o a aquellos proclives a la comisión de diversos delitos, sino que alcanzó una entidad mucho mayor en sectores concentrados del poder económico, que siempre sortearon el cumplimiento de las normas para acrecentar sus negocios. Quiebras de bancos, insolvencias fraudulentas, créditos no pagados y otorgados discrecionalmente, obras públicas que costaron mucho más de lo presupuestado y realmente gastado, privatizaciones injustificadas, saqueo del patrimonio público, fueron aspectos relevantes de cómo se desarrolló nuestra historia, más allá del indudable crecimiento del país en ciertas épocas. Un crecimiento desigual que se tradujo en una inequitativa distribución de la riqueza que se producía, y que solo alcanzó niveles razonables durante la primera presidencia de Perón.

El sistema judicial se reveló impotente para afectar a empresas y personajes que perjudicaron el patrimonio público, atiborrándose los juzgados penales de causas en las que se investigaron acciones individuales, o de bandas organizadas, además de cuestiones vinculadas al ejercicio de la violencia en las relaciones sociales y familiares, pero no ocurrió lo mismo con los delitos cometidos por los grupos de poder, a través de la utilización de diversos mecanismos, como la fuga de capitales, la evasión impositiva, los sobreprecios en la obra pública, las coimas a funcionarios para la obtención de contratos y otras formas de enriquecimiento, de las cuales la estatización de la deuda privada, en el año 1982, fue quizá la más sobresaliente, por el volumen de deuda ficticia transferida al Estado.

Esa marginación de la legalidad estuvo presente en muchas de las negociaciones económicas, debido a que siempre se sortearon disposiciones legales para el beneficio y enriquecimiento de unos pocos, con el consiguiente perjuicio patrimonial a la Nación. Arrancó quizás con el primer empréstito Baring, que resultaría paradigmático en cuanto a cómo se instrumentarían siempre las obligaciones externas, obviando las normas legales y contando con la inestimable colaboración de la dirigencia, que se benefició de todo tipo de maniobras espurias, en una suerte de complicidad para ejercer la corrupción, que muchos poco ilustrados suponen que comenzó en el 2003, siendo parte de nuestra historia independiente.

Desde 1976, el endeudamiento externo condicionó inevitablemente la política económica de las décadas siguientes privilegiándose el interés de los financistas, que impusieron condiciones, plazos, legislación aplicable, renuncias irrevocables, limitando todas las posibilidades del Estado, hasta el extremo de su absoluta indefensión frente a cualquier litigio. Aunque la dictadura cívico-militar inició ese proceso de sometimiento económico, que en líneas generales fue similar al ocurrido en otros países, con la llegada de la democracia se perfeccionó el sistema y ningún gobierno se atrevió a efectuar una revisión exhaustiva de lo hecho, limitándose a la aceptación incondicional de las obligaciones, que fueron refinanciadas y reestructuradas en una clara violación al ordenamiento legal.

El desconocimiento del estado de derecho fue instrumentado por gobiernos, silenciado por los grandes medios periodísticos, tolerado por un Poder Judicial que siempre miró para un costado, y con la decisiva complicidad del Poder Legislativo, que no se hizo cargo de las competencias que le asignara la Constitución, delegándolas en muchos casos, para mayor comodidad, en el gobernante de turno, que contó con mayorías complacientes y subordinadas a sus decisiones. Esa marginalidad legal permitió la existencia de acciones corruptas que fueron asimiladas como algo natural en la evolución de las prácticas económicas, y admitieron la impunidad de los sectores que manejaron el poder durante décadas, sin que muchas de las investigaciones que se llevaron a cabo pudieran lograr la imputación penal de los responsables.

Con motivo de las conocidas acciones judiciales iniciadas en épocas recientes contra funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner por sobreprecios en la obra pública, las coimas pagadas por Odebrecht, los negocios inmobiliarios que se le adjudicaron a la familia Kirchner, se efectuó una importante y desmesurada campaña mediática destinada a mostrar que nunca en la Argentina había ocurrido algo semejante, como si la historia de la corrupción hubiera comenzado en el año 2003 y algunos hechos ocurridos en años o décadas anteriores no hubieran tenido una relevancia equiparable o aún mayor². Esas expresiones se debieron a la intención deliberada de ocultar hechos del pasado, silenciando una corrupción estructural de décadas, mostrando solo aquello que conviniera a los intereses de esos medios, que estuvieron complicados en muchos de los grandes negocios que dañaron seriamente la economía, y en otros casos justificaron las acciones de los que defraudaron el patrimonio público.

Esa corrupción estructural fue parte del sistema instalado en la Argentina, donde se privilegió el abuso de poder, la exponencial transferencia de recursos de los más pobres hacia los más ricos, la inequidad, y las ganancias desmedidas de los que utilizan los medios a su alcance en esa carrera desmesurada por enriquecerse cada día más. Esos grupos, sus hombres emblemáticos, y aun aquellos que pasaron desapercibidos, hicieron alarde de transparencia; reclamaron seguridad jurídica, marcos de libertad para negociar, no intervención del Estado en la esfera privada, ausencia de regulaciones. Definiciones estas que les sirvieron para encubrir todo tipo de negociaciones espurias, evasiones fiscales, monopolios, transferencia de deudas ficticias al Estado, contrabando de bienes, manipulaciones financieras, sometimientos externos y una amplia gama de actividades que forman parte de un sistema cuya corrupción nunca fue combatida desde las estructuras del Estado, y en algunos casos, cuando se quiso hacerlo, los resultados tropezaron con la maraña de intereses en juego que hizo imposible ponerlo en evidencia³.

Siempre resulta más fácil identificar al ladrón de poca monta que a los expertos en delitos financieros, o a los empresarios que hacen abuso de su posición dominante en el mercado, a los que evaden y a todos aquellos que un sistema inmoral les permite recoger ganancias desmesuradas. Uno se maneja con las precariedades de su actividad personal, los otros son parte de un sofisticado engranaje lleno de complicidades en el que interactúan grupos económicos y financieros, abogados, consultores, medios de difusión, etc., los que rara vez son llevados a la justicia para ser enjuiciados como corresponde.

La marginación de la ley siempre llevó a vía muerta investigaciones que comenzaron con intención de poner en evidencia a los defraudadores del Estado. En otros casos no hubo investigaciones, pero sí denuncias fundadas, intervenciones parlamentarias que pusieron en evidencia la corrupción, y en todos los casos se prefirió minimizar los hechos, desvalorizar a los denunciantes, poner en duda los actos de corrupción, ya que en ellos habían intervenido personajes de notoria importancia y siempre vinculados con el poder.

Algunos antecedentes históricos pueden resultar útiles para poner en evidencia algunas de esas transgresiones de las que participaron empresarios, estancieros, financistas, dirigentes políticos, legisladores, militares y muchos otros que gozaron de gran respetabilidad. También brevemente consignamos cómo importantes investigaciones concluyeron y fueron archivadas sin ninguna consecuencia, ya que en los casos señalados nunca hubo acciones para establecer responsabilidades, y el olvido fue la mejor forma de la consagración de la impunidad.

1. La sede del Congreso de la Nación. Fue comprada en 1889 en la suma de 6.300.000 pesos, cuando el terreno valía poco menos de la mitad. La compra fue defendida en la Cámara de Diputados por el entonces legislador Gral. Lucio Mansilla y otros destacados personajes de la época, como el Gral. Francisco Bosch, participando en el negocio los directivos del Banco Nacional. Diarios de la época denunciaron el negociado, pero las protestas quedaron silenciadas rápidamente.

2. El Banco Nacional. Fundado en 1873, su política crediticia mostró la discrecionalidad en préstamos a importantes personajes, como el citado Gral. Mansilla, Eduardo Wilde, Rufino Varela, Wenceslao Pacheco, Norberto Quirno Costa, Ramón J. Cárcano, Marco Avellaneda y otros, sin que pueda saberse si devolvieron el dinero, aunque por la poca documentación que existe parece que fue muy poco debido a una ley del 18 de noviembre de 1893, llamada ley del olvido o del jubileo. También se prestó a los directores del banco: Leloir, Casares, Frías, Sastre, Muñiz, a sus familiares y empresas vinculadas. Una muy buena manera de disponer de los fondos públicos, aunque las garantías no fueran suficientes.

3. El Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Constructor de La Plata. Se manejaron de la misma manera que el anterior, mediante créditos y negocios a personajes vinculados con el poder de turno, sin que importasen las garantías, y ante la mora de los mismos, ejecutarlos como correspondía. Sería largo enumerar todo lo ocurrido con el vaciamiento de estos bancos. Sirva como ejemplo de las maniobras dolosas lo manifestado por el fiscal que intervino, Carlos O. Bunge, quien manifestó al juez interviniente: “Imagine V.E. las maniobras dolosas más hábiles para extraer el dinero del bolsillo ajeno, los recursos más extraños, las invenciones más inauditas, la superchería más sistemática, la administración más voraz, la insolencia más cínica, imagine cuanto pueda de estafas de alto vuelo… y no imaginará una mínima parte de los hechos denunciados y probados”⁴.

4. Los créditos del Banco de la Nación. El Dr. Juan B. Justo hizo una investigación, silenciada y olvidada hoy, sobre cómo la mayor parte del dinero del Banco de la Nación favoreció a grandes terratenientes, y a importantes personajes públicos que usaban el crédito, lo refinanciaban permanentemente, y terminaban pagando monedas o no devolviendo el dinero. Sus conclusiones no tuvieron ninguna consecuencia, y el Banco siguió operando de la misma manera. Hace unos años pude acceder a los libros de actas de Directorio del banco, donde se registraban los préstamos, las refinanciaciones, las moratorias, para una investigación que estaba realizando sobre la década del 30. Observé que nada había cambiado, y aunque las carpetas de los viejos deudores del banco fueron sospechosamente incineradas, pude reconstruir cómo fue la operatoria de grandes y “respetables” personajes que usufructuaron de la riqueza de los ahorristas en su propio beneficio: la lista es larga y representativa de quienes refinanciaban eternamente sus obligaciones con el banco, hasta licuar sus deudas.

5. Investigación del comercio de carnes. La Comisión del Congreso liderada por el senador Lisandro de la Torre probó la defraudación de que había sido objeto el Estado Nacional por décadas. Los libros de contabilidad donde estaba la evidencia fueron encontrados, debajo de envíos de carne congelada, en un barco listo para enviar a Gran Bretaña. Los más distinguidos abogados de Buenos Aires defendieron a los grandes frigoríficos británicos: Swift, Anglo, etc. Todo terminó con el asesinato de un senador por parte del guardaespaldas del ministro de Agricultura, Luis Duhau, y el posterior suicidio de De la Torre, asqueado de tanta inmundicia e impotente ante la complicidad del gobierno con los frigoríficos extranjeros.

6. Conversión de la deuda pública de la Provincia de Buenos Aires. Se hizo en 1935, con un perjuicio para las arcas públicas de 500 millones de pesos de aquella época. Beneficiario de ese negocio fue Otto Bemberg, quien instrumentó la operación. Aunque fue denunciado en su momento por el escritor nacionalista José Luis Torres, no hubo el menor interés en investigarlo. Años después el Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires puso en evidencia las modalidades de la conversión y los perjuicios ocasionados.

7. Defraudación al Estado por los herederos de Otto Bemberg. Se trató de una defraudación en el pago del impuesto a una importante herencia, ya que Bemberg era una de las más grandes fortunas del país. La investigación mostró las maniobras del grupo a través de un conjunto de sociedades, interviniéndose las empresas durante el peronismo e incorporándolas al patrimonio público. Por exigencias del grupo de países del Club de París, todo les fue devuelto durante la presidencia de Frondizi, en 1958. Los delitos que fueron probados quedaron sin sanción alguna.

8. La prórroga de las concesiones de la CADE. Ante el conocimiento de la comisión de delitos en los que intervinieran diputados y concejales para la prórroga de la concesión, producida la revolución de 1943, se designó una Comisión Investigadora presidida por el coronel Matías Rodríguez Conde. A pesar de probarse las coimas pagadas a legisladores y concejales, y la participación del expresidente Marcelo T. de Alvear en algunas negociaciones, la investigación se archivó por decisión del presidente Perón y no hubo sanción alguna a los responsables que habían intervenido. En 1973, durante la gestión del gobierno de Cámpora, Eudeba editó un resumen de las actuaciones.

9. Los fraudes del frigorífico Swift y su sociedad controlante Deltec Internacional. Fueron puestos en evidencia por el juez en lo comercial Salvador M. Lozada, quien debió afrontar riesgos personales por haberse atrevido a enfrentar a una multinacional, y a poderosos estudios de abogados que defendieron los intereses de la empresa. Su tesis sobre la “responsabilidad de los conjuntos económicos”, avalada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1974, fue desconocida posteriormente en las distintas actuaciones que se llevaran a cabo en el Banco Central, en el marco de la investigación de la deuda privada.

10. La deuda de la dictadura cívico-militar. Fue investigada por el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2. Terminó con el sobreseimiento del exministro Martínez de Hoz y el archivo de la causa. Los ilícitos en que incurrieran diversos funcionarios de la dictadura militar quedaron impunes, sin que se iniciara ninguna acción de responsabilidad. Los avales del Estado entregados a grandes empresas por más de 7000 millones de dólares no fueron pagados en gran parte y el Estado debió hacerse cargo de tales deudas, que pasaron a formar parte del endeudamiento público.

11. La investigación de la deuda privada en el Banco Central. Fue ordenada durante el primer año de la gestión del presidente Alfonsín, y archivada en 1985, a pesar de las importantes pruebas producidas que demostraron que las deudas estatizadas en 1982 fueron mayormente operaciones ficticias en las que habían participado las principales empresas del país (Bridas, Papelera Río Paraná, Renault, Techint, Ford, Cogasco, Socma, Fiat Sevel, Sideco, etc.). Dicha deuda representaba casi el 45 % de la deuda externa total que recibió el gobierno radical en 1983. Parte de la documentación investigada se presentó en el Juzgado Federal Nº 2, en el marco de la causa iniciada por Alejandro Olmos, y continuada por el que esto escribe. Pasaron años, la causa sigue abierta, sin que se haya adoptado ninguna resolución.

No hago ninguna referencia a la denominada causa de los “cuadernos” en la que están involucrados los titulares del Poder Ejecutivo entre los años 2003-2015, numerosos funcionarios y empresarios privados, ya que habrá que esperar los resultados definitivos de una investigación que por lo poco que se conoce llevará varios años, sin perjuicio de apuntar sobre la naturaleza política que motivara esas acciones legales, de resultado incierto.

En los casos citados anteriormente, en los que se vieron involucrados funcionarios públicos y grupos empresarios nacionales y extranjeros, nunca se pudo llegar a establecer responsabilidades concretas. Además de archivar muchas de las investigaciones, en otros casos la demora en llevar estas a cabo determinó el sobreseimiento de los responsables, siendo evidente que, cuando se toca a los sectores que controlan el poder económico, la concertación de complicidades y la inacción del Poder Judicial determina la impunidad de los que han defraudado al Estado, utilizando los recursos del mismo en sus negocios privados. Recientemente se conoció lo ocurrido con el Correo Argentino, de la familia Macri, y las maniobras de Joe Lewis, quien comprara una enorme estancia en fraude a la ley argentina, apropiándose del lago Escondido, una propiedad pública. Desde 1996 hasta hoy sus acciones siguen impunes, y hasta se ha llegado a apelar a la Corte Suprema, para poder mantener la impunidad de esos negocios⁵.

1 Nino, Carlos, Un país al margen de la ley, Buenos Aires, Emecé, 1992.

2 El presidente Macri llegó a incriminar a su propio padre en estas prácticas, diciendo que fue obligado por el sistema impuesto por los gobiernos kirchneristas. Su deliberada falta de memoria sepultó los negocios espurios realizados durante varios gobiernos, y especialmente cuando la dictadura militar, durante la que transfirieron al Estado deuda ilegítima por más de 250 millones de dólares.

3 Vitelli, Guillermo, Negocios, corrupciones y política, Buenos Aires, Prendergast, 2006.

4 Lotersztain, Israel, La corrupción en la Argentina de Miguel Juárez Celman, Tesis de doctorado, 2004.

5 Esta afirmación surge de las copias de documentos en mi poder que me fueran suministradas oportunamente por el procurador de Investigaciones Administrativas Santiago Eyherabide, quien impulsara la acción penal contra Lewis, sus socios y los abogados que intervinieron en la maniobra.