Читать книгу Derecho fundamental a la salud: ¿Nuevos escenarios? - Hernando Torres Corredor - Страница 60

En las tres últimas décadas, las reformas de mercado denominadas “neoliberales”, se refieren a los cambios estructurales en el papel del Estado y de la política social4, de las instituciones y en los derechos, iniciados a finales de la década del setenta del siglo XX, promovidos por los gobiernos de Margaret Tatcher y Ronald Reagan en Inglaterra y Estados Unidos, y por las Escuelas de Chicago y Harvard en Norteamérica, para enfrentar la crisis mundial del capitalismo (Laurell, 1997; Waitzkin, 2013). El proceso de reforma —aún en marcha con diferentes temporalidades en diversos países del mundo—, se ha sustentado en la crítica a la supuesta ineficiencia del Estado, responsable, en gran medida, de la crisis fiscal (Ahumada, 1999; Rodríguez, 2005). En el caso de América Latina, un argumento adicional fue la crisis de la deuda externa en la década del ochenta del siglo XX.

Las reformas del Estado y de la política social han tenido varios momentos, pero las características transversales son: una nueva forma de generación y acumulación de capital basada en la liberalización económica, el crecimiento hacia afuera, la conformación de bloques económicos comerciales y Tratados de Libre Comercio entre países, la exaltación del mercado como motor de la inversión productiva del trabajo y de la iniciativa individual. La teoría del derrame económico expresada en la confianza en que el crecimiento económico deviene en distribución de las oportunidades y del bienestar social, la desregulación del Estado y la rentabilidad de los sectores de bienestar, conjunto de cambios denominados en la literatura como la dimensión económica de la globalización (Laurell, 1997).

Las directrices para implantar este conjunto de reformas han sido recogidas desde la década del ochenta por el Consenso de Washington5, y por diversos documentos de los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, los cuales han orientado las reformas estructurales de la política social y de salud puestas en marcha en varios países, incluyendo Colombia (Banco Mundial, 1987; Hernández, 2000). Estos cambios estructurales han implantado la desregulación del Estado, la privatización, la disminución del gasto social, las reformas laborales, educativas, pensionales, de servicios públicos y de salud, que han reducido el contenido de los derechos sociales y han transferido recursos públicos a agentes privados con ánimo de lucro, mientras aumentan los costos de los servicios para la población.