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Utilización de la tutela: judicializar la mercantilización de la salud y proteger al ciudadano

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La ATS aumentó en el país desde 1999 hasta 2014, representando en los extremos entre el 18.8 % (año 2000) y el 41.5 % (2008) del total de las tutelas del país (Defensoría del Pueblo, 2012, p. 102). Esa participación declinó en 2009 y 2010, con la Sentencia T-760 de 2008, pero volvió a incrementarse entre 2011 y 2014, (Defensoría del Pueblo, 2015, p. 85). La tendencia general ha sido la negación de servicios de salud (tratamientos, medicamentos, cirugías, citas con el especialista), cubiertos por el seguro, que entre 2003 y 2008 representó más del 50 % de las solicitudes de tutela, y entre 2009 y 2014 más del 65 % (Defensoría del Pueblo, 2012, p. 46; Defensoría del Pueblo, 2015, p. 131). Aceptando las discusiones sobre estas cifras, la judicialización del derecho a la salud en Colombia ocurre mayoritariamente por servicios por los cuales la sociedad y el Estado ya pagaron. Algunas fuentes sugieren presiones de la industria farmacéutica sobre la judicialización, para la prescripción de medicamentos no incluidos en el POS. Esta situación deberá investigarse a fondo, pero aún así, los ciudadanos tienen que recurrir con frecuencia a la tutela para resolver necesidades en salud (Yamin, Parra-Vera, Gianella, 2013, pp. 136-137; Defensoría del Pueblo, 2015).

Derecho fundamental a la salud: ¿Nuevos escenarios?

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