Читать книгу La economía de Perón - Javier Ortiz - Страница 22

Con el Pacto de San Nicolás, la Constitución de 1853 y la definitiva entrega de la Aduana de Buenos Aires en 1862 terminó el largo conflicto que había sido la causa de las guerras civiles, centrado en diferencias sobre la distribución del mayor recurso fiscal: la Aduana de Buenos Aires.

Un régimen basado en los impuestos a las importaciones (uno indirecto al consumo) en un país cuyo comercio exterior crecía gracias precisamente a la paz lograda, el Estado por primera vez tuvo recursos materiales para ejercer su autoridad en todo el territorio del país, no sólo asegurando la libertad que prometía la Constitución, sino la vigencia de la ley, el orden y el respeto a los derechos de propiedad que fueron condiciones de ese notable crecimiento. El impuesto a las importaciones se percibía eficientemente al tiempo que el bien entraba al puerto y sobre el que existía un amplio consenso en una población con ingresos reales relativamente altos dada una canasta de alimentos local barata.

La Primera Guerra ya había creado problemas al establecer límites a las importaciones de manufacturas de los países en conflicto pero, sobre todo, por su encarecimiento –como el de la energía (carbón)–, lo que llevó al gobierno a tomar ciertas medidas como dejar congelados los aranceles a los precios de 1908 hasta 1922 para evitar su efecto en los consumos populares. Sin embargo, desde entonces, se ajustaron a los precios de mercado. A partir de 1929 y hasta 1933, tras un derrumbe del 70% en los precios agrícolas, los ingresos tuvieron tal dramática reducción que pusieron punto final al acuerdo de la Constitución que había sido la base de consenso sobre su legitimidad. Para cerrar la brecha que dejaban se instituyó un impuesto a los réditos, que se dijo sólo de emergencia, y otro a las ventas (en cascada), que no llegaron a compensar la caída de ingresos aduaneros.

Aunque se había recurrido varias veces por limitados períodos a impuestos a las exportaciones –una innovación de la Convención de 1866 por las necesidades que generó la Guerra del Paraguay–, su uso fue transitorio y limitado, recurriéndose en general a los recursos que dejaban en manos del gobierno las diferencias de cambio. Con la mayor parte de esas diferencias se pagaron los vencimientos de la deuda en moneda extranjera.

Proteccionismo: las ideas y la política económica

Un régimen de cambios dual con un tipo comprador y otro vendedor, sumado a un racionamiento a las importaciones, no sólo podía ser fuente de recursos cuasi fiscales sino que, como no requería aprobación legislativa, podía ser implementado por el Poder Ejecutivo con total autonomía del Congreso. Se trataba de un instrumento que hacía más caras las importaciones de algunos productos industriales, pero que protegía a los productores locales y favorecía las importaciones de insumos industriales. Al mismo tiempo, perjudicaba al agro con un tipo oficial de cambio subvaluado, generando transferencias de ingresos de un sector a otro. Ese fue el perfil de las políticas industrialista y de distribución del ingreso de los años peronistas. Ya no sólo se usó por necesidades fiscales sino respondiendo a una política que implicaba una redistribución de las cargas y los beneficios de los bienes públicos, que no respondía a un acuerdo legislativo que reflejara un consenso de los involucrados, por lo que generó permanentes conflictos sectoriales y escaseces que se expresaron en repetidos procesos inflacionarios.

Con unos aranceles que hacían más cara la importación de bienes de capital y menos la de insumos industriales, se estimuló más una industria intensiva en mano de obra que, si bien resolvió en un principio el problema del desempleo, perpetuó en el tiempo un sector industrial de baja productividad y de casi obsoleta tecnología por los altos costos para importar bienes de capital (Díaz Alejandro, 1970). Esta industria dependiente, además, de la provisión de insumos de las importaciones llevó a los reiterados ciclos de stop and go.