Читать книгу El no alineamiento activo y América Latina - Jorge Heine - Страница 12

Un ejemplo de ello es el préstamo de 3.500 millones de dólares de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (IDFC), entidad del gobierno estadounidense, a Ecuador. En los inicios de la pandemia covid-19, Ecuador fue zona cero de la epidemia en la región, con los cadáveres apilándose en las calles de Guayaquil. Además, con la caída de los precios del petróleo, se agravaron los problemas de la deuda externa del país. Aprovechándose de ello, en el mes de enero de 2021, ya a fines del gobierno del presidente Trump, el IDFC llevó la tan criticada condicionalidad de los préstamos de las instituciones financieras internacionales occidentales a nuevos extremos. El préstamo vino con dos condiciones. La primera fue que Ecuador se comprometiera a no utilizar ningún tipo de tecnología china en su red de telecomunicaciones. La segunda, que privatizara activos del sector público por un monto equivalente al préstamo. Como si fuese poco, los activos a ser privatizados no serían determinados por el gobierno de Ecuador, sino que en forma conjunta por ambas partes. Según Adam Boehler, el director ejecutivo saliente de la IFDC, este sería un “modelo novedoso” para expulsar a China de los países latinoamericanos, que lo había discutido con el equipo de transición de Biden, que lo habría visto como un “enfoque interesante e innovador” (Gallagher y Heine 2021).

Hay mucho de equivocado en este “novedoso modelo”. En primer lugar, significa utilizar a los países latinoamericanos como “carne de cañón”, a ser sacrificados en aras de la política de los Estados Unidos hacia China. Con esto, Estados Unidos ni siquiera está defendiendo su propia tecnología 5G en telecomunicaciones (de la que no dispone), sino que meramente bloqueando el acceso de empresas chinas a la región y retrasando el desarrollo económico de un pequeño país latinoamericano en dificultades. Por otra parte, el forzar a Ecuador a vender activos en plena crisis significa venderlos a un precio inferior al normal y no parece encaminado a favorecer el desarrollo del país. Más bien parece tener como objetivo reducir su capacidad estatal, disminuyendo sus recursos y generar abultadas ganancias para compañías extranjeras. Finalmente, el que la IFDC se asigne a sí misma un papel en seleccionar las empresas públicas ecuatorianas a ser privatizadas hace surgir serias dudas acerca de la transparencia de este proceso. ¿Es que ya hay empresas estadounidenses interesadas en ciertos activos ecuatorianos que han trasmitido ello a la IFDC? Demás está decir que ello iría en contra de las normas básicas de probidad de cómo se administran las privatizaciones y presenta interrogantes acerca del modus operandi de esta nueva entidad estadounidense, con solo un par de años de existencia.

Una política de NAA estaría orientada precisamente a evitar situaciones como esta en Ecuador, y a que los gobiernos de la región orienten su accionar según sus intereses nacionales y no según los de las grandes potencias que pretenden imponerle los propios.