Читать книгу Historia de la República de Chile - Juan Eduardo Vargas Cariola - Страница 98

Junto a la escasez de circulante e informalidad y falta de uniformidad del sistema monetario, otros problemas económicos acechaban a la economía chilena de las décadas iniciales de la república. Estos eran de índole financiera y se derivaban de la ausencia de mecanismos e instituciones crediticias modernas.

Entre los mecanismos de crédito más importantes heredados del periodo colonial que se mantuvieron vigentes durante la primera mitad del siglo XIX, se encontraban los censos y la habilitación. Los censos consistían en contratos que gravaban un inmueble con un canon anual, a modo de interés, en reconocimiento de haberse recibido un capital. Se debía continuar haciendo el pago del referido canon hasta que se hiciera reintegro del capital. Hubo instituciones que, por poseer capitales significativos y tener necesidad de asegurar una renta anual para mantener obras de bien público, se transformaron en importantes prestamistas a través de aquella vía. En este sentido, destacaron las órdenes religiosas, tanto femeninas como masculinas⁸³⁴. La habilitación fue otra forma de crédito, utilizada fundamentalmente en el financiamiento de actividades mineras y agrícolas. Como ya se ha explicado, era un préstamo en bienes de capital y consumo para llevar adelante determinadas faenas. Quien contrataba el crédito lo pagaba con el producto de sus faenas, ya fuera en minerales o cosechas. Además de estos sistemas, fueron muy habituales los préstamos otorgados por comerciantes y por mujeres rentistas.

Los problemas económicos recién mencionados, sumados a las falencias del sistema financiero, repercutieron en la opinión pública. En la década de 1840, especialmente entre los años 1844 y 1845, se produjo un importante debate en torno al establecimiento de bancos. Salvo contadas excepciones, la mayoría de los participantes de dicha discusión era partidaria de la instalación de instituciones bancarias. Sin embargo, surgían notorias discrepancias a la hora de determinar la naturaleza de los bancos que podían autorizarse y las características que ellos deberían tener. Las controversias se manifestaron principalmente en la prensa periódica de Santiago y Valparaíso.

Uno de los primeros en poner este tema en la esfera pública fue el ministro de Hacienda Manuel Rengifo, quien sugirió la instalación de un Banco Nacional, es decir, un banco de carácter estatal. Según Rengifo, dicha institución podría ser un remedio al incremento del crédito usurario en el periodo, que habría producido numerosas quiebras en el comercio. En su opinión, la instalación de un banco podría solucionar los problemas del circulante. Su administración no sería mucho más compleja que la de la Casa de Moneda y sus billetes no se depreciarían por el uso. Según Rengifo, en un primer momento las emisiones debían ser equivalentes al capital del banco. Sin embargo, a medida que creciera la confianza pública en la institución, se podría aumentar la emisión de billetes. Para el ministro, la instalación del banco requeriría un capital inicial de alrededor de un millón de pesos. Rengifo se mostró como un fuerte opositor a la instalación de bancos privados, pues pensaba que estos eran proclives a la especulación, a velar por sus intereses, y que al entrar en tratos con los gobiernos tenderían a solicitar privilegios, transformándose en “instrumentos de opresión y tiranía”. La postura a favor de la instauración de un Banco Nacional fue refrendada poco tiempo después por el periódico El Progreso. Según un editorial de ese diario, si el gobierno optaba por traspasarle “el millón de pesos que contiene hoy el tesoro nacional, a más de dar una sólida garantía a las transacciones del Estado, obraría por esto solo una verdadera revolución comercial”. Consciente de las dificultades de generar una opinión favorable en torno a los bancos en Chile, El Progreso se encargó de “difundir en el público los conocimientos necesarios sobre la naturaleza de los bancos”, y para ello se sirvió de los escritos de Mariano Fragueiro, exdirector del Banco de Buenos Aires y residente temporal en Chile⁸³⁵.

Los debates sobre la instalación de bancos culminaron en septiembre de 1844, a raíz de la presentación en la Cámara de Diputados de un proyecto del parlamentario Bernardo José de Toro sobre el establecimiento de una institución de ese género. En opinión del parlamentario, le economía nacional adolecía de graves problemas por la falta de capitales y por los altos intereses de los créditos. Como remedio, Toro proponía el establecimiento de un banco particular, al que se otorgaría un privilegio exclusivo de funcionamiento por 20 años. El banco estaría encargado de descontar letras, emitir billetes, con un máximo de cuatro millones de pesos, y otorgar crédito, con un interés máximo de seis por ciento. Para evitar abusos, proponía que los accionistas del banco fueran propietarios urbanos o rurales, los que deberían hipotecar sus propiedades para recibir acciones en proporción a la hipoteca. El diputado sostenía que el banco debía ser de particulares y no del Estado, pues este “no debe ser jamás comerciante”⁸³⁶.

Mientras la Cámara pedía un informe a la Comisión de Hacienda sobre el proyecto, se generó un intenso debate en la prensa. El Progreso publicó una serie de artículos de Mariano Fragueiro, en los que defendía la necesidad de un banco estatal, aunque con una administración independiente del gobierno, pues, en su opinión, “la facultad de estampar moneda y de centralizar las operaciones de crédito […] es inherente a la soberanía”. Para Fragueiro, el Banco Nacional debía cambiar, vender y comprar monedas y pastas finas, descontar letras, recibir depósitos, otorgar créditos y emitir billetes. Los billetes bancarios serían pagaderos a la vista y al portador en moneda legal de plata u oro, y recibidos como moneda corriente en todas las oficinas públicas.

Otro de los adalides de la instauración de un banco nacional fue Pedro Félix Vicuña. Según este, el banco debía ser dirigido en forma independiente del gobierno por un directorio nombrado por el Congreso. Las operaciones que efectuaría serían otorgar préstamos, descontar letras al cinco por ciento de interés anual y emitir billetes por un máximo equivalente a las tres cuartas partes del capital efectivo, los que debían ser considerados como moneda nacional. En todo caso, Vicuña discrepaba del proyecto de Fragueiro porque otorgaba demasiada influencia al gobierno en el manejo de la institución. Como puede apreciarse, en el debate tendió a primar la idea de que el banco debía ser una institución nacional, que tomara en sus manos las funciones de crédito, depósito y emisión⁸³⁷.

Diversos sectores de la producción defendían la idea de instalar un Banco Nacional. La posición de Fragueiro fue respaldada por la Sociedad Nacional de Agricultura, que hacía tiempo mostraba su preocupación por la falta de crédito. Desde las páginas de su órgano, El Agricultor, se apoyó la idea de la creación de esa entidad⁸³⁸. Otro de los grupos de presión interesados al respecto fue el del empresariado minero del norte del país. A través de diversas instancias, ya fuesen periódicos, parlamentarios e incluso instituciones corporativas, como la Junta de Minería de Copiapó, los mineros propugnaron el establecimiento de un banco de carácter estatal para contrarrestar los altos intereses cobrados por los habilitadores. Sostenían que los préstamos de carácter “usurero” de los habilitadores ahogaban la producción minera, llevando a la ruina a los mineros endeudados. Al mismo tiempo, se manifestaban contrarios a la existencia de bancos privados de emisión, porque podrían generar inestabilidad monetaria y fenómenos inflacionarios contrarios a sus intereses. Estas reclamaciones se hicieron patentes en las provincias de Atacama y Coquimbo⁸³⁹.

En medio de este ambiente, el gobierno tomó la iniciativa, y el 25 de octubre de 1844 propuso que mientras se consolidaban las ideas sobre la instalación de un banco, se le autorizara para otorgar créditos hipotecarios al ocho por ciento de interés con los 500 mil pesos de superávit fiscal de ese año. Esta moción recibió el decidido apoyo del diario El Progreso, aunque también sufrió fuertes críticas, especialmente de parte de El Mercurio y del diputado Toro. El 15 de enero de 1845 el Congreso aprobó dicho proyecto. Paralelamente el gobierno nombró una comisión para que estudiara la conveniencia de establecer un banco nacional. El 1 de julio de dicho año la comisión presentó un proyecto para establecer un banco del Estado y un reglamento que organizaba su funcionamiento. Con todo, la iniciativa no prosperó por la fuerte oposición a la idea de un banco estatal, a lo que se sumó el cambio de gabinete al iniciarse el segundo gobierno de Bulnes, que trajo consigo ideas diferentes sobre la materia. Las nuevas autoridades se mostraron partidarias de entregar esa actividad al sector privado. De hecho, el gobierno realizó gestiones en Londres, París y Washington para la instalación en el país de un banco privado con capitales extranjeros. Pese al fracaso de dichas gestiones, insistió en la conveniencia de los bancos privados frente a los estatales, argumentando que estos últimos generarían una amplia resistencia en sectores importantes de la sociedad y que las instituciones privadas podrían aportar los conocimientos sobre el funcionamiento del sistema bancario que tanto necesitaba el país⁸⁴⁰.