Читать книгу Menores y justicia Juvenil - Lorenzo Mateo Bujosa Vadell - Страница 45

En la delincuencia confluyen muchos factores de riesgo a la vez, por eso, una de las explicaciones en relación a la conducta delictiva más importante es la de Andrews Y Bonta, que es un modelo integrador que parte de una perspectiva de reforzamiento personal, interpersonal y comunitario en la génesis del delito.

El modelo de Andrews y Bonta (2010), es sin duda el más ampliamente aceptado en el ámbito de la delincuencia juvenil, en base a la gran evidencia empírica que lo soporta y que ha permitido consolidar los elementos que incluyen como factores de riesgo para la reincidencia en menores infractores y sobre el que se sustenta la prueba de valoración del riesgo de reincidencia “Youth Level of Service/Case Management Inventory”, YLS/CMI que se utilizará en nuestro centro formando parte del Programa de Intervención General del CRZ.

En el marco de la intervención psicológica con delincuentes, El modelo de Riesgo– Necesidades-Responsabilidad o Responsividad de estos autores, integra distintas teorías explicativas de la conducta como la del Aprendizaje social de Bandura y Walters (1983), otras de corte más sociológico como la de Burgess y Akers (1966) o las relacionadas con el condicionamiento operante de Skinner (1977).

Según este modelo, la conducta delictiva de los jóvenes se basa en una compleja red de variables personales y ambientales que se encuentran interrelacionadas entre sí. Estos autores establecen que existe una asociación de factores con la conducta infractora, y diferencian entre factores de riesgo estáticos y factores de riesgo dinámicos.

Esta diferenciación es clave para orientar la intervención, puesto que los factores estáticos, se refieren a aspectos de la historia del sujeto que no pueden modificarse, como pueden ser: la edad, el historial delictivo, y sin embargo los factores dinámicos son las variables psicológicas, comportamentales y del entorno del menor que son susceptibles al cambio mediante la intervención y que por ello se han venido llamando “necesidades criminógenas”.

Estas necesidades criminógenas, proceden de diferentes áreas como el historial previo de conductas antisociales, su situación familiar, las características de personalidad, atributos de personalidad, conductuales y cognitivos, las experiencias educativas y laborales, el grupo de iguales, creencias y actitudes en relación a la actividad delictiva.

En resumen, se trata de un modelo que intenta explicar las diferencias individuales en el comportamiento delictivo atendiendo a las influencias o refuerzos de más amplio contexto cultural y social, del comunitario y familiar más próximo, de las relaciones interpersonales y de las variables personales de menor (biológicas, cognitivas, conductuales, educativas etc.).

Este modelo teórico implica una aplicación en el tratamiento y la prevención de la delincuencia, estableciendo tres grandes principios de intervención:

1 Principio de Riesgo:

Este principio plantea que los individuos que presentan un mayor nivel de riesgo en factores estáticos tienen un nivel de modificabilidad menor (precocidad delictiva, tendencia antisocial), frente a aquellos factores dinámicos que sí pueden modificarse con mayor facilidad (sistemas de creencias, hábitos antisociales, consumo de drogas, influencia del grupo de iguales). Es por ello que las microprogramas de intervención que se desarrollan en el centro están dirigidos a generar el cambio en estas áreas.

2 Principio de Necesidad:

Este principio afirma que los factores de riesgo dinámicos que están directamente relacionados con la actividad delictiva (hábitos, cogniciones y actitudes delictivas) deben ser los auténticos objetivos del programa, puesto que se espera que se cumpla la premisa de si el sujeto supera sus necesidades criminógenas, se producirá un cambio y disminución del riesgo de reincidencia.

Atendiendo a ello se ha implementado en el centro el “Programa de Prevención y Reducción de reincidencia delictiva” y los Programas de Intervención terapéutica Especializada en relación al consumo de tóxicos, violencia filio-Parental, Salud Mental, o Prevención de la violencia de Género, Agresores sexuales etc.

3 Principio de Responsividad:

Este principio dota de importancia a la individualización en las intervenciones, y en la necesidad de adaptar éstas a las características personales y situacionales de los menores, es por ello que se tienen que tener en cuenta aspectos como el nivel de autoestima, motivación al tratamiento, presencia o ausencia de alteraciones psicopatológicas que pueden afectar el grado de consecución de los objetivos de su programa de intervención.

Por ello en el Centro Regional Zambrana tiene tanta importancia que se parta de una rigurosa evaluación, que nos hace conocer al sujeto más profundamente, atendiendo a sus necesidades criminógenas en la evaluación específica que se realiza en las distintas áreas de intervención: psicológica, social, educativa y pedagógica y de inserción laboral.

Además, a estos principios como hemos visto al desarrollar el área de evaluación especializada, se deben añadir otros dos principios que debemos recordar y que incluyen estos autores en la revisión que hacen de su teoría en el 2010.

4 El principio de discrecionalidad Profesional: referido a la posibilidad en algunos casos de que los profesionales tratantes, puedan tomar decisiones disimiles respecto de los instrumentos o factores establecidos, en función de su juicio profesional, no obstante, este cambio debe tener su justificación en los informes especializados.

5 El Principio de Integridad y Evaluación: relativo a la coherencia e idoneidad de todos los procesos asociados a la intervención, tales como la elección de instrumentos diagnósticos, la aplicación de tratamientos y los procesos de supervisión y seguimientos para optimizar la implementación de dicha intervención.