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i. El Overriding Objective

Este “objetivo” viene establecido en la primera regla procesal, en el primer artículo del White Book. Podríamos traducirlo como el principio superior que debe regir y orientar todo procedimiento judicial, de modo que toda interpretación de la normativa procesal o actuación llevada a cabo tanto por el juez como por las partes debe tener siempre en cuenta este Principio. Si bien podríamos desgranar sus principales rasgos, este Principio es de tal importancia que creemos oportuno reproducirlo en su totalidad:

The overriding objective15

1.1 (1) These Rules are a new procedural code with the overriding objective of enabling the court to deal with cases justly.

(2) Dealing with a case justly includes, so far as is practicable –

(a) ensuring that the parties are on an equal footing;

(b) saving expense;

(i) to the amount of money involved;

(ii) to the importance of the case;

(iii) to the complexity of the issues; and

(iv) to the financial position of each party;

(d) ensuring that it is dealt with expeditiously and fairly; and

(e) allotting to it an appropriate share of the court’s resources, while taking into account the need to allot resources to other cases.

Application by the court of the overriding objective

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1.2 The court must seek to give effect to the overriding objective when it –

(a) exercises any power given to it by the Rules; or

(b) interprets any rule subject to rule 76.2.

Duty of the parties

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1.3 The parties are required to help the court to further the overriding objective.

Court’s duty to manage cases

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1.4 (1) The court must further the overriding objective by actively managing cases.

(2) Active case management includes

(a) encouraging the parties to co-operate with each other in the conduct of the proceedings;

(b) identifying the issues at an early stage;

(d) deciding the order in which issues are to be resolved;

(e) encouraging the parties to use an alternative dispute resolution procedure if the court considers that appropriate and facilitating the use of such procedure;

(f) helping the parties to settle the whole or part of the case;

(g) fixing timetables or otherwise controlling the progress of the case;

(h) considering whether the likely benefits of taking a particular step justify the cost of taking it;

(i) dealing with as many aspects of the case as it can on the same occasion;

(j) dealing with the case without the parties needing to attend at court;

(k) making use of technology; and

(l) giving directions to ensure that the trial of a case proceeds quickly and efficiently.

De este modo pues tanto el tribunal como las partes deben abstenerse de llevar a cabo actuaciones dilatorias, cuya única motivación de fondo es el obtener tiempo extra para el propio beneficio, así como actuaciones que lleven parejas un desembolso económico desproporcionado en relación al asunto que corresponda. Como veremos más adelante, ello no es una mera declaración de un Principio, digamos, utópico al que sería deseable llegar, sino que su incumplimiento conlleva indubitadamente una penalización en costas a la parte responsable, unas costas sobre las que los jueces tienen un margen amplísimo de discrecionalidad y que, como veremos, puede condenar incluso en costas a la parte que ha ganado el juicio16.

Por otro lado, se observa en la práctica como los tribunales ordinarios no permiten que una de las partes, con una fuerte posición financiera, presione a otra parte con dificultades económicas en cuanto a desproporcionalidad de las actuaciones que en su momento deban llevarse a cabo, contribuyendo con ello al mantenimiento del equilibrio de fuerza entre las partes. Así se estableció en Maltez v Lewis17 donde la parte más fuerte económicamente fue la encargada de preparar los documentos a usar en el juicio, sin que ello interfiriera en la libertad de dicha parte a escoger la representación legal que considerase más conveniente.

Por otro lado, la CPR 1.3 exige a las partes a asistir al juzgado a conseguir el objetivo de ventilar todos los asuntos de forma justa. Ello implica el colaborar con la parte contraria en todo momento, mantener una comunicación efectiva que evite la duplicidad de actuaciones y, por supuesto, dar cumplimiento con prontitud a cualquier orden dictada por el juez.

De nuevo este es un extremo que no queda levitando en los cielos de lo utópico. Hemos visto en casos, como el de Hannigan v Hannigan18, en los que una de las partes solicitó al tribunal que sobreseyese el caso por cuanto la otra parte había presentado la demanda en el formulario equivocado19 y ciertos documentos aportados contenían un número considerable de errores. El tribunal no admitió la petición, advirtiendo además que “el interés de la justicia se hubiera visto mejor servido si la parte que se percató de los errores [y que solicitó el sobreseimiento] los hubiese puesto en conocimiento de la parte errante y del tribunal” y que “el overriding objective no se respeta cuando una de las partes intenta aprovecharse de los tecnicismos de la ley”.

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