Читать книгу Reflexiones para una Democracia de calidad en una era tecnológica - Rosa María Fernández Riveira - Страница 30

La libertad de expresión constituye un pilar fundamental de todo sistema democrático habida cuenta que no hay forma alternativa para articular una opinión pública libre e informada que sirva de base para la manifestación de la voluntad colectiva a través de las elecciones. Si suprimimos la franquicia de la que gozan todos los individuos para difundir sus opiniones (expresión) y para darnos a conocer hechos relevantes (información), los ciudadanos ignoraríamos lo que ocurre en la realidad o a lo sumo, como sucede desgraciadamente, estaríamos sometidos a monopolios u oligopolios informativos, tanto públicos como privados. La censura sería, en este sentido, el corolario de un escenario negativo para la consolidación de un sistema democrático.

Lo expuesto en el párrafo anterior ha sido largamente debatido a lo largo del nacimiento y expansión del constitucionalismo, en el que la defensa de los derechos y libertades adquiere plena carta de naturaleza. Además, los contornos de la libertad de expresión e información han ido adaptándose a las innovaciones tecnológicas, como la radio o la televisión en el siglo pasado. Todo ello nos brinda ya una doctrina sólida a nivel estatal y también valiosos instrumentos internacionales, entre los que no está de más citar la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, sus protocolos, y la labor desarrollada bajo el amparo del Convenio de Roma por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Llegados a este punto, la irrupción de Internet supuso una nueva vuelta de tuerca en la adaptación constante de estas libertades a nuevos paradigmas tecnosociales y ahora, fruto de nuevas potencialidades técnicas, las llamadas redes sociales plantean dilemas innovadores sobre la forma en la que tales herramientas tecnológicas deben ser compatibles con la protección de la libertad de expresión e información. En este sentido, causa especial preocupación las facultades que se arrogan los gestores de las redes sociales a la hora de decidir qué contenidos pueden ser difundidos a través de sus canales y quién puede llevar a cabo tales actividades. Del mismo modo, llama la atención las dificultades existentes para atajar en las redes sociales comportamientos que en otros entornos serían merecedores de una reacción inmediata, y efectiva, por parte de la administración pública. Todo ello cobra si cabe mayor importancia si analizamos estas dinámicas en el marco de un proceso electoral, en el que las libertades de expresión e información adquieren tonalidades particulares para garantizar una buena lid entre los diversos contendientes.