Читать книгу 9 razones para (des)confiar de las luchas por los derechos humanos - Sayak Valencia - Страница 12

México vive una crisis de derechos humanos (DH) reconocida por todos los órganos y organismos internacionales. Este reconocimiento ha sido mayor y contundente luego de los dramáticos hechos ocurridos en Tlatlaya (Estado de México) e Iguala (Guerrero) en 2014 (Hincapié y López, 2016; Gallagher, Martínez y Ruiz, 2016). Ambos casos son una clara manifestación de la imbricación entre el poder estatal, el crimen organizado y las graves violaciones de DH que se presentan en México; sin embargo, hasta las manifestaciones públicas y masivas en protesta por estos hechos, las organizaciones defensoras de DH no habían logrado posicionar con efectividad la crisis de violencia como una crisis de DH en el escenario nacional e internacional (Anaya, 2015, 2012).

Más allá de la narrativa gubernamental de “guerra contra el crimen organizado”, México vive diversos conflictos violentos asociados a los procesos de transformación del Estado y de producción y reproducción capitalista. Como explica Hincapié (2015a), las reformas estatales de privatización y centralización, junto con los procesos de acumulación y despojo, han ido funcionalmente de la mano con la contención violenta en las regiones del país y las dinámicas de expansión de organizaciones criminales en los últimos veinte años. Las políticas de seguridad y militarización, especialmente la denominada “guerra contra las drogas”, agudizaron dichos procesos e intensificaron las disputas por recursos y territorio (Hincapié, 2015b). Un importante punto para entender la “inefectividad” de la defensa de los DH es dejar a un lado las tesis que plantean una “explosión” o “crisis del Estado” para dar cuenta de la incapacidad de los gobiernos para aplicar políticas públicas de DH y, por ende, de la presión en esa materia, a fin de generar “cambios de comportamiento” (Risse, Ropp y Sikkink, 2013). Antes que desaparecer, el Estado desempeña un papel mediador de tales dinámicas, lo que fortalece sus funciones de coerción y regulación (Hincapié, 2015a). De allí su centralidad y responsabilidad en este proceso de efectos desastrosos sobre los DH.

Hasta ahora existen dos interpretaciones que nos permiten entender que las demandas de las organizaciones no gubernamentales (ONG) no sean centrales frente a la crisis de DH que afronta México. Por una parte, Maza (2009) plantea que luego del proceso de alternancia electoral en el año 2000, el discurso del movimiento de DH, especialmente de las ONG, perdió integralidad y su trabajo giró hacia los canales institucionales de promoción de la democracia, además de que los gobiernos panistas tuvieron una exitosa política de socialización como “defensores de los derechos humanos”; por eso la pérdida de fuerza y efectividad en la presión.

Por otra parte, Frey (2015) adjudica incapacidad a las ONG para generar una amplia movilización y crítica efectiva frente a la crisis de DH a “desequilibrios de poder” con los gobiernos. Según esta autora, dichos desequilibrios se producen por las disputas respecto del financiamiento en las que se ven inscritas esas organizaciones. A pesar de lo sugerente de esta tesis, encontramos en ella dos debilidades fundamentales: por una parte, es una idea que se justifica con base en el análisis de apenas un par de organizaciones regionales y dos más de la capital del país y, por la otra, la desigual distribución del financiamiento es una característica que se presenta en diversos contextos estatales; no obstante, existen múltiples ejemplos de coordinación y cooperación de los propios actores colectivos que hacen contrapeso a esta desigualdad de recursos económicos (López, 2015).

A pesar de estas posturas, que aportan elementos importantes para comprender la dinámica de acción de las ONG frente a la crisis de violencia, estudiar “el movimiento de derechos humanos” o “el sector de los derechos humanos” como un espacio generalizable y homogéneo origina dos límites que buscamos resolver en este texto: primero, invisibiliza diversas dinámicas contenciosas por parte de ONG que se han mantenido en algunas regiones del país; segundo, impide abrir una vía para entender qué rasgos e implicaciones tiene la desigual distribución de recursos entre las propias ONG y qué tipo de agendas están en juego, pensando en términos de oposición a la violencia generalizada desde la dinámica particular del capitalismo neoliberal en México.

El argumento principal del presente capítulo es que los límites de la defensa de los DH frente a la violencia que vive México se pueden explicar, en parte, por la institucionalización fragmentada del campo de acción colectiva de las ONG.¹ Dicha fragmentación se evidencia en las demandas y estrategias desconectadas que se producen de acuerdo con los contextos regionales de acción y con una profunda desigualdad de distribución de recursos que limitan la capacidad de las ONG en las regiones en comparación con las de la capital. Para desarrollar nuestro argumento seguimos los planteamientos teórico-metodológicos de los campos de acción colectiva estratégica, y elaboramos una explicación fundamentada en la distinción de las agendas y los recursos movilizados de las ONG de DH frente a la violencia y las políticas de seguridad. La perspectiva de los campos de acción colectiva nos permitirá analizar cómo los actores colectivos se movilizan estratégicamente entre el constreñimiento y las oportunidades que brindan los DH, no solo en el discurso, sino también y más importante, cómo se movilizan en relación con los recursos con los que cuentan y el tipo de estrategias que pueden llevar a cabo dentro del repertorio de defensa de los DH.

El capítulo tiene un carácter descriptivo y exploratorio, ya que es escaso el trabajo en cuanto a caracterización y definición de las organizaciones defensoras de DH en México. Primero delimitamos el marco analítico de los campos de acción colectiva, destacando la especificidad de la acción de defensa de los DH, las restricciones y oportunidades de su institucionalización. Segundo, planteamos las lógicas gubernamentales frente a las cuales se movilizan las ONG. Finalmente, distinguimos los recursos y las agendas que movilizan las ONG frente a las lógicas gubernamentales y la violencia, exponiendo la distinción que existe en cuanto a recursos y agendas de demanda movilizados por los actores orientados al trabajo institucional (en especial en la capital del país) y aquellos con una orientación contenciosa (principalmente en algunas regiones del país). Esta institucionalización fragmentada de los recursos y las agendas de las ONG es, en el argumento eje del capítulo, una de las causas que permite explicar la falta de centralidad de las demandas por los DH frente al contexto de violencia que vive México.